El gobierno colombiano siempre insiste en que el derecho a la protesta social en Colombia se respeta. Sin embargo, el Paro Nacional Agrario y Popular, convocado desde el 19 de Agosto por las principales organizaciones campesinas del país, junto con sectores como transportistas, salud y mineros, ha recibido un tratamiento militar por parte de las […]
El gobierno colombiano siempre insiste en que el derecho a la protesta social en Colombia se respeta. Sin embargo, el Paro Nacional Agrario y Popular, convocado desde el 19 de Agosto por las principales organizaciones campesinas del país, junto con sectores como transportistas, salud y mineros, ha recibido un tratamiento militar por parte de las autoridades, que han violentado toda clase de derechos de los manifestantes. Es más, ni siquiera ha recibido la protesta social un trato sencillamente militar: el trato que ha recibido es propio de una situación de guerra sucia. Tanquetas, helicópteros artillados y desembarco de tropas, sobrevuelo de aviones de guerra, fusiles, perdigones, bombas aturdidoras, gases, bombas caseras con metralla… ese es el arsenal al que se han enfrentado campesinos desarmados, que han salido a marchar presionados por el hambre y las necesidades más básicas insatisfechas, muchas veces de la mano de sus familias. En los departamentos de Caquetá, Meta y Huila se ha llegado, incluso, a que el gobierno ofrezca hasta $10 millones (pesos colombianos) por información para identificar a los líderes del paro, utilizando mecanismos propios de la guerra contrainsurgente.
Oscar Salazar, dirigente del proceso campesino de La Vega (Cauca) y uno de los voceros nombrados por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), una de las principales instancias convocantes al paro, nos explica el panorama represivo que se vive a nivel de país:
«Hay una falta absoluta violación a los derechos humanos, estamos ante formas desproporcionadas, absurda, hasta criminales, de violencia en contra de quienes manifiestan su legítimo derecho a la protesta… el ejército lanza desde helicópteros bombas aturdidoras, es muy duro, traen tropas de infantería, tropas del ejército, que disparan de manera indiscriminada… hay una niña víctima de estas agresiones, que le atravesaron el abdomen con un proyectil de un fusil, acá en Cundinamarca… se están usando armas no convencionales, escopetas recargadas con metralla para agredir a los manifestantes… la violencia es totalmente desproporcionada…«
Guerra sucia contra los campesinos en el Cauca: El Cairo y Galindez
Una situación particularmente grave, es la que se vive en el departamento del Cauca, donde los dos puntos de concentración, en el norte y en el sur del departamento, enfrentan un cerco militar en el cual el ejército y la fuerza pública demuestran su interpretación de la doctrina del «enemigo interno». En esos dos puntos, en El Cairo (Cajibío), y en El Pilón, corregimiento de Galindez (Patía) se está cercando militarmente a los campesinos, mientras se les agrede, se les queman los cambuches que han improvisado, los soldados les roban los alimentos y les botan el agua. Según explica Lisette Montero, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano «Francisco Isaías Cifuentes», la situación es incluso más grave que un tratamiento militar, porque se están violentando principios básicos aún en tiempo de guerra, como ser la «negación de corredores humanitarias, y el mantenimiento de condiciones mínimas de las personas, se les está haciendo pasar hambre y se les está privando de acceso a la salud… en el sector del Cairo incluso tuvimos un ataque contra una misión médica, porque el ESMAD no permitió que se evacuara a los heridos«. En esa ocasión, según informa un comunicado de la mencionada Red, una misión humanitaria integrada, entre otros, por miembros de la defensoría del pueblo, fueron repelidos por ESMAD y ejército con bombas de aturdimiento.
En El Cairo (Cajibío), se encuentran congregados unos 2.000 campesinos, que están siendo violentados por unos 600 efectivos, fuerzas combinadas del Ejército, Policía Nacional, Policía Militar, ESMAD y 10 tanquetas. Aparte de los sobrevuelos constantes y ataques desde helicópteros. Logramos hablar con un dirigente de los campesinos que están acorralados, y su testimonio es dramático:
«Tenemos aproximadamente 13.000 personas movilizadas en el Cauca, unos en el sur del departamento, otros en el norte… estamos sufriendo en estos mismos momentos de un cerco militar, la defensoría del pueblo ha hecho presencia pero la fuerza pública no permite siquiera que haya salida de la gente, nos amenazan que nos van a capturar, tenemos 2.000 campesinos en esta situación de zozobra… En el sur tenemos unos 7.000 campesinos en un hueco, mientras la fuerza pública está avanzando, tanto en el sur como en el norte, no nos dejan pasar alimentos, lo mismo pasa en el sur del Cauca los compañeros piden auxilio pero no saben qué hacer, es muy grave la situación«.
Tan grave es la situación, que el gobierno ha llegado incluso a judicializar a dos heridos, Juan Pablo Bueno y un mayor de edad, Eusebio Ulcué, heridos durante la represión de ayer, 20 de Agosto, en El Cairo. Nos aclara Lisette Montero, sobre la represión en El Cairo, que
«en estos momentos tenemos un herido por arma de fuego, Andrés Guachetá, herido en el pie. También hay otros cinco heridos a causa del uso de gases y armas no convencionales, granadas con grapas, y otras que se están arrojando contra la población campesina. También tenemos cuatro detenidos, incluido un menor de edad, Carlos Andrés Giraldo, del municipio Corinto, que no sabemos dónde lo tienen… está desaparecido, lo que es una situación muy angustiante«.
