En contravía Las propuestas y acciones del gobierno para salir de las dificultades económicas no tienen nada que ver con los acuerdos que se están discutiendo con las FARC. Tampoco son consistentes con la búsqueda de la equidad, que es uno de los pilares del Plan de Desarrollo del gobierno Santos, Todos por un Nuevo […]
En contravía
Las propuestas y acciones del gobierno para salir de las dificultades económicas no tienen nada que ver con los acuerdos que se están discutiendo con las FARC. Tampoco son consistentes con la búsqueda de la equidad, que es uno de los pilares del Plan de Desarrollo del gobierno Santos, Todos por un Nuevo País.
El discurso y la estrategia gubernamentales ante la crisis que atraviesa la economía colombiana tienen cuatro características desafortunadas:
- son unicausales;
- son inmediatistas;
- son tímidos, y
- son esquizofrénicos.
Diagnóstico simplista
Se insiste en que la crisis tiene su origen en la caída de los precios de los hidrocarburos. Al gobierno le conviene esta visión unilateral porque toda la responsabilidad dependería de factores externos, que no tendrían ninguna relación con las decisiones de política interna.
Pero las dificultades actuales tienen causas más profundas, relacionadas con no haber sembrado la bonanza petrolera y permitir que la economía experimentara los males de la enfermedad holandesa (apreciación del peso, aumento de las importaciones, destrucción del aparato productivo nacional).
El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos ha aumentado de manera sistemática. No se trata de un fenómeno coyuntural. Incluso cuando los precios del petróleo estaban altos, el déficit seguía creciendo: entre 2001 y 2015 este déficit pasó de 1,3 a 6,5 por ciento del PIB, y en 2012, cuando los precios del petróleo estaban en sus niveles más altos, ascendió a 3 por ciento del PIB. En otras palabras: aun en el mejor momento de la bonanza petrolera, la economía presentaba una situación frágil; no es cierto, entonces, que los problemas actuales se deban a la caída de los precios del petróleo.
No es cierto, que los problemas actuales se deban a la caída de los precios del petróleo.
En su momento no se aceptó que la economía sufría los síntomas de la enfermedad holandesa, y no se tomaron medidas para evitar la destrucción del aparato productivo industrial y agropecuario. El informe reciente de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano pone en evidencia la baja productividad y la poca competitividad del agro y recomienda que el Estado aumente la oferta de bienes y servicios públicos (vías, asistencia técnica, educación, salud, vivienda, crédito subsidiado, etc.); este camino, dice la Misión, es más adecuado que la distribución de subsidios directos como se hizo, por ejemplo, con Agro Ingreso Seguro.
Visión inmediatista
Como el problema es estructural, la solución requiere tiempo.
Pero se ha dicho que las medidas correctivas tienen que tomarse con urgencia, y que las calificadoras de riesgo no dan espera. En este afán no se están considerando medidas de mediano plazo, que son indispensables para consolidar la «nueva economía», como ha llamado el gobierno al impulso de la agricultura, la industria y el turismo.
En el desespero por apagar las alarmas que han encendido las calificadores de riesgo, no se ha tomado en serio el primer punto del Acuerdo de La Habana. El cierre adecuado de la frontera agrícola, la formalización de la propiedad y la modernización del campo no se pueden realizar de la noche a la mañana. Por eso desde ahora deberían tomarse medidas como la modernización del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y la delegación de la formación y actualización catastral a algunas ciudades y departamentos. En este momento únicamente Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia tienen catastros relativamente autónomos. Otras ciudades y entidades territoriales (como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá) podrían asumir la responsabilidad de la formación y actualización catastral, con el visto bueno y la asesoría técnica del IGAC.
Las advertencias infundadas del presidente Uribe sobre los peligros que tendría la propiedad privada si se consolidan los acuerdos con las FARC parecen haber tenido eco, y ello se refleja en la negativa a subir los impuestos a la gran propiedad terrateniente y, en general, a la riqueza.
Acciones tibias
Nuevamente el gobierno no quiere molestar a los ricos. El ajuste fiscal se quiere hacer aumentando el IVA y buscando recursos entre los peluqueros y los tenderos de barrio. Mientras tanto se trata con mano blanda a las grandes propiedades agrícolas y a la riqueza. Y los llamados a la equidad vuelven a quedarse solo en buenas intenciones.
Está bien avanzar en la formalización de los peluqueros y de los tenderos, pero este proceso se puede llevar a cabo sin necesidad de aumentar la tributación de los pequeños propietarios.
En lugar de poner los ojos en los ingresos medios y bajos, el gobierno debería prestarle atención a la forma como se hizo el ajuste en Islandia. En 2008, cuando llegó la crisis, el índice Gini de Islandia era 0,29. A pesar de ser uno de los Gini más bajos del mundo, el gobierno consideró que el peso de ajuste fiscal debería caer, sobre todo, en los hombros de los más ricos. Y después de aplicar una política tributaria claramente distributiva obtuvo los ingresos necesarios y logró reducir el Gini a su nivel actual de 0,23.
No sobra reiterar que el Gini de concentración de la tierra en Colombia es cercano a 0,90. Y aun así, el presidente Uribe dice que desde La Habana se conjura un malévolo plan contra la propiedad privada.
En medio de su desespero, el gobierno opta por incomodar con más tributos a los tenderos y a los peluqueros, dejando tranquilo al 1 por ciento más rico de la población, que tiene el 20,5 por ciento del ingreso nacional, tal como observa la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria.
Discurso esquizofrénico
Las discusiones sobre política económica se realizan como si los compromisos adquiridos en el punto uno del Acuerdo de La Habana fueran irrelevantes. Se pretende aplicar una ortodoxia que nada tiene que ver con un país que está tratando de salir de la guerra y que se ha comprometido a construir una sociedad más incluyente.
Es el momento para comenzar a tomar medidas que contribuyan a cerrar la enorme brecha entre lo urbano y lo rural, y a abrir el abanico de oportunidades para todos los colombianos.
El problema fiscal que se desprende de los acuerdos de La Habana no es conseguir los recursos para cubrir el actual nivel de gasto. El reto es mucho más complicado. Se trata de financiar un gasto que tiene que ser considerablemente mayor para que Colombia (la rural y la urbana) pueda ser el país más educado de América. Además, sin la acción decidida del Estado no es posible cumplir los objetivos de la «nueva economía».
El gobierno opta por incomodar con más tributos a los tenderos y a los peluqueros.
Se debería tener claro que los recursos que se necesitan no son para responder a los chantajes de las calificadores de riesgo, sino para comenzar a construir la paz. Y en este proceso complejo, no basta con garantizar el acceso a la tierra. Tal y como se observa en el Acuerdo entre el gobierno y las FARC, se debe ir mucho más lejos: «Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural – niñas, niños, hombres y mujeres».
La paz barata es frágil porque es excluyente. Ha llegado el momento de ordenar la política económica en función de los propósitos de equidad e inclusión. El tema no es importante solamente porque se haya discutido en La Habana, sino porque es la condición para modernizar un país que el año entrante aspira a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Jorge Iván González, Cofundador de Razón Pública.