La más grande de las movilizaciones realizadas en estos últimos 14 años se realizó el 19 de noviembre en repudio a la APEC y a la presencia del criminal y terrorista más rechazado por los pueblos del mundo. Esta situación creemos debe hacer meditar al gobierno. Esto, sumado al ánimo expresado en los resultados electorales, […]
La más grande de las movilizaciones realizadas en estos últimos 14 años se realizó el 19 de noviembre en repudio a la APEC y a la presencia del criminal y terrorista más rechazado por los pueblos del mundo. Esta situación creemos debe hacer meditar al gobierno. Esto, sumado al ánimo expresado en los resultados electorales, es indicio de que se instala en nuestro pueblo la necesidad de expresar con
mayor nitidez el rechazo al modelo de 14 años de sumisión por parte de la Concertación a la política heredada de la dictadura. Es en este contexto que los chilenos esperábamos la respuesta del Presidente de la República al Informe de la Comisión de Política y Tortura y a la Plataforma única entregada por la Coordinación de Ex Presos Políticos.
Los ex Presos Políticos hemos expresado que la «Caja de Pandora», que se produce por la recopilación parcial de los antecedentes entregados al Presidente, debe ser un camino a la verdad sin retorno. La verdad se abre paso y terminará oxigenando la convivencia chilena. Pero, si la verdad no va acompañada de un verdadero proceso de justicia, no garantizará un «nunca más».
Es fundamental que los antecedentes que han generado nuestros testimonios sean formalmente recibidos por el Poder Judicial, y a la vez que el Estado chileno firme los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y ponga en práctica los firmados.
La justicia no puede quedarse en declaraciones o «golpes de pecho que no garantizan nada». La deuda histórica pendiente no puede ser «mediatizada».
Estrecho vínculo con el hacer justicia tiene la reparación al daño causado. Es imprescindible que las autoridades entiendan que el terrorismo de Estado afectó a través de la prisión, la tortura, los quiebres familiares, las listas negras, los allanamientos y operaciones peineta, a todo el pueblo. Por lo tanto, el daño causado tiene consecuencias físicas, psicológicas, sociales y laborales, personales y colectivas.
La reparación integral es un componente de la justicia, no se puede separar.
La resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema respecto al caso Sandoval instala la Juridicidad Internacional como elemento ineludible, nos muestra que más temprano que tarde se avanza en el proceso de justicia. El Presidente de la República tuvo la oportunidad de avanzar en serio y dar un paso adelante respecto a su discurso de agosto del año pasado, donde afirmaba que la reparación sería austera y simbólica. Hoy existe un pueblo que le expresa claramente que estamos cansados sólo de triunfos morales. Hoy se debe avanzar realmente a la instalación de la verdad y la justicia como esencia de la convivencia nacional respecto a lo que fue nuestra prisión política.