Los campesinos no dudan en señalar a los oficiales Julio Pinzón Arévalo, comandante de la XXIX Brigada del Ejército, y Ricardo Alarcón Campos, comandante de la Policía en el Dpto. de Cauca, de ser los responsables materiales directos de estas agresiones y abusos.
En el punto de concentración sur, en El Pilón (Galindez, Patía), también se han reportado ataques contra los manifestantes con fusil, bombas de aturdimiento, armas de fragmentación y perdigones, por parte del ESMAD y el Batallón de Alta Montaña No. IV «General Benjamín Herrera Cortez» del ejército. Como consecuencia de estas agresiones, se han dado los siguientes heridos de gravedad: Eiver Bolaños, herido de un impacto de bala en el pie, Diógenes Enríquez, herido en el cuello, Nestor Timana, herido en el cráneo, cuello y brazo, Marino Díaz, herido en la pierna y Apolinar Montero, herido en la espalda. También hay 22 detenidos en el sur del Cauca, y un número no determinado de personas agredidas y golpeadas por la fuerza pulica. Según Lisette Montero, «no hay garantías para la protesta en ninguno de los puntos de concentración en el departamento«.
Pese a la aplicación de una violencia desmedida y de métodos terroristas por parte de las fuerzas del Estado, la justicia de las demandas de los campesinos los mantiene firmes y resueltos a seguir en su lucha. «Los campesinos están replegados en estos momentos«, nos comenta el dirigente campesino del Cairo, «están en asamblea tomando decisiones, la gente está con ánimo y con la fuerza pues por la justeza de las exigencias que tenemos, así vamos a seguir la movilización, pero estamos cercados militarmente, entonces nos toca ver la correlación de fuerzas y evaluar la manera de seguir adelante«.
Unidad nacional del movimiento: garantía para la victoria
Montero ratifica la resolución del campesinado: «La definición de la gente es de mantenerse y seguir en paro hasta que se tengan los resultados a nivel nacional… la gente sigue con la decisión firme de participar en la jornada, pese a la represión, estamos trabajando la unidad a nivel de las coordinaciones nacionales para que haya más participación, hay perspectivas positivas para los próximos días«.
Ese es el factor clave: en medio de los pliegos regionales y departamentales, y de las dinámicas locales de cada proceso, no debe perderse de vista que es una lucha nacional, que debe darse de manera unitaria, sin ánimos mezquinos, que es lo que intenta cultivar el gobierno para así dividir al movimiento y reducir la protesta a la impotencia. Oscar Salazar se refiere a este tema, aclarando que:
«El gobierno está utilizando la táctica de negociar con unos y no con otros de hace varias semanas, para fortalecerse utilizando a los movimientos que buscan prebendas particulares, en lugar de demostrar la unidad del conjunto… el gobierno da oportunidades para que se ganen prebendas y así ir cooptando… a nosotros mismos nos llegó con esos señuelos, prometiendo que nos darían plata, pero nosotros dijimos que no, que esto es un problema de todos, que tenemos una mesa nacional para negociar el conflicto y como tal tenemos que operar. Tenemos un pliego nacional, tenemos un espacio de coordinación con los otros procesos en la movilización nacional, esperamos así que podamos coordinar las acciones y esperamos que todos los procesos fortalezcan sus acciones para negociar con el gobierno nacional de manera conjunta«.
A pesar de la violencia oficial que hemos presenciado en Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Nordeste Antioqueño, Cauca, etc., así como del bloqueo de los medios de información oficiales, la protesta sigue: «La represión ha sido brutal«, nos explica Salazar, «pero aquí estamos. Hay 24 departamentos que han acogido las diferentes convocatorias en el marco de este paro nacional agrario y popular… nosotros como MIA, tenemos acciones en 17 departamentos, con unos 50 puntos de concentración en todo el país, hemos llegado a tener alrededor de 12 puntos de bloqueos nosotros solos… se mantienen sistemáticamente 6, porque la represión ha sido brutal«. En total, sumando a todas las expresiones convocantes a este paro (incluyendo a los camioneros, al Coordinador Nacional Agrario, etc.), según la policía, se sostienen un total de 18 los bloqueos en ocho departamentos. Según cifras oficiales de la policía, se trataría de 30.000 manifestantes, pero en total, el número de personas que participarían del paro, según la prensa oficial, podría ascender a 200.000 personas [1], cifra que no se ha podido concentrar debido a la violenta represión que mantiene a los grupos dispersos.
La respuesta violenta del Estado a una movilización social pacífica pone en entredicho las credenciales democráticas de las que el gobierno colombiano presume, particularmente en momentos en que se negocia un acuerdo de paz con la insurgencia. Salazar nos dice de manera enfática al terminar nuestra conversación que «la injusticia social es lo que causa toda esta violencia en Colombia, porque los campesinos se manifiestan con sus manos vacías… las políticas del gobierno son violentas e injustas. No hay de momento ninguna voluntad de diálogo«. Es preciso juntar manos y esfuerzos, apoyar este paro, no ceder al miedo ni a la violencia del Estado, materializar la indignación en acciones solidarias concretas. ¡Viva el paro agrario y popular!
NOTAS:
[1] http://www.semana.com/nacion/
* Para informaciones actualizadas sobre la situación en el Cauca y en el Suroccidente colombiano, revisar la página web de la Red «Francisco Isaías Cifuentes» http://www.reddhfic.org
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de «Problemas e Possibilidades do Anarquismo» (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro «Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina» (Quimantú ed. 2010).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.