A finales del pasado mes de febrero de 2005, el Ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Moratinos, visitó Guinea Ecuatorial. De lo que ha trascendido a los medios de comunicación hay que resaltar dos afirmaciones que hizo el Ministro a su vuelta ante el Congreso de los Diputados y que reproduce la Asociación para […]
A finales del pasado mes de febrero de 2005, el Ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Moratinos, visitó Guinea Ecuatorial. De lo que ha trascendido a los medios de comunicación hay que resaltar dos afirmaciones que hizo el Ministro a su vuelta ante el Congreso de los Diputados y que reproduce la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (http://www.asodegue.org/febrero1305.htm):
«El presidente de Guinea Ecuatorial ofreció al Gobierno de España que (le) acompañásemos en sus esfuerzos» para modernizar el Estado de Derecho, «reformar la Administración (…) y mejorar el sistema educativo» y «sanitario». Moratinos afirmó que el Gobierno español estaba comprometido a ayudar en esos esfuerzos con el objetivo «de ser extremadamente críticos y vigilantes con el Estado de Derecho» y con la promoción de «aquellos ciudadanos que quieren participar en la vida política y democrática de Guinea Ecuatorial».
Hasta aquí la información que se muestra a la opinión pública. Sin embargo, la realidad guarda otras informaciones que difieren e incluso contradicen la expuesta.
El artículo primero de la Ley de cooperación internacional para el desarrollo (23/1998, de 7 de julio) dice que esta cooperación «impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y protección de los Derechos humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente, en los países que tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos que se encuentran en transición hacia la plena consolidación de sus instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional.»
Este objetivo incluye a la República de Guinea Ecuatorial, país que está dentro de las zonas de actuación prioritaria de la cooperación española (CE) a tenor del artículo sexto.
El mismo día que Moratinos y Obiang hablaban de democracia y desarrollo, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público su informe sobre los derechos humanos en Guinea Ecuatorial referido al año 2004. El informe completo está disponible en http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41601.htm. Basta ahora con la siguiente cita literal: «El historial del gobierno en cuanto a derechos humanos sigue siendo pobre y éste ha continuado cometiendo graves abusos. Los ciudadanos no tienen medio de cambiar el gobierno por medios pacíficos. Las fuerzas de seguridad cometieron numerosas transgresiones, torturas, palizas y otros abusos físicos de prisioneros y sospechosos, algunos de los cuales terminaron con la muerte de las víctimas. Estos abusos se cometieron generalmente de forma impune».
El informe de 2004 no difiere apenas de los anteriores. Teodoro Obiang Nguema, presidente del país, quien accedió al poder mediante un golpe de estado el 3 de agosto de 1979, ha contado con 25 años para llevar la democracia a Guinea Ecuatorial. El señor Moratinos tiene que explicar por qué la cooperación española en Guinea Ecuatorial se encuentra en contradicción con la ley en cuanto a los derechos humanos se refiere.
En cuanto al segundo pilar de la cooperación, la situación económica, hay que saber que el producto interior bruto de Guinea Ecuatorial «creció un 14.2% en 2003 y se calcula que lo hará un 21.2% en 2004. Este crecimiento ha sido sólido en los últimos años gracias al petróleo». Estos son datos literales de la Estadística Oficial de la Energía del Gobierno de Estados Unidos, disponibles en http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/eqguinea.html.
Interesa añadir que el país es el que más inversión estadounidense recibe en África tras Nigeria y Sudáfrica, aunque su población es menos del 0.5% y del 1% de la de estos dos respectivamente. Esta misma fuente afirma que «la mayor parte de la riqueza del petróleo la acaparó el gobierno y se distribuyó poco a la mayoría de la población, que permaneció sumida en la pobreza».
Si Estados Unidos afirma que la riqueza del país crece sólidamente gracias al petróleo, pero el gobierno ecuato-guineano no la distribuye a la población, el señor Moratinos tiene que explicar por qué España va a cooperar con ese gobierno en lugar de condicionar la cooperación a esa distribución.
Aunque son muchas las actividades del gobierno ecuato-guineano que no se corresponden con lo que se espera de un gobierno democrático, es preciso referirse especialmente al sector petrolífero, ya que como afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), constituye el 83% del producto interior bruto del país (http://www.oecd.org/dataoecd/35/1/1824667.pdf) y es uno de los campos de cooperación entre España y Guinea Ecuatorial.
