Ya lleva más de una semana la protesta campesina en la región del Catatumbo -campesinos de doce municipios se han sumado a la misma- y las demandas sociales no se diferencian a las de muchas regiones del país, carencia de servicios públicos básicos, problemas de alternativas productivas rentables -que es una de las razones para […]
Ya lleva más de una semana la protesta campesina en la región del Catatumbo -campesinos de doce municipios se han sumado a la misma- y las demandas sociales no se diferencian a las de muchas regiones del país, carencia de servicios públicos básicos, problemas de alternativas productivas rentables -que es una de las razones para la presencia de cultivos de uso ilícito-, en fin, presencia precaria o inexistente del Estado. Pero en el centro de la misma aparece con fuerza el tema de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y la demanda de conformación de una zona de reserva campesina -que está en curso desde antes de los diálogos de La Habana-, porque los campesinos consideran que es una forma de garantizar su propiedad de la tierra y los programas de desarrollo.
Pero la respuesta estatal ha guardado el estándar histórico de este tipo de movilizaciones sociales. Primero dejar las cosas sin atención, exclusivamente en manos de las autoridades locales que no tienen la capacidad para poderlas resolver -entre otras porque la mezquina descentralización es poco lo que les ha transferido a estos funcionarios en cuanto a capacidad de decisión- y de la Fuerza Pública, que normalmente tiende a ver estas movilizaciones sociales solamente como un problema de orden público -que también lo son- y como expresiones de infiltración de movimientos subversivos y por supuesto la respuesta tiende a ser básicamente represiva. Segundo, como normalmente no se resuelven de esta forma, sino que tienden a crecerse -el gobierno no debería olvidar que en una sociedad como la nuestra con tantas carencias sociales represadas la posibilidad de replicación de estas protestas en otras regiones del país es muy grande-, entonces aparece el nivel central del gobierno tratando de resolver un problema que hubiera podido evitar si tuviera una capacidad de acción proactiva y no solamente reactiva.
En el caso colombiano, en el pasado y en el presente -refresquemos la memoria con la masacre de las bananeras en 1928, la muerte violenta de nueve estudiantes de la Universidad Nacional, entre el 8 y 9 de junio de 1954 al ser reprimida la manifestación de jóvenes universitarios liberales y conservadores durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, el tratamiento a múltiples movilizaciones sindicales y campesinas- la situación no es muy diferente: toda expresión de protesta social -sea de campesinos, pobladores, sindicalistas o estudiantes-, como expresiones o manipulaciones de los ‘terroristas’, pero todo ello para deslegitimar la protesta frente a los ciudadanos y justificar casi siempre tratamientos solamente represivos. En Colombia la presencia del conflicto interno armado crónico les ha dado argumentos a los gobernantes para esta descalificación.
El poder establecido siempre tiende a descalificar a quienes lo cuestionan o lo confrontan y casi siempre terminan dándole calificativos y valoraciones equivocados. Durante la guerra fría eran los ‘comunistas’ quienes supuestamente estaban detrás de todo tipo de expresión de descontento social. Después del 11 de septiembre de 2001 son los ‘terroristas’ los nuevos demonios. Pero realmente lo que hay en el fondo es la incapacidad de los gobernantes -sin importar mucho el signo político, todos reaccionan de manera similar- de reconocer la protesta ciudadana como una de las expresiones legítimas del descontento social.
Porque claramente lo que expresa la protesta social es un descontento que se manifiesta por las vías de hecho, fundamentalmente porque hay poca o nula credibilidad en los canales institucionales. Este es de los grandes desafíos de las democracias contemporáneas, que tienden a creer que la democracia se agota en los mecanismos de representación institucional y minimizan o subvaloran las expresiones de la participación ciudadana. A propósito, ¿donde están los congresistas de la región del Catatumbo, de los distintos partidos políticos ayudando a resolver un problema social relevante?
Ojalá el gobierno nacional, a través de sus distintos funcionarios, con el acompañamiento de la iglesia católica que ha sido fundamental y de los gobernantes municipales, encuentren el camino apropiado de solución, vía el medio básico para resolver conflictos en democracia: el diálogo con los ciudadanos descontentos. Y que la tentación propia de los gobernantes autoritarios, que creen que todo se resuelve solamente con el uso de la fuerza no prime, porque muy seguramente el problema no se resuelve sino que se empeora. Sensatez esperamos de los gobernantes, especialmente con regiones totalmente abandonadas de la acción pública, como esta del Catatumbo.
(*) Alejo Vargas Velásquez es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.