«Puesto que el Esclavo sólo trabaja para el Amo, para satisfacer los deseos del Amo y no los suyos propios, es el deseo del Amo el que actúa en y por el Esclavo» Dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. El 9 de junio de 2013 se publicó en el periódico El Tiempo una […]
«Puesto que el Esclavo sólo trabaja para el Amo, para satisfacer los deseos del Amo y no los suyos propios, es el deseo del Amo el que actúa en y por el Esclavo»
Dialéctica del amo y el esclavo en Hegel.
El 9 de junio de 2013 se publicó en el periódico El Tiempo una entrevista al entrante ministro de Agricultura Francisco Estupiñan. La entrevista, titulada ‘Revolcón’ total en el campo, es muy significativa porque en ella se deja en claro que el compromiso fundamental de la política agraria del gobierno Santos reside en salvaguardar los intereses de los grandes empresas en el campo, así estos se hayan alcanzado sobre la matanza, el destierro, la desposesión y la burla de la legislación agraria.
Refiriéndose a los despojos y las titulaciones ilegales de tierras, dice el ministro Estupiñan: «es el gran chicharrón que tenemos que arreglar con el apoyo del Congreso. (…) Hay que buscar una solución que garantice que los campesinos van a continuar siendo dueños de la tierra, pero también la continuidad de las grandes agroindustrias allí instaladas». Así, la prioridad gubernamental, el «gran chicharrón», consiste en legalizar la ilegalidad. Lo expresado por el ministro tiene dos connotaciones, por un lado, devela la mentira de una política que decía tener como objetivo central la defensa de las víctimas y los despojados, y por otra, instrumentaliza la política agraria a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos.
Legalizando el despojo y la ilegalidad
El énfasis «legalizador» de la gestión del ministro Estupiñan muestra que los tratos del Estado colombiano con el capital se desenvuelven en una nueva etapa. Mientras que al gobierno Uribe le correspondió desarrollar la fase cruenta de la matanza, el destierro y el despojo, al gobierno Santos le corresponde la etapa de consolidación jurídica y territorial de la empresa de la desposesión.
El «gran chicharrón» que tiene por resolver el ministro es el de garantizar la protección de los despojadores y sus «inversiones», para tal efecto, ha urgido al Congreso de la Republica la aprobación del proyecto de Ley 164 de 2012 , el cual establece en su artículo 13, la modificación del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, que impedía el acaparamiento de baldíos.
El artículo 72 prohíbe la concentración de tierras baldías y la formación de latifundios como hicieron numerosas empresas en todo el país. Dice literalmente: «Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar» .
Lo establecido en la ley fue burlado por numerosas empresas que hoy disponen de grandes extensiones de tierras, frente a ello, el gobierno propone cándidamente la legalización de los despojos y el acaparamiento de tierras a partir del 5 de agosto de 1994. En otras palabras, las empresas que transgrediendo la ley concentraron vastas extensiones de tierras durante los últimos veinte años verán legalizada su criminal gesta de un plumazo.
El proyecto de ley presentado por el gobierno casi que cierra el círculo de la impunidad abierto con la Ley de víctimas, pues esta consagró, que solamente serían reconocidos los despojos de tierras habidos después del 1 de enero de 1990. Si se toma en cuenta que esta iniciativa de ley dispone que los despojos ocurridos después de agosto de 1994 serán «arreglados», solamente cuatro años y algunos meses quedarán a salvo del cobijo de impunidad que se tiende con las fechas que prescriben ambas leyes.
Para el ministro Estupiñan es imperativo: «buscar fórmulas de arreglo entre esos antiguos propietarios y los inversionistas», pues «en ellas se hicieron grandes proyectos que han generado progreso, empleo, educación, vivienda». De lo contrario, habría un «abandono de proyectos productivos y sobre todo ahuyentaría la inversión tanto nacional como extranjera en ese tipo de proyectos». Sería sensato que el ministro mostrará cuántas escuelas, colegios, hospitales, acueductos, alcantarillados, empleos formales y viviendas han propiciado las «inversiones» que quieren legalizarse, pues lo que las comunidades rurales han vivido son intensos procesos de violencia y desarraigo.
Las palabras del ministro revelan su profundo temor a que «los inversionistas» se vayan. Los «inversionistas», que en gran parte de los casos son especuladores de los fondos de pensiones de los trabajadores y los recursos de los ahorradores y/o lavadores de capitales, no pueden irse, acaso ¿se han ido de los países vecinos donde se establecieron condiciones soberanas a «la inversión»? El miedo del ministro puede interpretarse como la somatización del horror que tiene el capital «a la ausencia de ganancia o a la ganancia demasiado pequeña».
Una de las fórmulas empleadas por el gobierno para obligar a los despojados a llegar a «arreglos» con los despojadores ha sido la de introducir en la legislación agraria el concepto de «derecho de superficie»; frente a esta iniciativa la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado manifestó su rechazo, porque ella «desconoce el derecho de propiedad plena y de usufructo que tienen las víctimas del desplazamiento forzado».
