Las aguas no están tranquilas. Pareciera que el discurso abiertamente populista, que tuvo que usar la candidata Michelle Bachelet para reencantar a un electorado cada vez más decepcionado por no recibir ninguna recompensa del exitoso modelo económico chileno, generó una enorme cantidad de expectativas entre quienes la eligieron. Hasta ahí nada raro. Todo nuevo presidente […]
Las aguas no están tranquilas. Pareciera que el discurso abiertamente populista, que tuvo que usar la candidata Michelle Bachelet para reencantar a un electorado cada vez más decepcionado por no recibir ninguna recompensa del exitoso modelo económico chileno, generó una enorme cantidad de expectativas entre quienes la eligieron.
Hasta ahí nada raro. Todo nuevo presidente promete cosas que sabe que no va a cumplir. Solo se trata de ganar tiempo. Y eso parece ser justamente uno de los graves problemas de la recién asumida administración de Bachelet. No hay tiempo. Ni siquiera el llamado por algunos analistas políticos «tiempo de gracia». Ese lapso de meses que permite que la nueva administración se instale y prepare sus primeras leyes y proyectos, mientras la ciudadanía votante se sienta a esperar. Son meses de perdonar errores y asumir que estos se cometen por culpa de otros que no hicieron bien su trabajo antes. En el otro gobierno. El anterior.
Para Bachelet, las presiones comenzaron el mismo día de su asunción al trono del poder político. Mientras ella aparecía en televisión vestida de un blanco doctoral, recibiendo el abrazo falsamente espontáneo de unos niños a las puertas del Palacio de la Moneda, un grupo de pobladores «sin casa» realizaba una serie de tomas de terreno en distintas partes de Santiago. Esa fue la primera de una serie de movilizaciones que realizan, desde hace meses, las organizaciones que agrupan a deudores habitacionales, allegados y pobladores en general. Luego vinieron otras tomas, huelgas de hambre, y solo hace unos días, una movilización por la Alameda con más de 3000 personas. La mayoría de ellas mujeres.
Pero no solo eso. Porfiadamente, distintas organizaciones de mapuches iniciaron una serie de movilizaciones para reinstalar en el debate público nacional la existencia de prisioneros políticos mapuches en las cárceles chilenas. Con una huelga de hambre, que lleva mas de 60 días, y numerosas marchas por las calles de la capital (incluyendo demostraciones de repudio a la ocasión de los viajes al extranjero de la presidenta) surgen nuevamente para el gobierno fantasmas del pasado.
Como si todo esto fuera poco, los secundarios, que durante los 90′ parecieron desaparecer de la escena social chilena, se reactivaron este último mes e iniciaron una serie de movilizaciones para mantener sus derechos de transporte y exigir gratuidad en la PSU y modificaciones de fondo a la Jornada Escolar. Fueron 15.000 los que marcharon en Santiago y otros miles los que lo hicieron en regiones hace unas semanas. Y nuevamente varios miles los que participaron en marchas prohibidas por la autoridad la semana pasada.
Parece mucho. Y es mucho para estar a solo 60 días de haber llegado al poder. Las calles de Santiago y de varias ciudades de regiones se han llenado del verde de los buses de fuerzas especiales de carabineros y se hace nuevamente necesario instalar vallas de protección frente a las oficinas de Ministerios, o del mismísimo palacio de gobierno.
No se trata de que nos encontremos frente a una situación de crisis estructural. Todo indica de que estamos lejos de ello. Pese a la masividad y violencia de muchas de estas manifestaciones, nada permite avizorar de que todos estos conflictos pasen mas allá de su carácter reivindicativo local. Aunque cada vez se huele más un olor a crítica estructural. De crítica al modelo. Pero es solo eso, todavía solo un olor.
Por eso llama la atención la actitud asumida por la nueva presidenta frente a este fenómeno social de protestas callejeras.
Distanciándose de la disputa pública respecto a los temas que desde distintos frentes se plantean, la presidenta se encierra en palacio y orienta líneas de acción para enfrentar la embestida. Y su respuesta es por lo menos brutal.
Frente a la situación de los presos políticos mapuches condenados a más de 10 años de cárcel por haber quemado bosques de empresas privadas, silencio cómplice bajo un supuesto respeto a la decisión independiente de los tribunales. Claramente se trata de castigar a quienes osen cuestionar o poner en riesgo las inversiones millonarias de las empresas trasnacionales que hacen de la madera su negocio. Se les aplica la figura jurídica de Asociación Ilícita Terrorista para poder juzgar con más dureza.
