Cada día las cosas están más claras. La primera propuesta del actual gobierno presentada a través del entonces Ministro del Interior, Fernando Londoño, para impulsar la «desmovilización paramilitar» no contenía ningún elemento de verdad, ni de justicia, ni de reparación. La reacción nacional e internacional obligó al gobierno a guardar su escuálida propuesta, y entonces […]
Cada día las cosas están más claras. La primera propuesta del actual gobierno presentada a través del entonces Ministro del Interior, Fernando Londoño, para impulsar la «desmovilización paramilitar» no contenía ningún elemento de verdad, ni de justicia, ni de reparación. La reacción nacional e internacional obligó al gobierno a guardar su escuálida propuesta, y entonces surgieron diferentes proyectos de ley para armar un marco normativo para esos efectos.
Uno de estos proyectos, el presentado por la senadora Piedad Córdoba, reconocía la responsabilidad estatal en relación al paramilitarismo. Obviamente, este proyecto no estaba llamado a prosperar pero quedó jugando como una constancia histórica que puso en evidencia el interés de mostrar a esas organizaciones criminales como ajenas o al margen del Estado, pese a la fuerza de las razones históricas que lo acusan. La estrategia de «tapar» , «tapar» como mecanismo de impunidad volvió a tener éxito, pues en la ley de justicia y paz, no se encuentra ni una coma al respecto.
Vinieron las reuniones en la Casa de Nariño para asegurar una ley al gusto y medida de los paramilitares y el Establecimiento. Finalmente, el Congreso aprobó con el voto de un número importante de congresistas comprometidos con el paramilitarismo (más del 35% según las propias voces de la jefatura paramilitar) la que hoy se llama «ley de justicia y paz», lo que de por sí, desdice de la legitimidad de la misma. Esta ley, fue duramente cuestionada por no garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad, a obtener justicia y ser reparados integralmente, pero también porque ese marco jurídico no estaba llamado a desmontar las estructuras de esas organizaciones.
En realidad, la ley estaba concebida para: a) asegurar la impunidad de las cabezas visibles del paramilitarismo; b) para vestir de justicia penas irrisorias; c) para proteger los bienes producto del despojo violento, especialmente las aproximadamente cinco millones de hectáreas de tierra expropiadas a los más de tres millones de campesinos desplazados, pues las tierras que irán al fondo de reparación serán algunas «finquitas», que quizás nunca retornen a sus verdaderos dueños; d) para blindar a los narcoparamilitares de la Corte Penal Internacional, de la temida extradición y para concederles status de combatientes políticos; e) y por supuesto, para ocultar la responsabilidad histórica del Estado y el Establecimiento en la creación y consolidación paramilitar, así como su responsabilidad en los crímenes que contra la humanidad cometieron esos grupos. La ley entonces, con este silencio remitía al cesto del olvido la responsabilidad estatal y del Sistema, y a cambio, aseguraba un anónimo pero latente autoperdón.
Mientras tanto, más de treinta mil paramilitares (muchos no lo eran) sin necesidad de control judicial y sin que fueran obligados a declarar la verdad ante tribunal alguno, fueron indultados de forma automática. Esta modalidad, dejó en la impunidad muchos crímenes de lesa humanidad, impidió conocer muchas verdades sobre crímenes atroces, y como consecuencia, impidió justicia y reparación. Todo esto, sin necesidad de aplicar la ley de justicia y paz, la cual ni siquiera había sido aprobada cuando comenzaron a producirse las parafernálicas desmovilizaciones colectivas acompañadas de bendiciones de impunidad y cánticos de perdón y olvido.
La Corte Constitucional al hacer el control de la ley de justicia y paz, fijó algunos parámetros y lineamientos interpretativos en un intento de hacerla más presentable ante los ojos escrutadores de la comunidad nacional e internacional. Sin embargo, decretos del gobierno y resoluciones y directrices de la fiscalía, aparecieron presurosos en el escenario para restar o neutralizar los alcances del pronunciamiento de la Corte Constitucional en claro detrimento de la participación real y efectiva de las víctimas en los procesos penales, así como para afectar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Estos mecanismos legales surgieron para «torcerle el cuello» al fallo de la Corte Constitucional, que en todo caso no pudo arreglar lo que nació para viabilizar la impunidad.
Luego, vinieron las detenciones de algunos de los congresistas puestos por el paramilitarismo en la tribuna legislativa, así como de otros altos funcionarios como Jorge Aurelio Noguera exdirector de la Central de Inteligencia del Estado -DAS- y exdiplomático del presente gobierno, de gobernadores y de alcaldes, entre otros. Al mismo tiempo, las declaraciones de los paramilitares empezaron a poner en la picota pública a empresas multinacionales, gremios, ganaderos, industriales, militares y a la clase política -incluidos altos ejecutivos del gobierno actual y hasta un primo del presidente- en el surgimiento o desarrollo del paramilitarismo; es decir, pusieron sobre la mesa, lo que el «país informado» sabía desde hace muchos años, y lo que el Establecimiento se encargó de esconder de mil maneras, incluso, acudiendo al crimen sistemático.