A pesar que la propuesta de «arreglo» es contraria con la idea de resarcir a las víctimas del despojo de tierras, el ministro es insistente en que las limitantes jurídicas podrían superarse. Según él «la Corte aceptaría la participación (de los campesinos) como tenedores de acciones, que sean inversionistas colocando la tierra, (…) Existe la posibilidad de que esos campesinos se asocien, aporten, arrienden sus tierras, no que las vendan, a esos proyectos y que trabajen en su explotación». Lo que recalca el ministro Estupiñan, quien tiene una larga trayectoria como funcionario del sector financiero y ninguna en materia agraria, es que los intereses de «los inversionistas» son intocables, así hayan sembrado la palma con sangre, como dijo uno de los jefes del paramilitarismo testimoniando sus crímenes.
¿Cómo puede catalogarse la política gubernamental de convertir a los despojados en socios y trabajadores de quienes los despojaron o se beneficiaron del despojo? La impúdica propuesta gubernamental tiene como premisa que el campesinado en su precaria condición económica aceptará cualquier oferta que se le haga, no importa cuán ilegal, improcedente e inmoral sea. ¿En qué mentalidad cabe la idea que los huérfanos, viudas y familiares de los masacrados sean ahora accionistas y/o trabajadores de las empresas que pagaron o se beneficiaron del asesinato de los suyos? En vez de tramitar inmorales e ilegales «arreglos» el ministro debería proceder a declarar, como lo dispone la ley, que las adjudicaciones de las que gozan tales empresas son «absolutamente nulas» y a revertir sin condicionamientos la tierra a los despojados y a la Nación.
¿Cocinando la reelección?
Además de proponer la legalización del despojo, el ministro Estupiñan anuncia la ejecución de otras iniciativas como la realización de un censo agropecuario y la actualización del catastro, al cabo de un año, y la construcción de 600 distritos de riego en los próximos tres años. Dichas iniciativas, respaldadas por el Banco Mundial, van dirigidas a complementar los planes para que el agronegocio y la minería reinen en el campo. La disposición de los acuíferos en función de la minería y el agronegocio es una decisión muy cuestionable, pues debería priorizarse las necesidades de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico que tienen las comunidades rurales del país.
Las expectativas fijadas por el gobierno se mantienen en la lógica de valorización del territorio que requiere el capital para continuar reproduciéndose, y coyunturalmente, se enmarcan en la perspectiva de asegurar el control del aparato estatal para la facción de la burguesía representada por el presidente Santos. ¿Acaso es casual que la inversión pública en el campo se dinamice justamente en la actual fase preelectoral? La generación de confianza entre los «inversionistas», mediante la legalización del despojo y el repunte del empleo a través de la contratación de servicios y la ejecución de obras, le otorgarán una considerable ventaja al candidato-presidente Santos en las elecciones que se avecinan. Este contará además con el respaldo de los constructores y bancos beneficiarios del programa del millón de viviendas, de los socios de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) favorecidos con la reciente reforma a la salud, de «los ganadores» de las licencias para el usufructo del espectro electromagnético (4G), del militarismo blindado de impunidad con la ampliación del fuero militar y de los grandes medios de información dueños de la pauta pública.
Los aportantes a las campañas electorales tienen la certeza de que recuperarán los recursos «invertidos» por medio de beneficios arancelarios, exenciones tributarias, subsidios, concesiones, pautas oficiales, licencias y contratos. En ello consiste actualmente la apuesta democrática.
Incluso hay oportunidades en que los fondos que aportan los empresarios a las campañas electorales provienen directamente del erario público, como fue el caso de la campaña para la reelección de Álvaro Uribe Vélez. El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien por estos días goza de una libertad infame, sabe mucho de ello, ya que fue el encargado de repartir los recursos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) entre terratenientes, los cuales ingresaron posteriormente a la campaña de reelección presidencial de Uribe Vélez .
Los antecedentes del gobierno Uribe en materia de reelección y los anuncios ministeriales presagian que «el gran chicharrón» del nuevo ministro será todo un banquete de campaña.
En conclusión, la agenda anunciada por el ministro Estupiñan acelerará «la locomotora agraria», contribuirá a que el maquinista sea reelegido y profundizará la miseria de las comunidades rurales. Los «arreglos» legales propuestos denotan que el capital requiere ajustar permanentemente los marcos normativos, pues la ley 160 que hoy se reforma fue por excelencia una ley neoliberal.
Al desastre social que causa la política agraria el campesinado continuará oponiéndose mediante la protesta, en lo que va del año 2013 se han movilizado intensamente cafeteros, cacaoteros, paperos y ahora, cocaleros. En la región del Catatumbo, el campesinado ha reclamado largamente el reconocimiento de la zona de reserva campesina y alternativas productivas viables, sin embargo, lo que ha recibido es la intensificación de la criminalización, las fumigaciones y una sanguinaria represión que en una semana causó 4 muertos y 16 heridos.
El tratamiento de guerra que está dando el gobierno al legítimo movimiento popular del Catatumbo desdice ampliamente lo acordado en el primer informe conjunto de los diálogos de paz de La Habana. La brutal represión ejercida sobre la protesta campesina sigue demostrando que la paz del gobierno nada tiene que ver con la construcción de justicia social.