1.- En estos días se ha producido una situación delicada, sensible y peligrosa para las relaciones entre los países y los gobiernos de América Latina y el Caribe. El gobierno colombiano, encabezado por Álvaro Uribe, se arrogó la autoridad de promover e incentivar el secuestro de personas perseguidas por su administración en cualquier territorio del […]
1.- En estos días se ha producido una situación delicada, sensible y peligrosa para las relaciones entre los países y los gobiernos de América Latina y el Caribe. El gobierno colombiano, encabezado por Álvaro Uribe, se arrogó la autoridad de promover e incentivar el secuestro de personas perseguidas por su administración en cualquier territorio del continente. Ofrece recompensas de varios millones de dólares. Dice que un compromiso con el «combate al terrorismo» significa que los gobiernos y pueblos de la región deben aceptar que en sus territorios se efectúen secuestros y detenciones al margen de las leyes, instituciones y cuerpos militares y policiales locales. El gobierno de Uribe considera que las personas calificadas por éste de «terroristas» pueden y deben ser secuestrados sin importar las circunstancias. Agrega además que si policías o funcionarios de un país colaboran o ejecutan el secuestro no es porque hayan sido sobornados, sino porque aceptaron recibir una recompensa. Y por último, anuncia la entrega de información sobre colombianos residentes en Venezuela, quedando claro que efectúa labores de información e Inteligencia en otro territorio.
2.- Particularmente este diseño de la política del gobierno colombiano se materializó en el secuestro del dirigente de las FARC-EP, Rodrigo Granda y la negativa de dar alguna explicación o excusa a las autoridades venezolanas. Para las autoridades colombianas, los infractores venezolanos que hicieron el secuestro no fueron sobornados, simplemente recibieron una recompensa. Funcionarios de Colombia pretenden justificar la acción ilegal de dar con un perseguido en un territorio extranjero y llevarlo clandestinamente a la policía de Uribe. Para ellos, «el combate al terrorismo» significa que un gobierno puede operar en otro país de forma irregular, pagar recompensas, recibir al secuestrado y además no dar explicaciones a las autoridades locales. Esto no puede ser otra cosa que la repetición caricaturesca y prepotente de la política que implementa el gobierno de Estados Unidos para intervenir en otras naciones y efectuar acciones extraterritoriales. Uribe se muestra, una vez más, como un subalterno de la Casa Blanca. De paso, el gobierno colombiano se suma, subordinado, a la campaña de Washington contra el gobierno bolivariano de Venezuela.
3.- La pregunta que queda en el tablero es: ¿el gobierno de Uribe va a promover estos secuestros y estas recompensas en Brasil, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en México?. ¿Tendrán que pedir explicaciones Lula Da Silva, Néstor Kirchner, Ricardo Lagos y los demás presidentes?. Por lo que se ve, el gobierno de Colombia quiere imponer la ley de la selva en América Latina.
3.- Si la tesis del gobierno colombiano no encuentra oposición y cuestionamiento a nivel regional, se corre el peligro de repetición de operaciones y acciones como las conocidas a través de la «Operación Cóndor» que puso a organismos policiales y represivos a efectuar secuestros, torturas, desaparecimientos y ejecuciones en varios países del Cono Sur. Hoy, quienes ordenaron y ejecutaron dichas acciones, están procesados, prófugos, detenidos o cuando menos juzgados por la historia. Hay el peligro real de que el gobierno de Colombia inicie una serie de actividades represivas y policiales ilegales en otros territorios. Esto es violar el derecho internacional, las leyes de los países, la soberanía y la convivencia adecuada entre gobiernos.
4.- Es momento de que los gobiernos progresistas, que las fuerzas democráticas, que las personalidades dignas de América Latina y el Caribe, de la forma que lo estimen, denuncien, frenen e inhiban esta ofensiva del gobierno colombiano que puede traer consecuencias y situaciones de tensión y confrontación en una región que busca la integración y la cooperación basada no en irregularidades ni decisiones unilaterales, sino en el consenso, la equidad y el respeto mutuo. Si Uribe no puede resolver el conflicto interno de su país, que no lo traslade al resto del continente en una actitud irresponsable y prepotente.
5.- Adelantamos la oposición y rechazo absoluto del PRD y las fuerzas democráticas a cualquier intento de las autoridades colombianas de pretender efectuar operaciones irregulares en nuestro territorio y exigimos al gobierno de Vicente Fox y a los cuerpos policiales y militares el respeto a nuestra soberanía y el respeto a los derechos civiles y humanos de ciudadanos residentes o de visita en nuestro país.
Mario Saucedo Pérez.
Secretario de Relaciones Internacionales.
Partido de la Revolución Democrática (PRD), México