En ese mismo viaje de febrero el gobierno ecuato-guineano invitó a la empresa Repsol YPF a mantener contactos con el Ministerio de Minas, Industria y Energía, para el desarrollo de proyectos. Por un lado la empresa asegura que «nuestras acciones se rigen por la ética y la transparencia» y añade que su objetivo empresarial es la «creación de riqueza con los valores éticos y profesionales de las personas que constituimos la Compañía y nuestro compromiso con la sociedad y el entorno natural.» (http://www.repsolypf.com/esp/todosobrerepsolypf/repsolypfenlasociedad/introduccion/introduccion.asp?PaginaID=471) Por otro, la experiencia demuestra que en Guinea Ecuatorial esos objetivos son irrealizables porque la corrupción existe en un grado superlativo y alcanza a cualquier actividad, especialmente las económicas.
El 10 de noviembre de 2004, en Malabo, el Secretario de Estado de la República de Guinea Ecuatorial envía a una empresa petrolífera estadounidense un requerimiento firmado por él mismo y con el sello del Departamento para la Seguridad Nacional, por el que se impone a esta empresa una multa de 24.000 euros, «por el incumplimiento de la orden de pintar el edificio que ocupa esa empresa en los preparativos con ocasión de la llegada del Jefe del Estado de la República de Zimbabwe».
Por esas fechas el Ministro de Minas, Industria y Energía recibe un escrito de otra empresa petrolera en el que se le notifica el envío de un cheque pagadero al Tesoro Público de Guinea Ecuatorial por valor de 200.000 euros. Esta cantidad es la que la empresa admite que ha de pagar tras la auditoría fiscal realizada en el año 2002 a la empresa. Al mismo tiempo advierte que ya ha pagado una cantidad menor correspondiente a otra auditoría de años anteriores 1998-2001.
Poco después esta misma empresa envía otro cheque a Multi Service System por valor de 280.000 euros.
Este movimiento de cheques que se cruzan continuamente en Guinea Ecuatorial entre empresas y ministerios es un ejemplo que muestra el ambiente en el que las empresas extranjeras han de moverse para conseguir una concesión para instalarse. Unos son para pagar «multas» como la de la pintura. Otros se emplean en el marco de las operaciones normales entre las partes. Aquí es donde hay que prestar mayor atención. Antes, sin embargo, conviene recordar el objetivo empresarial habitual en el sector del petróleo: «nuestra visión y nuestros valores aseguran el máximo respeto por nuestra gente, el país anfitrión, nuestros clientes y el medio ambiente».
Para pagar el salario de los empleados ecuato-guineanos que trabajan en el sector petrolífero, las empresas extranjeras podrían ingresar en las cuentas bancarias de aquellos la cantidad que le corresponde a cada uno. Sin embargo, las empresas pagan una cantidad global a Multi Service System (MSS), una de las agencias nacionales de contratación que surte de empleados a aquellas y que luego distribuye el dinero. A la vista del montante se puede conjeturar el negocio, uno más a añadir a los que componen el entramado político-comercial del gobierno y de sus socios. Hay que recordar que la selección de personal nacional se hace en las empresas que, como MSS y Sonavi, son propiedad de los hermanos del presidente de la nación.
Por otro lado, la política, aparentemente loable, de establecimiento de empresas mixtas, con una parte nacional y otra extranjera, en realidad encubre la colocación en puestos de nombre más o menos rimbombante a nacionales que son familia o están muy cercanos de miembros del gobierno, aunque estén sujetos a control técnico, obviamente, por parte del personal expatriado.
En cuanto al pago de las empresas petrolíferas al Tesoro, no es preciso engañarse por la aparente normalidad de cheques de aquellas a éste, pues desde que el Senado de Estados Unidos hizo público su informe sobre la corrupción del banco Riggs en el asunto de las cuentas de Obiang, se confirmó quién es en realidad dicho tesoro y de qué forma se le paga. (http://www.globalwitness.org/press_releases/display2.php?id=170)
«Desde 1995 hasta 2004, el Riggs Bank administró más de 60 cuentas y depósitos en efectivo para el gobierno, funcionarios gubernamentales o miembros de sus familias. Hacia el año 2003, las cuentas de Guinea Ecuatorial representaban la relación más grande en el Riggs Bank, con depósitos agregados de entre 400 y 700 millones de dólares.» (http://www.guinea-ecuatorial.org/descargas/riggs-obiang.doc)
La primera conclusión que cabe extraer es que la cooperación española en Guinea Ecuatorial no cumple los requisitos previstos en la ley. La segunda es que este país necesita antes un gobierno democrático que cooperación internacional. Recursos económicos propios no le faltan y un primer paso sería que el dinero depositado en cuentas extranjeras se devolviera a su legítimo dueño: el pueblo ecuato-guineano. Aquí cabe perfectamente la cooperación internacional. La tercera es que si el cambio pacífico es imposible, como se ha señalado, la cooperación internacional ha de consistir en asistir al pueblo ecuato-guineano a que lleve a cabo dicho cambio.