El fascismo además de hornos crematorios, chovinismo, guerra permanente, expansión geopolítica, discriminación racial, Fuhrer (caudillo), superioridad blanca, desplazamientos, etc., es también una variante de “populismo” de ultraderecha que manipula las masas y busca legitimarse con sus propias “políticas sociales”, que no son más que una fachada en la que se coleccionan distintos “auxilios” para ganar la adhesión de los grupos más miserables de una sociedad, inmersos en la extrema pobreza y miseria.
El fascismo colombiano, en su actual versión militarista y policiaca del uribismo, con muchos antecedentes en la historia colombiana desde los años 30 del siglo XX (Leopardos), no es, por supuesto, la excepción, en ese sentido.
Uribe, jefe neonazi disfrazado de redentor, habla de los compromisos de los más “pudientes”, y del apoyo a los menesterosos y mendigos para impedir cualquier estallido social de las masas hambrientas.
Para materializar tal discurso “solidario” el actual gobierno de Iván Duque ha volcado toda su acción en el denominado Departamento de la Prosperidad Social/DPS creado mediante el Decreto 4155 del 3 noviembre de 2011 (https://bit.ly/36xdlbC ), por el cual se transformó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.
En desarrollo de la Ley 1448 del 2011 de Victimas, el DPS es la entidad nacional que “busca fijar políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica”.
Para alcanzar dicho propósito, el DPS “trabaja integralmente en la formulación y ejecución de políticas sociales, además de realizar la coordinación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Memoria Histórica.
Esta entidad ejecuta al día de hoy los siguientes programas:
Familias en acción, que es un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) por $175 mil pesos mensuales, el cual atiende hoy 2,2 millones de familias en asistencia escolar, desplazadas y a comunidades indígenas con personas menores de 18 años.
Familias en su tierra, el cual atiende victimas del desplazamiento forzado que han retornado o se han reubicado para, supuestamente, contribuir a mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a alimentos para autoconsumo, impulso a iniciativas productivas, fortalecimiento al liderazgo y la mejora de sus condiciones de habitabilidad. Son aportes por familia cercanos a los 5 millones, por una sola vez.
Ingreso solidario
El Programa Ingreso Solidario es un subsidio equivalente en promedio a los $160 mil pesos que se entrega a una población de 3 millones de personas, de los 21 millones en condiciones de pobreza extrema que están registrados por el DANE.
El programa busca apoyar a tres millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica que no son beneficiarios de otros programas sociales como, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del impuesto sobre las ventas – IVA o Protección al Adulto Mayor -Colombia Mayor.
Jóvenes en acción es otra estrategia que formalmente apoya a los jóvenes en su formación técnica, tecnológica y/o profesional con la entrega de transferencias monetarias condicionadas equivalentes a los $200 mil pesos mensuales y durante 4 veces en el año.
Infraestructura social y hábitat, es un programa que financia pequeñas y medianas obras como vías urbanas, espacios públicos, espacios comunitarios, mejoramientos de vivienda y soluciones para agua potable y saneamiento básico, con el fin de atender las necesidades de los grupos más pobres de la sociedad
Adulto mayor es un programa que tiene como objetivo aumentar, supuestamente, la protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la indigencia o en la extrema pobreza, a través de la entrega de un subsidio económico mensual de $80 mil pesos y que se le entrega a un Millón Seiscientas mil personas.
Emprendimiento productivo, es un programa que supuestamente debe contribuir al fortalecimiento de competencias empresariales de organizaciones productivas formalmente constituidas, mediante asistencia técnica a la medida de las necesidades de las organizaciones y el acceso a activos productivos pertinentes a la actividad económica desarrollada.
Iraca, es un programa para población indígena y afrodescendiente que busca el acceso a alimentos para autoconsumo, promoción de iniciativas productivas y fortaleciendo el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades correspondientes.
Devolución IVA, es una estrategia que atiende un millón de hogares a los que se les retorna por una sola vez una cifra de $75 mil pesos.
Unidos, es una iniciativa de carácter nacional, transversal e intersectorial, coordinada por Prosperidad Social, que busca, supuestamente, mejorar las condiciones de vida de los hogares más pobres del país mediante el acompañamiento familiar y el acceso preferente a la oferta social pública y privada pertinente en áreas de salud, educación, trabajo y vivienda.
Mi negocio, es un programa que genera oportunidades y desarrolla capacidades orientadas a la creación y/o desarrollo de proyectos productivos, que se conviertan en un medio para la generación de ingresos a través de la capitalización de los negocios y emprendimientos.
ReSa, cuyo objetivo principal es promover la seguridad alimentaria de los hogares pobres del país contribuyendo al acceso y consumo de alimentos saludables mediante la implementación de unidades productivas de autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de alimentos y productos locales.
Los anteriores hacen parte de un paquete de “limosnas” que, definitivamente no resuelven las situaciones de misera y pobreza de millones de colombianos, que han aumentado ostensiblemente a raíz de la crisis sanitaria y de la profunda recesión económica que golpea a la producción nacional.
Lo peor, esos programas son la columna vertebral del clientelismo político del Centro Democrático y sus aliados políticos, que utilizan estos subsidios para la compra de votos y el amarre de cuadrillas electorales de los grandes caciques de la politiquería oficialista.
Lo mas grave, los recursos públicos apropiados para estos apoyos son objeto del mas descarado despojo y robo a millones de hogares, mediante procedimientos fraudulentos, como los que es posible evidenciar en los Programas Familias en su Tierra e Iraca, donde los operadores privados simulan la entrega de aportes y recursos que nunca llegan a los hogares, pues a estos se les obliga a firmar actas y listados mediante el soborno a los representantes legales de los Consejos Comunitarios, los resguardos y los jefxs de los hogares, como bien se puede comprobar si se hace una inspección directa a las comunidades en los municipios del Meta, Cauca, Bolívar, Antioquia, Magdalena, Guajira, Nariño y Valle del Cauca.
En el caso de Familias en su Tierra/FEST, según reportes propagandísticos del DPS a nivel nacional se han vinculado 38.202 hogares desplazados y retornados en zonas rurales de 90 municipios del país, en 24 departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, con una “inversión” de 323.466 millones de pesos que prácticamente ha parado en los bolsillos de los senadores Horacio José Serpa y Roy Barreras, quienes a través de empresas y fundaciones de testaferros despojan a las familias de desplazados por el conflicto colombiano. Estas cadenas políticas de corrupción las vamos a denunciar en próximos artículos con datos y hechos concretos.
Nota. Extrañas las alianzas políticas del denominado Pacto histórico que impulsa el Senador Petro con el Senador Roy Barreras, quien juega a múltiples bandas. El será candidato presidencial; su esposa, Gloria Arizabaleta, funcionaria del Fiscal Barbosa, (de quien ha sido subalterna desde la Consejería de los Derechos Humanos), es la encargada del tráfico de influencias para obtener jugosos contratos para fundaciones fantasmas de Barrera (obviamente de grandes comisiones), tal como lo hace en el Meta y la gobernación del Valle del Cauca; mientras su hijo Roy Barreras Jr., hace la gran fiesta con las licencias de construcción que se otorgan (desde luego pagando amplias comisiones y sobornos) desde la Oficina de Planeación Municipal de Cali, donde figura como Jefe de la misma. Que tal esta telaraña siniestra de robos y corrupción en el Pacto histórico.