Londres.- El 11 de Septiembre de 1973 un sangriento golpe militar depuso al gobierno democrático del Presidente Salvador Allende. El programa de represión encabezado por Augusto Pinochet incluyó persecución política, arrestos en masas, juicios sumarios, «desapariciones» y torturas sistemáticas, ejecuciones y detenciones secretas, en lugares tales como el buque escuela Esmeralda. El mundo entero miraba […]
Londres.- El 11 de Septiembre de 1973 un sangriento golpe militar depuso al gobierno democrático del Presidente Salvador Allende. El programa de represión encabezado por Augusto Pinochet incluyó persecución política, arrestos en masas, juicios sumarios, «desapariciones» y torturas sistemáticas, ejecuciones y detenciones secretas, en lugares tales como el buque escuela Esmeralda. El mundo entero miraba escandalizado como las políticas del nuevo gobierno marcarían la vida de una generación de chilenos y chilenas y el futuro de un país. En Londres, Amnistía Internacional comenzó a recibir cientos de denuncias y desplegó su trabajo de investigación y acción, registrando los hechos, denunciando y haciendo apelaciones a las autoridades chilenas y a la solidaridad internacional a favor de miles de victimas de violaciones a los derechos humanos.
Estas son las declaraciones de Virginia Shoppee, investigadora para Chile de Amnistía Internacional.
La primera campaña
«Una misión de delegados de Amnistía Internacional llegó a Chile en Noviembre de 1973. Menos de un mes más tarde, presentamos la información recabada y pedimos el cese de las ejecuciones, la publicación de las listas de detenidos y ejecutados, la libertad inmediata de los presos de conciencia e investigaciones sobre las innumerables denuncias de tortura».
En 1974, un informe publicado por Amnistía Internacional fue el comienzo de una campaña internacional que exigía la investigación de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, que los hallados responsables comparecieran ante la justicia y las victimas y sus familiares fueran reparados debidamente.
«Allí fue cuando iniciamos un programa de ‘adopción’ de presos de conciencia. Miles de miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo enviaron apelaciones a las autoridades chilenas reclamando el respeto a los derechos humanos y apoyando a los familiares de las victimas, abogados y grupos que se formaron dentro de Chile para la protección de los derechos humanos».
16 años más tarde desde el comienzo de esa campaña, un gobierno civil encabezado por Patricio Aylwin Azócar asumió el poder en Chile y a pesar de varios intentos para acabar con la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, las victimas no encontraron justicia.
«La Comisión Rettig, la iniciativa principal del gobierno del Presidente Aylwin, tenía como fin registrar las violaciones de derechos humanos ocurridas. Ninguna de las dos tuvieron mandato para nombrar responsables ni para iniciar investigaciones ni tampoco se incluyó en su registro a las victimas de tortura que habían sobrevivido a su tormento».
Mientras tanto las victimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares continuaban reclamando justicia.
Pinochet contra las cuerdas
«Desde la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 ha habido algunos progresos. Recientes decisiones judiciales en Chile han permitido que se abran casos de «desapariciones» y ejecuciones; casos que la misma justicia chilena había cerrado en oportunidades anteriores. Se han dado fallos importantes como los relacionados con el desafuero de Augusto Pinochet: primero de su inmunidad parlamentaria y más recientemente, de su inmunidad como ex presidente para que responda ante la justicia sobre casos tan conocidos y bien documentados como la Caravana de la muerte y la Operación Cóndor. El gobierno del Presidente Ricardo Lagos creó en el 2003 La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para examinar los casos de tortura de la época del gobierno de Augusto Pinochet. Este fue el resultado de la perseverancia de los supervivientes de tortura de esa época».
Sin embargo, miles de casos siguen pendientes de las decisiones de los tribunales chilenos.
«Estos casos requieren fallos judiciales que permitan encontrar la verdad y justicia sobre las violaciones del gobierno militar que constituyen crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto deben ser juzgadas y castigadas».
«La pesada herencia del gobierno de Augusto Pinochet continuará siendo un estigma en la sociedad chilena si las autoridades, tanto a nivel ejecutivo como legislativo y judicial no muestran la voluntad política necesaria para responder a sus obligaciones frente al pueblo chileno y a sus compromisos internacionales».
La lucha por la justicia continúa 31 años después
Entre las acciones concretas por las que Amnistía Internacional continua haciendo campaña, Virginia Shoppee citó la anulación del Decreto-Ley de Amnistía de 1978 que prohíbe juzgar violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, obstaculizando el avance de la verdad y la justicia.
«El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura señalo en Mayo de 2004 que el Decreto Ley de Amnistía, entre otras disposiciones constitucionales de la época del gobierno militar, obstaculizan el disfrute pleno de derechos fundamentales. El Comité enfatizo que este decreto-ley ‘consagra la impunidad de personas responsables de torturas, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar'».
Virginia Shoppee también hizo hincapié en la necesidad de reducir la extensa jurisdicción de tribunales militares para juzgar casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.
«El Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han declarado en reiteradas ocasiones que el procesamiento por tribunales militares de miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional. Los tribunales militares deben ser tribunales especiales y exclusivamente funcionales, cuyo papel es mantener la disciplina en el seno de las fuerzas armadas y, en consecuencia, deben limitarse a delitos estrictamente militares «.
No ha sido fácil para los familiares de las victimas de desapariciones y ejecuciones ni para las victimas supervivientes de tortura persistir en su justa reclamación ante todas las instancias nacionales e internacionales. Ha sido una labor de largos años de repetidas negativas y retrocesos.
A pesar de eso, 31 años mas tarde la labor de las victimas, sus familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos continúa, desafiando con su perseverancia a la adversidad ante repetidos obstáculos.
«Amnistía Internacional continuará impulsando la búsqueda de justicia.»