A más de una década del MOPgate, el caso Penta, o Pentagate, vuelve a colocar a la política en grado cero. Como si la crisis de representatividad política incubada por más de dos décadas fuera poco, otro escándalo amenaza hundir a niveles geológicos a todo el sistema articulado bajo la institucionalidad binominal. ¡A todo! Porque […]
A más de una década del MOPgate, el caso Penta, o Pentagate, vuelve a colocar a la política en grado cero. Como si la crisis de representatividad política incubada por más de dos décadas fuera poco, otro escándalo amenaza hundir a niveles geológicos a todo el sistema articulado bajo la institucionalidad binominal. ¡A todo! Porque si bien la UDI recoge todos los vicios y distorsiones de este sistema, los que muy bien exagera, es también un buen representante de él. Tanto va el cántaro al agua…
Es tal vez por este motivo que la dirigencia de la UDI recordó los años del MOPgate, al gobierno de Ricardo Lagos y al pacto de socorro mutuo lanzado por el ex senador Pablo Longueira. En los primeros años de la década pasada, con un Ricardo Lagos amado por el sector privado pero con su gobierno empantanado en pagos irregulares y sobresueldos, la UDI pactó un acuerdo, más de padrinos que de caballeros, para buscar una salida institucional al incómodo desfiladero. Hacia 2003 se inauguró un nuevo sistema de financiamiento electoral, vigente hasta hoy. «Hoy por tí», debe haber dicho entonces Longueira. «Y mañana por mí», repite y recuerda Ernesto Silva, presidente de la UDI.
Hermanos de la misma suerte, aun cuando la Nueva Mayoría (NM) disfruta desde la orilla el naufragio de la UDI. No sólo la dirigencia partidaria, sino también desde el gobierno. Porque tras los rumores de un posible acuerdo canalizados y abultados por la prensa del duopolio, una devolución de mano de la NM a la UDI para tapar el escándalo, el vocero de La Moneda fue enfático cuando dijo que el gobierno no tendería un «manto de impunidad» a lo que considera un delito.
En esa dirección transcurrieron los sucesos en la primera semana de octubre. Días más tarde, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunciaba a la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público los delitos tributarios cometidos por el grupo Penta. No mencionó el nombre de ningún político de la UDI favorecido por los centenares de millones de Penta. No hizo falta. La denuncia desataría una investigación natural en esa dirección. De pasada, el gobierno, al proceder a través del SII, evitaba que la UDI rasgara vestiduras y acusara una persecución política.
BOLETAS Y FACTURAS FALSAS
El escándalo saltó a luz pública con una denuncia del SII en agosto pasado contra el grupo Penta y sus socios fundadores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, para que se les investigara como presuntos autores de delito tributario. Se les acusaba de la utilización de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del impuesto a la renta. Esa primera acción estaba dirigida contra ellos y sus representantes legales. Establecía un perjuicio fiscal entre los años 2009 y 2014 de más de 400 millones de pesos. Se trataba de una arista de otra investigación del denominado «fraude al FUT», por el cual el SII había denunciado en julio al ex director del Banco Penta, Hugo Bravo López, por la obtención irregular de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad.
El fiscal Carlos Gajardo tomó el caso que detonó con fuerza hacia finales de septiembre, cuando saltó la relación entre los delitos tributarios y las boletas y facturas falsas con «aportes» financieros a las campañas electorales de candidatos de la UDI y del ex ministro de Hacienda del primer gobierno de Bachelet y ex precandidato presidencial, Andrés Velasco.
La lista de favorecidos en las recientes campañas electorales ayuda a atar cabos políticos y financieros. Destacan los favoritos de la UDI, para el empresariado -en este caso representado por el grupo Penta-, con activos en el sector financiero, inmobiliario, salud y educación privada, entre otros. Los senadores Ena von Baer e Iván Moreira, y los perdedores Pablo Zalaquett y Laurence Golborne habrían emitido boletas al grupo Penta.
Aquellos y otros nombres surgieron de las declaraciones a la Fiscalía de Bravo López, las que han sido desmentidas de manera desesperada por los involucrados. Entre las denuncias apareció hasta el nombre del chofer de Moreira, quien habría emitido boletas a Penta por varios millones.
