La pelea de un pueblito contra el grupo Luksic no cesa. Un fallo acaba de anular el permiso para levantar un tranque de relaves, pero la firma no detendrá faenas. Y en eso ya encontró un aliado: la DGA. «Un servicio público no se puede convertir en el ángel guardián de la minera», dice el […]
La pelea de un pueblito contra el grupo Luksic no cesa. Un fallo acaba de anular el permiso para levantar un tranque de relaves, pero la firma no detendrá faenas. Y en eso ya encontró un aliado: la DGA. «Un servicio público no se puede convertir en el ángel guardián de la minera», dice el abogado de los afectados.
Fernando Dougnac sabe de peleas duras y también de triunfos ante poderosos. El abogado ambientalista -que logró paralizar el controvertido proyecto Trillium y lidia contra Pascua Lama- el viernes se anotó otra victoria en tribunales: el recurso judicial con que impugnó los permisos otorgados por la Dirección General de Aguas (DGA) a la Minera Los Pelambres para construir el tranque de relaves más grande de Sudamérica fue acogido por la Corte de Apelaciones.
La sentencia implica paralizar las obras, pero la minera del grupo Luksic piensa otra cosa. Ya anunció que continuará con su inversión en el tranque El Mauro -estimada en más de 500 millones de dólares-, a menos que la Corte Suprema le ordene lo contrario. Para ello presentará un recurso de casación. Idéntico camino, según comunicó el martes, tomará la DGA.
Dougnac se indigna. «Si Los Pelambres sigue construyendo caerá en la más absoluta ilegalidad», dice, antes de advertir que el fallo de la Corte de Apelaciones «no es de primera instancia, sino una sentencia definitiva». Y eso significa, añade citando el Código Orgánico de Tribunales y la Constitución, «que la Corte tiene la obligación de hacer cumplir lo resuelto y ordenarle a la DGA que haga paralizar las obras». De igual modo, pedirán formalmente el cumplimiento de la sentencia.
Sin embargo, lo que descompone al abogado, a la comunidad afectada y las ONG Fiscalía del Medio Ambiente, Chile Sustentable y Ecosistemas, es que la minera y la DGA sigan la misma ruta: Torpedear el fallo ante la Corte Suprema. «Me parece insólito que la DGA se alce contra esta sentencia apoyando explícitamente a Minera Los Pelambres. Es impresentable que un servicio público que, se supone, está para ayudar a la ciudadanía a conservar la legalidad, se transforme en un ángel guardián de las empresas», fustiga Dougnac.
Atento al lobby
Nair Huerta, presidenta del Comité de Agua Potable Rural de Caimanes, y Estela Bañados, presidenta del Comité de Defensa del Valle de Pupío, también saben de peleas contra gigantes. En eso han gastado los últimos seis años de sus vidas. Protestas, barricadas y bloqueo de caminos primero y reclamos ante la Corema y la Conama después, para terminar acudiendo a los tribunales de justicia.
Todo por evitar tener delante de sus cabezas a la mole tóxica con capacidad de 1.700 millones de toneladas de relaves que -reclaman-, arruinará su escasa agua e hipotecará su futuro. «Hemos peleado como David contra Goliat, contra la prepotencia de una empresa que compra voluntades y paga sueldos a los que no se oponen al tranque», comenta Huerta.
Ambas no pueden aún respirar tranquilas. No se fían del poder que en todas sus instancias administrativas y políticas -DGA, SAG, Corema, Conama y hasta el Consejo de Ministros de Estado-, desestimaron las aprensiones que sí consideró en tribunales. «Nos asusta el apoyo político que tuvieron estos señores de Minera Los Pelambres. Pedimos que prime el criterio técnico en ámbitos de Gobierno, que no se mire lo que ahora dice la empresa de Luksic: que han gastado mucha plata y que el tranque tiene un 58% de avance», señala Bañados.
¿Puede la minera, que ya ha invertido unos 300 millones de dólares en el tranque El Mauro, demandar al fisco por otorgar permisos sin sustento que dieron pie a semejante inversión? La misma pregunta se hizo Dougnac, y según él, no procedería la mega-indemnización. «Por una razón muy sencilla: el Código de Aguas establece claramente que el proceso de autorización se compone de una etapa administrativa y de una etapa judicial. Como aquí sólo se cumplió la primera, el permiso nunca estuvo a firme. No fue, entonces, el fisco el que permitió a la empresa incurrir en gastos de forma temeraria. Fue la minera -cierra el abogado- la que no actuó con prudencia».