El reciente discurso del Presidente Lagos, en el contexto de la difusión al país, del Informe de la Comisión de Política y Tortura, presentó una propuesta de reparación de derechos humanos (DDHH) para las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar. Es altamente positivo que el Presidente de Chile y el Informe […]
El reciente discurso del Presidente Lagos, en el contexto de la difusión al país, del Informe de la Comisión de Política y Tortura, presentó una propuesta de reparación de derechos humanos (DDHH) para las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar.
Es altamente positivo que el Presidente de Chile y el Informe de la Comisión de Política y Tortura reconozcan públicamente que la tortura y prisión política fueron crímenes cometidos como parte de una política institucionalizada del Estado de Chile.
Esta propuesta presidencial para reparar nuestros derechos y remediar el daño causado nos es adecuada. Es decepcionante. La reparación es mínima y no hay reconocimiento real del daño y la extensión de los crímenes cometidos, y la necesidad de justicia que existe entre las victimas.
En el discurso del Presidente Lagos no se nombró la palabra Justicia. No se nombró a los responsables por lo crímenes de lesa humanidad que se testimoniaron a la Comisión. No se nombró como responsables a las fuerzas armadas, las cortes de justicia, los políticos civiles que fueron cómplices y participes de estos crímenes, ni a los partidos políticos que encubrieron y callaron. Justicia es parte de la reparación en un estado de derecho.
En este discurso ni en el informe de la Comisión se nombran a las victimarios ni a los violadores. Más aún, se propone hacer secreto los testimonios de las víctimas por 50 años, lo que beneficia indirectamente a los torturadores y les facilita la continuidad de su impunidad.
El Presidente nos dice que no tiene respuestas al porque se nos violaron nuestros derechos fundamentales. Nos dice que el que el silencio sobre estos crímenes fue, por una parte, el resultado del miedo creado por la dictadura y, por otra parte, de la decisión de las víctimas de proteger su dignidad. Aunque ese fuera el caso, esta explicación no justifica un total de 31 años de impunidad de los torturadores, y 14 de esos años de impunidad en gobiernos democráticos. Tampoco, esa explicación justifica la exclusión de «la prisión política y la tortura» de los informes e investigaciones sobre las violaciones de DDHH que se realizaron anteriormente en el país. Exclusión no es lo mismo que silencio. También cabe hacer notar, que un buen número de nosotros, ex prisioneros políticos y torturados, hemos estado denunciando estas violaciones por décadas, comenzando por nuestras propias denuncias a la Cruz Roja Internacional cuando estábamos secuestrados en los campos de concentraciones de la dictadura en Magallanes y en Isla Dawson.
Las reparaciones propuestas son mínimas, no se reconoce la necesidad de tratar de reparar por el daño causado por la prisión y la tortura en términos económicos – o sea la indemnización. La pensión propuesta es de gracia, no es compensatoria, y no alcanza a $ 200 mensuales. El costo total anual de estas pensiones es equivalente a un par de aviones F19 que la Fuerza Aérea desea comprar. Estas reparaciones son inadecuadas, no alcanzan ni para ser austeras, y están muy lejos de ser justas. En realidad, la falta de equidad y relación entre loa magnitud de los crímenes y las reparaciones que se proponen disminuye la dimensión real de lo que fue ser torturado y prisionero político durante la dictadura.
A más de tres décadas del inicio de nuestras torturas y prisión política, aún no se abren caminos de justicia y reparación integral, y se refuerzan las avenidas de impunidad.
29 de Noviembre de 2004