Denunciamos ante la comunidad universitaria y estamentos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, los atentados contra la vida e integridad personal de los estudiantes, perpetrados por agentes de la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, seccional de la Universidad Pedagógica Nacional, denuncia ante la comunidad […]
Denunciamos ante la comunidad universitaria y estamentos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, los atentados contra la vida e integridad personal de los estudiantes, perpetrados por agentes de la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá.
La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, seccional de la Universidad Pedagógica Nacional, denuncia ante la comunidad universitaria y estamentos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, los atentados contra la vida e integridad personal de los estudiantes, perpetrados por agentes de la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Hechos
1. El miércoles 5 de septiembre de 2012, en la ciudad de Bogotá, se desarrolló la jornada de protesta del movimiento magisterial y universitario a nivel nacional por el incumplimiento que el Gobierno Nacional le ha hecho a la reforma estructural de la ley de educación y que la comunidad educativa denomina «conejo» a la educación pública.
1.1. En la ciudad de Bogotá a la una de la tarde aproximadamente, en inmediaciones de la carrera 13 con calle 26A, mientras se movilizaban los estudiantes, trabajadores y profesores universitarios, un grupo de policías de la Fuerza Disponible lanzó un artefacto explosivo que contenía tornillos, balines y otros objetos no identificados contra los manifestantes, teniendo la intención de causarles la muerte, objetivo que no fue logrado.
2. La acción indiscriminada del grupo de Fuerza Disponible de la Policía Nacional lesionó a más de cuatro estudiantes, causándoles quemaduras y perforaciones con tornillos en distintas partes de su cuerpo, acciones que constituyen violación al derecho internacional de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario por el uso de armas no convencionales, las cuales causan dolores innecesarios, y por recusar el principio de distinción desconociendo la condición de población civil de los manifestantes.
3. No se logró establecer con certeza los datos de los uniformados terroristas, pertenecientes a la Fuerza Disponible de la Policía Nacional, debido a la falta de identificación, práctica recurrente utilizada por la Policía Nacional para evadir los controles de organismos de derechos humanos y de la ciudadanía en general.
Exigencias
De acuerdo a lo anterior, exigimos a los entes de control y organismos defensores de derechos humanos lo siguiente:
1. Se requiera al director general de la Policía Nacional, mayor general José Roberto León Riaño, que ordene:
a. Por medio de circular interna estricta instrucción de la identificación obligatoria de todos los integrantes de la Policía Nacional en los acompañamientos a las jornadas de protesta.
b. Que a través de la oficina de control interno disciplinario de la Policía Nacional se inicie la investigación al comandante del operativo y a los uniformados que estuvieron presentes y lanzaron el artefacto explosivo contra los manifestantes.
2. Se requiera al señor fiscal general de la Nación, el doctor Luis Eduardo Montealegre Lynett, que inicie de oficio investigación penal por la tentativa de homicidio y lesiones personales causadas a los estudiantes que se movilizaban en la jornada de protesta por agentes de la Fuerza Disponible de la Policía Nacional.
3. Se requiera el señor procurador general de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, que inicie de oficio investigación disciplinaria por la tentativa de homicidio y lesiones personales causadas a los estudiantes que se movilizaban en la jornada de protesta por agentes de la Fuerza Disponible de la Policía Nacional.
4. Se requiera al Defensor del Pueblo, al doctor Jorge Armando Otálora, para que despliegue las acciones necesarias para proteger la vida e integridad personal de los manifestantes en los procesos que se avecinan de movilización nacional.