Según cifras de Integración Social están llegando 54 familias desplazadas al día a Bogotá y no todas forman parte de las listas oficiales ni por lo tanto acceder a las posibles ayudas. Este caso demuestra la omisión del Estado frente a los derechos de las personas desplazadas.
Este jueves 10 de marzo fueron desalojadas once familias que habían sido desplazadas por la violencia de distintas regiones del país del edificio que ocupaban en el barrio de Santa Fe. El inmueble dela calle 24 del barrio Santa Fe de Bogotá es propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la misma institución encargada de haberles propuesto una solución puesto que figuraban en las listas oficiales de población desplazada en el país.
El desalojo
El desalojo se efectuó por la fuerza: un despliegue de más de 200 agentes de la Policía Nacional y de la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá cortó la calle frente a la casa, sacó a sus habitantes y calló todo intento de protesta. Hubo varios momentos de tensión entre las 2 y las 3 de la tarde. Los uniformados arrojaron gases y golpearon a la gente mientras esta trataba de defenderse arrojando algunos objetos que rebotaban en los escudos: dos detenidos y varios heridos fue el resultado del desalojo. Varias personas fueron atendidas en la ambulancia y muchas otras presentaban contusiones. Incluso los comercios de la calle de atrás sufrieron los gases en los momentos de carga.
Aunque el despliegue policial empezó a las 8 de la mañana, no fue hasta primeras horas de la tarde que se produjo el desalojo. Los y las habitantes del edificio del ICBF estaban algo desconcertados tras el último intento de desalojo el pasado 3 de febrero y porque -como contaban en un comunicado difundido entre las organizaciones-, esta vez se trataba de una «inspección ocular». Aún así ya muchos tenían la certeza de que ayer iban a desalojar y en el transcurso del día la llegada de nuevos agentes de la Policía lo confirmó.
Los habitantes de la casa permanecían algunos en la calle y otros y otras en el interior. Hay que recordar que se trataba de once familias, entre las cuales hay treinta niños, dos de ellas gemelas recién nacidas. Ya antes del desalojo la Policía había agredido a varias personas que se quejaban impotentes ante la situación. Cuando la Policía mostró sus intenciones de entrar en la casa, algunos habitantes salieron a las ventanas y lanzaron algunos objetos. Uno de ellos mostró una pipeta de gas vacía como amenaza a los miembros de la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana en varias ocasiones. Los policías se cubrieron con su escudo, pero no fue hasta que ellos se retiraron que el hombre la arrojó. Notiagen muestra en una fotografía el momento de caída de la pipeta y como no tocó a ningún agente a pesar de lo que dicen algunos medios de comunicación como El Espectador.
Mientras en el interior del edificio la policía comenzaba a sacar a las familias, en la calle los otros antimotines disparaban gases hacia todas las direcciones. La carga policial y los disturbios se prolongaron por una hora y todas las calles circundantes al edificio olían a gas. Los comercios cerraron sus persianas, mientras en otros se refugiaban los vecinos del barrio que, en su mayoría, pasaban por ahí de casualidad. Hubo varias personas heridas, algunas de ellas fueron atendidas y otras tuvieron que esperar hasta la noche.
Al final del día también había dos detenidos. Los habitantes del inmueble del ICBF se quedaron en la calle con todas sus pertenencias. La calle 24, de cuatro carriles, con ciclovía y ancho andén permanecía cortada con todas las pertenencias de las once familias sin ni siquiera un plástico para cubrirlas. Lo único que les ofrecieron en ese momento fue una noche del hotel con la incertidumbre de qué pasaría al día siguiente.
Promesas insuficientes
Acción Social y el ICBF ya habían hecho algunas ofertas a las once familias desplazadas para que accedieran a abandonar el edificio. Éstas eran tales como dos meses de albergue en Ciudad Bolívar o 500.000 pesos por familia, oferta que se reiteró en esta ocasión. Como las otras veces las familias lo rechazaron considerándolo totalmente insuficiente y que no les daba ninguna garantía. A las 10 de la noche todavía duraban las negociaciones en la calle y la oferta que les hacían era de tan sólo 300.000 pesos. La única solución inmediata fue ofrecida por la delegada de la Secretaría de Gobierno quien ofreció tiquetes de bus gratuitos para los desplazados que quisieran retornar a sus ciudades de origen. Sólo una de las familias (de ocho integrantes) aceptó la propuesta. Las otras aseguraron que era mejor vivir en las calles de Bogotá que volver a sus tierras.
El día 11 de marzo, las once familias desplazadas tenían una cita con una mesa de concertación con la Secretaria del Gobierno y Derechos Humanos del Distrito cuando tienen que irse del hotel a las 2 de la tarde y sus pertenencias permanecen en una bodega. Pero la sorpresa para Milton Rosales, representante del grupo, ha sido que le han mandado a buscar con una patrulla para asistir a la reunión y no permitían que fuera nadie más. Ante esta situación, Rosales se ha negado a participar y hay una nueva cita para la reunión con otras de las personas que habitaban el edificio de ICBF.
Desplazamiento en Bogotá
Según cifras de Integración Social están llegando 54 familias desplazadas al día a la capital de la República y no todas forman parte de las listas oficiales ni por lo tanto acceder a las posibles ayudas. Este caso demuestra la omisión del Estado frente a los derechos de las personas desplazadas. Y lo peor de todo, no solamente las instituciones no cumplen con unas funciones más bien mínimas, sino que tampoco permite que la gente tome sus propias soluciones. El edificio del ICBF llevaba ya más dos años ocupado, lo que había permitido a pesar de las dificultades, reconstruir las vidas de estas personas.
Escuche aquí el audio de la entrevista a Elías Rosales, desplazado y víctima del desalojo: AUDIO: Entrevista con Elias Rosales