Y la huelga de hambre que lleva más de 60 días, nada. Tal vez olvidando su juramento hipocrático, la doctora permanece impávida ante el deterioro físico y mental de quienes le enrostran en su cara la injusticia cometida contra quienes reivindican sus legítimos derechos históricos.
En el caso de los estudiantes secundarios, la respuesta del ejecutivo es también violenta. Solo en un día de manifestaciones se detuvieron a más de 1500 secundarios en todo el país. Muchos de ellos fueron golpeados y encerrados durante varios días repletando las comisarías del país.
Y en el caso de los deudores habitacionales la respuesta tampoco ha sido pacífica. Junto con reprimir duramente todas y cada una de las manifestaciones callejeras desarrolladas por los deudores habitacionales y allegados, el ejecutivo optó por criminalizar directamente a los llamados «cabecillas» del movimiento. Algunos de ellos han debido pasar semanas en la cárcel, donde se les a informado que el gobierno está decidido a aplicarles, igual como lo ha hecho con el movimiento mapuche, la figura de la Asociación ilícita terrorista. Un marco legal que le permitiría al gobierno encerrar, hasta por 10 años, a quienes diseñen y promuevan tomas de terreno o de casas deshabitadas.
Como se puede apreciar las respuestas son cada vez mas fuertes y parecen ir en aumento en su dureza. Esta actitud de represión abierta a las manifestaciones sociales, si bien podemos rastrear sus inicios en el gobierno de Lagos, no había sido aplicada de forma tan sistemática.
Pareciera que existe cierto temor en palacio al desborde social de las demandas. Y claro, como la derecha instaló comunicacionalmente que la presidenta tenía problemas de liderazgo, pues bueno, nada mejor que poner mano dura, disfrazarse de Dama de hierro y aplicar la ley sin demostrar ningún sentimentalismo.
Se trata de demostrar que aunque ya no este Lagos, el país se puede mantener estable en su marco de gobernabilidad, aunque ahora sea conducido por una mujer, Bachelet.
Se trata de dar confianza a quienes mas le interesa la estabilidad; los empresarios chilenos y extranjeros. Sobretodo en un momento en que cunde el desorden en el barrio latinoamericano, con nuevas nacionalizaciones y nuevas alianzas económicas.
Se trata de mantener a Chile al margen del virus de dignidad y antiimperialismo que ya ha contagiado varios países latinoamericanos.
Pero el jugar a ser la mamá castigadora puede también tener sus costos. Uno de los factores que generó apoyo popular hacia la candidatura de Bachelet, fue justamente su imagen de mujer con capacidad para resolver los conflictos a través del dialogo. Una cualidad que la diferenciaba de los otros candidatos y que se le atribuía a su femeneidad.
Sin embargo, por la forma como ha actuado el gobierno en estos meses, queda claro que de dialogo y de resolución alternativa para los conflictos la gestión de gobierno no ha mostrado mucho.
El rápido desgaste de este tipo de elementos, cuando es predecible de que este gobierno tenga que enfrentar una mayor cantidad de conflictos sociales que los anteriores de la concertación, podría significar la falta de una herramienta de control social indispensable para la mantención de la sacrosanta gobernabilidad.
Más aún si, en el desenfreno del control, sucede algún accidente, como por ejemplo la muerte de algún manifestante producto de la actuación policial, cosa bastante común en Chile, o el fallecimiento de un huelguista al cual nunca se le quiso escuchar.
El gobierno de Bachelet parece haber tomado una opción por la mano dura con las demostraciones de descontento social. Tal vez se tiene temor de que estas manifestaciones sean el inicio de movimientos mayores y con cuestionamientos mas estructurales. No es un detalle que ninguno de estos tres sectores, deudores y allegados, mapuches y secundarios respondan a conducciones de la izquierda tradicional. De ahí también lo peligroso de estos nuevos movimientos que desde la moneda pueden ser vistos como «incontrolables», ya que no hay nada que negociar con ellos.
Reprimir para impedir que estos embriones, más o menos organizados, crezcan hasta volverse actores políticos con voz propia. Esa pareciera ser la estrategia asumida por este gobierno con mano de mujer.