La segunda denuncia del SII fue hecha sobre caliente contra varias de las empresas del grupo Penta y sus representantes. Pero tenía una variación. Se amplió contra personas que «facilitaron en forma reiterada el delito a través de la entrega de boletas de honorarios o facturas falsas, según el caso, las que fueron ingresadas a la contabilidad de las empresas individualizadas por trabajos o servicios que no se realizaron o prestaron. Asimismo, se dirige en contra de todas las demás personas que resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos denunciados». En otras palabras, los políticos favorecidos o sus asistentes.
SISTEMA POLITICO COOPTADO
Y FINANCIADO POR
EL PODER ECONOMICO
¿Qué clase de figura se está armando? De partida, un sistema político financiado por los empresarios con dinero que en algunos casos descuenta impuestos y en otros simplemente los evade. Una figura suficiente no sólo para que más de alguno sea sancionado sino para que el sistema mismo se venga abajo. Si bien lo primero será aislado y débil, lo segundo es ya un hecho. El sistema político está desde hace tiempo desprestigiado ante la ciudadanía y el electorado. Con este nuevo evento, que demuestra de manera palmaria la corrupción política y económica, queda en evidencia su descomposición. Cualquier solución desde dentro del sistema sería un simple reciclaje. La única alternativa es resetear el sistema mediante una Asamblea Constituyente que proponga una nueva Constitución.
¿Por qué la UDI en este embrollo? Porque la UDI es una extensión de los grandes negocios, las privatizaciones y grupos económicos configurados durante la dictadura y reforzados durante la transición. En el directorio de Penta podemos hallar junto a conspicuos miembros de la UDI, a articuladores políticos de la extrema derecha y viejos estandartes del pinochetismo. La lealtad con el modelo creado por la dictadura encuentra en la UDI a representantes destacados.
Es así como las empresas Penta, holding fundado y controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que maneja activos por más de 20 mil millones de dólares, cuenta con hombres clave de la derecha, como Alfredo Moreno Charme, ex ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Piñera. Moreno, que es presidente de Empresas Penta, es también director de numerosas otras sociedades del holding , donde comparte con Hernán Büchi, el ex ministro de Hacienda de Pinochet. Otros muy cercanos al grupo son el ex senador Carlos Bombal, que estuvo en la presidencia de la AFP Cuprum, controlada por Penta, o Joaquín Lavín y Cristián Larroulet, fundadores de la Universidad del Desarrollo junto a Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Si este vínculo no es suficiente, el actual es aún más estrecho. Ernesto Silva, presidente de la UDI, es sobrino directo de Délano, en tanto su padre, Ernesto Silva Bafalluy, fue también fundador de la UDI y presidente de la AFP Cuprum hasta su fallecimiento. Según afirma El Mostrador , el presidente de la UDI ha comentado que desde siempre Délano ha estado presente en su vida. «El timonel UDI nació en 1975 y desde 1976 su familia veraneó en Con Con en la casa que ahí tenían los Délano Méndez. Pero la amistad era anterior. Su padre y el presidente del grupo Penta se conocieron cuando el primero estudiaba en el Colegio Verbo Divino, y en algunas competencias deportivas se topaba con quien era parte de la selección de fútbol del Saint George».
Estos vínculos en la clase dominante se hunden en la historia. Acuerdos políticos y de negocios eran tomados otrora en los salones del Club de la Unión y hoy en los campos de golf del barrio alto. Una manera de hacer las cosas que consideraba como un acto de la naturaleza que la ley estuviera siempre de su lado. Hasta ahora. Basta recordar cómo se escandalizó Andrés Velasco, el líder de Fuerza Pública favorecido por los dineros de Penta cuando llegó la PDI a buscar elementos inculpatorios a su casa-oficina. Tras el operativo policial dijo «estar sorprendido». Un columnista comentaba que esta clase social considera que los allanamientos se hacen en La Pintana pero no en casas de Las Condes.
Es posible que surjan más sorpresas. Porque el caso Penta no solo esconde una maniobra de evasión tributaria y financiamiento ilegal de campañas políticas. Es una expresión del poder de los grupos financieros en todos los ámbitos de la vida política, social y económica. Es por ello que no se puede separar de otros eventos de corrupción privada y pública que han venido arrastrando al despeñadero la reputación de las elites políticas y empresariales. Una misma hebra une la colusión de las farmacias con las repactaciones unilaterales de La Polar, la producción de cerdos y el cártel de los pollos, las zonas de sacrificio ambiental, los abusos en el sistema educacional privado y el Transantiago.
