Hemos insistido en que el conflicto interno colombiano, con más de 60 años de duración, encuentra sus raíces en la exclusión social y en la desigualdad de oportunidades políticas; razones ambas que lo definen como un conflicto social y político, más allá de su componente armado. Las prácticas o acciones de inconformidad, denuncia y reclamo […]
Hemos insistido en que el conflicto interno colombiano, con más de 60 años de duración, encuentra sus raíces en la exclusión social y en la desigualdad de oportunidades políticas; razones ambas que lo definen como un conflicto social y político, más allá de su componente armado. Las prácticas o acciones de inconformidad, denuncia y reclamo de derechos, desde distintos sectores de la sociedad colombiana, merecen entonces atención en cualquier esfuerzo, que propenda por la culminación del conflicto y la construcción de la paz.
Si bien se han dado avances entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno Nacional en materia de Jurisdicción especial para la paz, aún se carece de una visión justa hacia los presos de conciencia y los activistas de movimientos sociales detenidos en ejercicio de la protesta y la movilización; cuyas sentencias judiciales, en algunos casos, no involucran al delito político, sino comunes, que criminalizan el derecho a la protesta social o son judicializados como insurgentes; mientras a los rebeldes alzados en armas son procesados por delitos comunes de mayor de gravedad.
La detención y condena de Feliciano Valencia, reconocido dirigente de la etnia Nasa, refleja esta injusticia. Juzgado por hechos acaecidos en el marco de las movilizaciones indígenas del suroccidente colombiano en el 2008, fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de «secuestro simple» y «lesiones personales», con lo que el régimen lo ha convertido en un preso político del movimiento social, aunque por los presuntos delitos atribuidos lo presentan y catalogan como a un delincuente común y corriente. En este caso, no sólo se criminaliza la protesta social, sino que el Gobierno de Santos pone en tela de juicio la misma legalidad consagrada en la Constitución Política, que dice reconocer la juridicidad de los pueblos indígenas.
En igual dirección ejecutan la detención de varios líderes estudiantiles y sociales en Bogotá, el pasado 8 de julio, presentados mediáticamente como parte de una «red terrorista». Dos meses después fueron puestos en libertad, por errores en el proceso de captura e imposición de la medida de aseguramiento, aunque el proceso continúa. Para la Fiscalía, sólo tres estarían implicados con la guerrilla -razón por la cual les imputó el delito de rebelión, además de terrorismo-, lo que les supone una pena de 15 años de prisión; mientras que a los restantes, les atribuye haber participado en una manifestación estudiantil durante el mes de mayo en la Universidad Nacional, sometiéndolos a una posible condena de entre 22 y 30 años de cárcel, por el ejercicio del derecho constitucional a la protesta.
Así, el régimen accionó su poder judidical contra distintos dirigentes del movimiento social, señalándolos públicamente de hacer parte de la insurgencia, cuando el delito político solo figuró para tres -aún con vacíos e insuficiencia de pruebas-, siendo la Ley de Seguridad Ciudadana y, con ella, la criminalización de la protesta, la que primó para los otros diez. De esta forma, quedó demostrada la intencionalidad del Estado de reprimir duramente a quienes deciden expresar la inconformidad, a través de la movilización social.
No obstante, no han sido estos los únicos casos. Las agresiones y amenazas a intelectuales, personalidades de izquierda y distintas expresiones del movimiento social son una constante, aunado al hecho presente de la justicia para implicar y sentenciar a quienes desde la academia, el trabajo y la lucha popular, se atreven a desafiar los obstáculos que el Estado impone a los anhelos por una nueva Colombia.
En este 15 de octubre, Día Nacional de los y las presas políticas, reconocemos y nos solidarizamos con todos aquellos ciudadanos, luchadores y activistas populares, que junto a nuestros guerrilleros, hombres y mujeres de dignidad, resisten los embates de este conflicto social y armado, en las cárceles del régimen; levantándose cada día con el honor altivo y la esperanza de realizar el sueño de la soberanía, la libertad y la paz con justicia social. 
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