Es entonces, cuando el presidente de la República sorprende al país con la temeraria propuesta de excarcelación, -la cual debe causar estupor en las conciencias humanistas- presentándola engañosamente como una generosa iniciativa de paz y de búsqueda de verdad, cuando en realidad constituye una descarada propuesta de impunidad. No vale que diga que la ley de excarcelación sería de carácter general, pues el país sabe que la verdadera intención de la iniciativa es sacar de las cárceles a sus amigos congresistas y a quienes en un futuro corran la misma suerte por apoyar el proyecto paramilitar, es decir, a los agentes del Estado civiles o militares, a los representantes y dueños de los grupos económicos, de los gremios, de empresas nacionales y transnacionales, entre otros.
Es posible que el presidente permita la salida de la cárcel de algunas decenas de guerrilleros arrepentidos para mostrar que la excarcelación funciona también para personas diferentes a los paras. Sin embargo, esa «gratuita cuota inicial» no será más que una cortina de humo para ocultar lo que en realidad tal iniciativa encierra, o sea, favorecer a quienes contribuyeron con la estructura militar, política, social y económica del paramilitarismo, ya sea desde el Estado o desde las empresas privadas. Con esta propuesta de excarcelación sucede lo mismo que con la ley de justicia y paz, es decir, se muestra como una ley aplicable a todos, pero que todo el mundo sabe que está dirigida o pensada para favorecer -en lo fundamental- a un determinado grupo; en estos dos casos, al paramilitarismo y sus beneficiarios.
El presidente se cuida al presentar la propuesta de excarcelación, advirtiendo que no sería aplicable para delitos atroces y crímenes de lesa humanidad. Podríamos deducir que lo que se ha querido decir es que la excarcelación opera a favor de quienes sean señalados como responsables de CONCIERTO PARA DELINQUIR que es el nombre que el código penal vigente del año 2000 le da al fomento del paramilitarismo, pues en el código penal de 1980 sí existían conductas punibles con el nombre de paramilitarismo como tal, a secas, sin rodeos y sin eufemismos ocultadores.
Lo que se debe tener presente es que, quienes en reprochable contubernio: crearon, fomentaron, apoyaron, y auspiciaron el paramilitarismo no solo deben responder ante la ley y la sociedad por el simple delito de concierto para delinquir, sino que, deben responder por CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD, es decir, por la sistemática y masiva comisión de crímenes de lesa humanidad que durante todo su discurrir histórico han cometido las organizaciones paramilitares. El paramilitarismo tuvo y ha tenido determinadores y beneficiarios concretos, cuya responsabilidad penal no puede reducirse al mero «concierto para delinquir».
La comisión de crímenes contra la humanidad permitió imponer un modelo de economía, que tuvo beneficiarios concretos, es decir, las élites económicas y políticas, al mismo tiempo que la población civil se convirtió en el blanco fundamental de la acción paramilitar. Especialmente fueron sus víctimas: líderes populares, dirigentes sociales y políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos, así como comunidades enteras. La estrategia paramilitar logró un clima de amendrentamiento social para imponer su excluyente modelo de acumulación de capital, a través del desplazamiento forzado y el despojo a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas; de genocidios y de desapariciones forzadas, de masacres, homicidios y torturas.
Quienes se comprometieron a «refundar el país», necesariamente tenían conocimiento de que tal propósito, no se lograba mediante métodos santos, sino a través de la sistemática y masiva comisión de crímenes atroces. ¿O será que no tienen ninguna responsabilidad penal en esos crímenes, quienes fomentaron o apoyaron a las organizaciones autoras materiales de los mismos? Por eso, quienes se comprometieron con ellas, deben responder por CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD, y no por el lacónico concierto para delinquir, pues sancionar por delitos menos graves que los realmente cometidos, también constituye un odioso, disimulado y sofisticado mecanismo de impunidad.
Quienes hicieron parte del proyecto paramilitar y se comprometieron con éste, sin duda, son penalmente más responsables que quienes realizaron materialmente las atrocidades, e incluso, más culpables que quienes actuaron como cabeza visibles de esas hordas del crimen. Se escuchan voces, que dicen que no es justo que los jefes paramilitares tengan penas tan benignas, mientras que los agentes del Estado que los apoyaron sufran penas más largas. Tal razonamiento es equivocado desde todo punto de vista, pues el patrocinio desde el Estado -o desde el poder económico- a estos grupos, es mucho más grave y reprochable que la acción de quienes abiertamente aparecen como paracos. Al fin y al cabo, los jefes de esos grupos, son apenas la mano ejecutora de las políticas que definen y estimulan estos medios terroríficos de «control social» y de imposición a sangre y fuego de modelos económicos, sociales, culturales y políticos, que no precisamente están pensados para fortalecer la democracia y el Estado Social de Derecho.