FABRICANDO PARLAMENTARIOS
Junto a este fenómeno, que ha llevado al sector privado y a la figura del empresario desde la imagen del innovador y motor de la economía de los años noventa del siglo pasado al ambicioso y despiadado abusador de la actualidad, está el descrédito de la política. Aun cuando hasta ahora ambos fenómenos corrían de forma paralela, el caso Penta se ha encargado de exhibir su íntima y obscena relación. Aquellas zigzagueantes votaciones en la Cámara de Diputados y el Senado que cambiaban de rumbo a última hora, como la ley de medicamentos, la ley de Pesca, leyes mineras o la misma reforma tributaria cocinada entre cuatro paredes, se explican hoy con la investigación que realiza la Fiscalía sobre el ilegal financiamiento de los partidos. Los políticos han dejado de responder al electorado. Responden a la mano que les da de comer.
El vínculo entre negocios y política ha llegado a su punto más alto. La investigación del caso Penta se empalma con el caso «cascadas», que involucra a el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, por millonarias estafas en la Bolsa de Valores y con la reciente resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que sancionó por colusión a los productores de pollos. En todos hay o ha habido un sesgo político. Si hemos mencionado los cargos en los directorios de empresas de miembros y amigos de la UDI, hay numerosos otros cargos en grandes corporaciones que han ocupado antiguos y actuales miembros de la Concertación. No pocos hicieron carrera empresarial en transnacionales con medio cuerpo al interior de los partidos.
TEJADO DE VIDRIO
DE LA NUEVA MAYORÍA
La NM intenta separar aguas de la UDI. Pero tiene tejado de vidrio. La ciudadanía ya tiene su veredicto sobre la clase política, visión constatada en encuestas de opinión y en sórdidos episodios. El caso Penta demuestra que la política chilena está dirigida desde los centros de poder económico a través de sus representantes en el Parlamento. Si esta es una forma de hacer política, no es una forma de democracia. Y algo similar ocurre con la economía y los negocios, todos amparados y favorecidos por leyes dictadas por sus representantes en el Parlamento. Por eso ya no sorprende que el grupo Penta contratara para tapar este escándalo al conocido lobbista , ex ministro de la Concertación y miembro del PS, Enrique Correa, y a la empresa de comunicaciones Extend, de las hijas de Belisario Velasco, ex dirigente de la DC. Correa es el asesor principal del «comité de crisis» formado para defender a Penta. Junto con él participa otro socialista, el periodista Juan Carvajal, ex alto funcionario del primer gobierno de Bachelet. Ambos tienen una amplia red de contactos con el actual gobierno. Según El Mercurio (5 de octubre), el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (que hace poco se juntó a almorzar con Enrique Correa) asistió a la fiesta de matrimonio de Carvajal. También estaban el director ejecutivo de TVN y ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari, socialista; y el ex ministro de Salud de Bachelet, Alvaro Erazo, socialista. Carvajal contrajo matrimonio con Ximena Aldana, PPD, ex asesora de Andrés Velasco, cuando fue ministro de Bachelet.
Durante la investigación, otro conocido lobbista , Eugenio Tironi, delineó una figura que podría explicar lo inexplicable. ¿Qué pasa hoy con las oligarquías, antes intocables? Para Tironi: estamos en presencia de una rebelión de los mayordomos, de las amas de llaves. Fiscales, policías, investigadores, supervisores, hasta los gerentes y administrativos de los oligarcas, usan estos momentos para desatar sus pequeñas venganzas. Hay un placer en esas capas medias -y en no pocos casos bastante altas-, por humillar a los multimillonarios. ¿Por qué? Basta ver la distribución del ingreso en Chile y su hiperconcentración, para ver cómo se están haciendo los negocios. Corrupción y delito son la norma.
Este panorama desolador deja en evidencia un sistema político destruido. La solución, antes que sea demasiado tarde, es elaborar nuevas bases de la sociedad a partir de una Asamblea Constituyente.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 815, 17 de octubre, 2014