Fuerzas conjuntas de policía y ejército desarrollan desde la madrugada de este lunes 14 de junio de 2021 una nueva ofensiva sobre el municipio de Yumbo, zona industrial del Valle del Cauca, con el fin de levantar de manera violenta los puntos de resistencia que la población, especialmente los jóvenes, ha mantenido a lo largo de 46 días de paro.
Rodrigo Vargas, del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, denunció que las actuaciones de las fuerzas represivas del Estado, con la connivencia del alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría Perdomo, dejan hasta ahora ocho personas detenidas.
“Este es un despliegue de guerra que le están dando la policía, el Esmad y el ejército a los jóvenes que protestan en las calles y exigen sus derechos”, dijo Vargas, quien agregó que se ha desconocido una acción de tutela, expedida por autoridad judicial, que protege el derecho de la ciudadanía a expresarse en las calles para exigir sus derechos.
Entre los detenidos figuran Alexander González Nieve, de 25 años de edad y nacionalidad venezolana; José Giovanni Campo, de 19 años; Brayan Alexis Díaz, de 27; Óscar Julián Avendaño Orcué, de 18 años; Cristian Alexis Caicedo Diago, de 29 años, y Sebastián Caicedo Muñoz, de 21 años, así como una menor de edad, identificada como Alejandra Sanclemente Paz, de 15 años.
“Pedimos la solidaridad del pueblo vallecaucano y colombiano frente a esta nueva arremetida de las fuerzas represivas del gobierno”, dijo el defensor de derechos humanos, quien ha estado presente acompañando a los jóvenes detenidos.
Por su parte, el Comité Municipal del Paro Nacional en Yumbo se pronunció exigiendo respeto al derecho a la protesta pacífica.
En un pronunciamiento dado a conocer este lunes señala: “Desde el Comité Municipal de Paro hemos trabajado por la defensa del derecho fundamental a la vida, la paz, la dignidad humana y la protesta pacífica, por lo que insistimos en las mesas de concertación y diálogo como única herramienta válida para la solución del conflicto entre la comunidad y la institucionalidad”.
El documento insiste en que se debe tener en cuenta que el artículo segundo del Decreto 003 de 2021 expresa que “es obligación del poder ejecutivo establecer diálogo y mediación en el desarrollo de las manifestaciones públicas”.
“En este sentido, solicitamos a los organismos internacionales que hagan un llamado al gobierno nacional y se garantice la protección de estos derechos”, concluye el pronunciamiento.