De modo que los comprometidos con el paramilitarismo no son menos responsables que quienes actuaron como meros ejecutores de las políticas trazadas detrás del telón. Por eso, también son fautores de delitos atroces, son responsables de crímenes de lesa humanidad, por tanto, deben ser perseguidos penalmente por crímenes contra la humanidad. En consecuencia, no podrían ser cobijados con la propuesta presidencial de excarcelación, ni tampoco de futuras amnistías o indultos, sean éstos abiertos o soterrados.
Muy infortunadamente, el paramilitarismo no ha sido un fenómeno aislado del Estado, pues la historia documentada nos cuenta que éste le dio apoyo legal, lo fomentó y consolidó, incluso, los mismísimos manuales del ejército así lo evidencian. En todo caso, no es hora de negar lo inocultable y lo supra-evidente, no es posible tapar el sol con un dedo. Mas bien, debe reconocerse abiertamente que el paramilitarismo constituyó una estrategia de Estado y del Establecimiento para asegurar sus fines de naturaleza económica y política. El paramilitarismo, sin duda, ha sido la expresión más emblemática del Terrorismo de Estado que ha azotado hasta donde más a la sociedad colombiana, mientras los réditos de sus crímenes coronan la cabeza del selecto grupo de plutócratas beneficiarios. Se reitera que los máximos responsables del prontuario criminal de los paramilitares no están en la cárcel de Itaguí, allí están solamente los instrumentos, es decir, las cabezas visibles de tan macabra estrategia.
Fue el mismo Mancuso, quien se encargo de poner el dedo en la llaga, al reconocer en su versión ante el fiscal de justicia y paz que en Colombia, lo que realmente existió fue un paramilitarismo de Estado, presentándose asimismo como prueba fehaciente de ello.
A la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales colombianos les corresponde entonces, superar el concepto de CONCIERTO PARA DELINQUIR y pasar a manejar la categoría de CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD conforme ha ocurrido en otras latitudes del mundo en situaciones similares, lo que implica investigar y juzgar a los responsables bajo estos parámetros conceptuales, si se quiere evitar que en un futuro tribunales internacionales tengan que ocuparse de esta tarea, dada la laxitud o lenidad con que son o puedan ser tratados estos criminales por el Estado colombiano, bien porque se desarrollaron juicios aparentes, o bien porque simplemente se quiso sustraer a los responsables de la acción de tribunales internacionales.
Volviendo al tema de la «excarcelación», será que la ley que eventualmente le diera soporte legal -si es que hay ley-, la votarían sin que se declararan impedidos los congresistas cuestionados por paramilitarismo, así como aquellos que han reemplazado en sus curules a quienes hoy tienen sus despachos en la cárcel?. Será que el gobierno acudirá a un decreto usurpando la función legislativa que le corresponde al parlamento en estas materias?…o será que apelará a la figura de conmoción interior en un claro abuso del los estados de excepción?
Todos estos razonamientos, obligan a repudiar de plano la indecorosa propuesta presidencial de excarcelación por constituir un monumental agravio a las víctimas y a la sociedad. Con mayor razón cuando se pretende favorecer a servidores del Estado, quienes deben ser castigados con mayor severidad y no tratados con indina blandura, pues en su condición de autoridades no tenían como función constitucional violar los derechos humanos, sino garantizarlos; no era su función apoyar el crimen sino combatirlo. La propuesta de la Casa de Nariño resulta leonina, es irrazonable y riñe contra todo principio de justicia. La malhadada iniciativa constituye un premio a quienes desde las entrañas del Estado y la empresa privada apoyaron y se beneficiaron de los crímenes cometidos por los paramilitares. Indudablemente, se está estimulando el crimen antes que garantizar su no repetición, muy a pesar de los ingentes y hasta sagaces esfuerzos que hace el gobierno para darle presentación a lo que es de suyo impresentable. Ya el presidente de la Corte Suprema de Justicia cuestionó públicamente esta medida de impunidad. ¿Será que la comunidad nacional e internacional se va a cruzar de brazos ante semejante propósito?. La indolencia y alienada concurrencia nacional no puede llegar a los ignominiosos extremos de aplaudir tan afrentosas propuestas que se lanzan sin rubor alguno al teatro de la impunidad. Amanecerá y veremos.