En medio de movilizaciones ciudadanas por los temas ambientales y de la educación, ha pasado casi inadvertida para la opinión pública la venta por parte de CORFO de las acciones que el Estado tiene en las empresas sanitarias. La primera de ellas fue el caso de Aguas Andinas S.A. en la Región Metropolitana, donde la […]
En medio de movilizaciones ciudadanas por los temas ambientales y de la educación, ha pasado casi inadvertida para la opinión pública la venta por parte de CORFO de las acciones que el Estado tiene en las empresas sanitarias. La primera de ellas fue el caso de Aguas Andinas S.A. en la Región Metropolitana, donde la propiedad estatal llegaba al 30% aproximadamente del total.
Esta venta le reportó al Estado unos US$ 950 millones de dólares en dinero fresco, quien se quedó solo con el 5 % de las acciones de la sociedad. Para el mes de Julio, las autoridades han anticipado la venta de las acciones de ESSBIO y ESVAL, donde también se quedarán con un máximo de 5 % de las acciones.
El negocio emprendido por el gobierno llama la atención por la baja difusión de las operaciones y la ambiguedad que ronda las justificaciones esgrimidas para la venta. El Estado se desprende de un negocio sano, que ya operan privados, con una rentabilidad garantizada por ley del 7 % y una real que según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS, oscila entre un 10 % y un 20 % anual, sin que esté muy claro para qué lo hace.
Es evidente que el Estado de Chile no tiene problemas de caja. Por el contrario, tiene excedentes que, de acuerdo alto precio del cobre y los minerales, se debieran seguir incrementando. Solo en fondos soberanos el país tiene depositados más de US$ 10.000 millones de dólares, que le rentan entre un 2,5% y un 7 % anual, es decir, mucho menos de lo que renta la inversión de las sanitarias.
De ahí que a muchos parezca un absurdo financiero transformar una inversión con una renta de hasta un 20% anual en algo que en el mejor de los casos solo rendirá un 7%,. Peor aún si en lo inmediato no tiene un destino de inversión claro o imprescindible.
En materia de gasto corriente, la Corporación de Fomento, CORFO, organismo fundamental de la política de Impulso Competitivo que llevan las actuales autoridades económicas, financia un tercio de su presupuesto anual ordinario con los dividendos de las acciones en Aguas Andinas, ESBBIO y ESVAL.
Desaparecido este ingreso, es muy probable que CORFO deba hacer un ajuste contable con disminución de gastos, que terminará afectando sus programas, eventualmente por ejemplo los préstamos blandos en temas como Innovación y Pequeñas y Medianas Empresas, aspectos esenciales del impulso competitivo.
Sin perjuicio de lo anterior, surge también la interrogante de que se va a hacer con los ingresos provenientes de las ventas de acciones. Lo errático de las respuestas gubernamentales a través del tiempo, indica que no hay un destino claro.
Primero se anunció que los fondos se destinarían a la reconstrucción post-terremoto. Independientemente de los atrasos, que en ningún caso tienen que ver con falta de recursos, la reconstrucción quedó financiada por proyectos de ley que aportaron fondos extraordinarios al presupuesto ordinario. La incapacidad gubernamental de hacer una ejecución presupuestaria completa de dichos recursos demuestra que plata en este rubro no falta.
Luego se indicó que los fondos se utilizarían para un programa de recuperación de ENAP, pese a que esta empresa ya tenía resuelta una capitalización de US$ 1.000 millones y, además, hecho no menor, no es empresa filial de CORFO, lo que dificulta la transferencia.
Menos convincentes han sido las explicaciones de que los fondos se destinarán a la ampliación de la red del Metro, ya que esta empresa, una de las más eficientes del mundo en materia de transporte subterraneo, tiene equilibrio operacional y una estructura con previsión de financiamiento para sus extensiones, que no requiere de los recursos de CORFO.
La privatización del 51% de las sanitarias realizada entre mediados de los años 90 y el 2004 tuvo el objetivo preciso de financiar con recursos privados los planes de desarrollo de dicha empresas, principalmente el aumento de cobertura del suministro de agua potable y la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas.
Ello dio buenos resultados y Chile ha alcanzado metas cercanas al 100 % de cobertura de agua potable y tratamiento de aguas servidas, superando incluso estándares de muchos de los países desarrollados. Todo en un ambiente financiero sano, aunque con fuertes ajustes tarifarios para los usuarios.
¿Qué sentido tiene hoy desprenderse de la propiedad restante, si en ello va implícita, además, parte importante de la poca incidencia que le queda a la autoridad pública sobre el recurso más preciado y esencial para la vida humana, como es el agua potable? Porque lo que se debe saber es que junto con las acciones tambien se van los derechos de agua.
La paradoja es que mientras en Chile se perfeccionaba la venta de hasta el 95 % de Aguas Andinas S.A. en Italia, mediante un plebiscito nacional, el 95 % de los ciudadanos se opuso a la venta o privatización del agua.
Desde el punto de vista de las utilidades el negocio, aparentemente, tampoco ha sido muy bueno. Más allá de las críticas a la baja difusión de todo el proceso por parte del Estado, que habría restado dinamismo al interés de los inversores, los números finales de la venta no parecen tan satisfactorios.
En el año 1998, CORFO obtuvo por la venta del 51 % de Aguas Andinas la suma de US $ 1.350 millones de dólares. Trece años después, por el 30 % de la empresa, que ha crecido notablemente en rentabilidad, en eficiencia, en número de clientes, en extensión territorial de áreas atendidas, con numerosas filiales, dueña de la Sanitaria de la X Región, y con sistema tarifario de mercado, se obtuvo apenas US $ 950 millones.
Es indudable que el precio o valor unitario por cliente recibido por CORFO el 2011 ha sido muy inferior al obtenido en 1998, cuando el riesgo era mayor. Por ello lo obrado no parece la gestión eficiente de una buena operación comercial del patrimonio de todos los chilenos.