El Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige una solución para la Corrala Utopía, un edificio de 36 viviendas ocupado hace dos años por familias desahuciadas de sus casas y, posteriormente, adquirido por Ibercaja. La administración autonómica, de forma tardía y torpe, busca alguna solución que no pase por un desalojo policial público y escandaloso. Por […]
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige una solución para la Corrala Utopía, un edificio de 36 viviendas ocupado hace dos años por familias desahuciadas de sus casas y, posteriormente, adquirido por Ibercaja. La administración autonómica, de forma tardía y torpe, busca alguna solución que no pase por un desalojo policial público y escandaloso. Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla, en las antípodas del populismo, afirma no querer premiar la patada en la puerta.
Una familia que se mete con sus hijos en una de las muchas viviendas ociosas que acumulan actualmente los bancos, que ha sido desalojada por una entidad financiera, es una familia que no lo hace por vicio. En ese sentido, el Ayuntamiento, lo mismo podría decir que no quiere premiar la pobreza. Sin embargo, con un 36% de desempleo sostenido en Andalucía, con los ahorros agotándose, con los subsidios desapareciendo, con el colchón familiar desinflándose, resulta insensato afirmar que el que es pobre lo es porque se lo merece, porque no quiere trabajar. Aun así, aún podemos encontrar esos argumentos en los sujetos más cínicos de nuestra élite social, entre la que incluyo al gobierno de la municipalidad de Sevilla y sus órganos de propaganda (ABC, Diario de Sevilla, Burgos, Herreras, etcétera). Una familia sin recursos, desalojada de su vivienda, según estos individuos, no tiene derecho a pegarle una patada a la puerta de las miles de viviendas vacías en la ciudad, propiedad de entidades financieras. Debe mejor dormir en un cajero y, probablemente, entregar a sus hijos en adopción.
Detrás del endeble discurso de la responsabilidad pública, a pesar de que pudiera parecer que el PP tira piedras contra su tejado, hay unos intereses electorales concretos, que no populistas. Por un lado, el discurso de culpar a los pobres de su pobreza puede ser muy bien acogido entre grupos privilegiados que no han notado los efectos de la crisis. A esos que les encanta pensar que están bien porque se lo merecen y han trabajado duro, igual que otros son pobres y miserables porque no saben gestionarse o, directamente, porque son malas personas. Este discurso tiene una larga tradición, que procede de la sanción divina de la riqueza en el calvinismo y que se extiende a los discursos liberales modernos, hasta llegar al ideario neoliberal conservador del partido en el gobierno. Por otro lado, la política del gobierno (local y central) no puede en ningún caso considerarse populista. De hecho no puede ser más antipopular, no puede estar más lejos de las expectativas de la gente ni de sus necesidades. Es una política contra el pueblo y a favor de las élites, con lo que pueden estar satisfechos de no recibir tan estigmatizado calificativo.
Los gobiernos del PP y el PSOE no han premiado la pobreza, desde luego, han estado muy ocupados premiando a las entidades financieras. Han protegido y beneficiado a los mismos bancos que han creado las condiciones para la burbuja inmobiliario-financiera que nos ha estallado en la cara y que hoy expulsan familias de sus casas a espuertas, a los directivos avaros y a los especuladores. Los han premiado con fondos públicos, conduciendo al Estado a una situación cercana a la bancarrota, que ahora pagan los servicios públicos fundamentales, los que más necesarios son para los que menos tienen.
Los partidos en el gobierno no quieren premiar la pobreza. De hecho hacen todo lo contrario: castigar la pobreza. Reducen los subsidios, reducen los derechos y siempre están dispuestos a apalear a la gente cuando protesta por ello. El Ayuntamiento del Partido Popular, desde que entró en el gobierno, en 2011, en plena oleada de desahucios, con una grave incidencia en la ciudad, no ha hecho más que castigar a las víctimas de la crisis social que vivimos. La primera decisión en materia de vivienda fue eliminar la OTAINSA (Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en Situación de Abuso), una herramienta específica para afrontar los problemas sociales en su dimensión residencial, y esto cuanto más falta hacía. Ha mantenido unos servicios sociales raquíticos, con Unidades de Trabajo Social que han tenido que ir a pedir ayuda en más de una ocasión a las asambleas de barrio del 15M, porque se encontraban totalmente desbordados y sin recursos. Ha mantenido un parque público de viviendas infrautilizado, mostrando una clara falta de interés por la cuestión, mientras el cambio de las farolas o la estética del mobiliario público ha resultado ser una verdadera prioridad. Al mismo tiempo, ha sostenido un cerco de dos años contra las familias sin techo que han tenido que ocupar las viviendas de la Corrala Utopía. Ha mantenido a niños, enfermos y ancianos sin luz y sin agua, defendiendo los derechos de Ibercaja, la cual sí que es objeto de dadivas por parte de la administración. Ha mantenido otro cerco numantino y contra toda legalidad en torno a otras familias que habían dado la «abominable» patada en la puerta en Nuevo Amate, rindiendo la plaza por hambre y sed, desplazando los problemas a otros sitios donde no son tan visibles ni le afectan directamente.
La última noticia es que el gobierno municipal va a vender el edificio de la Encarnación 5 y 6, paradigma de la especulación inmobiliaria y de los desahucios injustos en el periodo del pelotazo inmobiliario. Expropiado en su momento por la presión de los movimientos sociales, como última broma macabra, este edificio que iba a ser destinado a viviendas de realojo para personas desahuciadas, va a ser vendido a alguna entidad inmobiliaria o financiera privada (ABC de Sevilla del 6 de marzo de 2013). Que nadie dude que será dedicado a viviendas de lujo, estando en el enclave progresivamente central en que se encuentra. Porque en Sevilla sigue habiendo gente que vive muy bien, aunque sean los menos, y esos parecen ser los únicos que le interesan a la administración Zoido.
Por favor, que alguien desaloje a esta gente del consistorio. Es urgente.