Esta semana visité Montería por primera vez. Lo hice por invitación del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol. El aeropuerto está cerca de la ciudad y colinda con la hacienda El Uberrimo, propiedad del presidente Álvaro Uribe. Mis acompañantes me hablan del abogado José Corena, quien se ha encargado de los negocios […]
Esta semana visité Montería por primera vez. Lo hice por invitación del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol. El aeropuerto está cerca de la ciudad y colinda con la hacienda El Uberrimo, propiedad del presidente Álvaro Uribe. Mis acompañantes me hablan del abogado José Corena, quien se ha encargado de los negocios de tierras del Presidente y de su primo Mario Uribe. En la misma región tienen tierras los Castaño, Mancuso y alias ‘Don Berna’. A pocos kilómetros se encuentran los barrios suntuosos de los ganaderos y terratenientes de la región: El Recreo y La Castellana. En este último, la familia de Mancuso tiene una gran mansión. En la ciudad hay locales comerciales que todo el mundo sabe que pertenecen al jefe paramilitar. Cuando pregunto si alguna autoridad ha ordenado la extinción de dominio sobre esos predios y negocios, quienes me acompañan se ríen. En esa misma zona quedan el club social y los estaderos, donde se hacen las reuniones de la alta sociedad. Me cuentan que en las fiestas se veía con frecuencia al ex fiscal Luis Camilo Osorio. Pasamos por el restaurante La Vittoriana propiedad de los hermanos Jaime y José Maroso, socios y testaferros de Mancuso. José fue nombrado por este gobierno en cargos diplomáticos: uno en Italia, el otro en Suiza. Ahora los grupos paramilitares los dirige Doménico Mancuso, primo de Salvatore.
A la sombra del puente que mandó a construir el presidente Uribe, y que lleva a su hacienda, en las riberas del río Sinú habitan miles de desplazados en la miseria. Vienen de sitios como Tierralta y Valencia. El Comité Civil de Víctimas del Departamento de Córdoba, Comfavic, agrupa a 7.800 familias. Muchas tienen más de un asesinado o desaparecido por los grupos paramilitares. Es obvio que para quien viviera o visitara la ciudad o las haciendas vecinas era imposible ignorar la realidad de esos crímenes. ¿Cómo desconocer que se estaban perpetrando miles de asesinatos, y no ver a los desplazados? ¿Cómo ignorar quiénes eran Mancuso y el clan de los Castaño en una ciudad en la que todo se sabe y se comenta en voz baja?
Finalmente llegamos a la Universidad de Córdoba. Los empleados y estudiantes han comenzado un movimiento para exigir que renuncie el actual rector, Claudio Sánchez Parra. También reclaman verdad y justicia. Desde 1995, 19 personas pertenecientes a la Universidad han sido asesinadas. El 18 de febrero de 2003, Mancuso citó a profesores y empleados a Santa Fe de Ralito, y les advirtió que de no asistir deberían atenerse a las consecuencias. En la reunión estaba presente el delegado del Gobierno, Félix Manssur Jattin. Luego de leer las hojas de vida de los profesores que habían sido sacadas de los archivos de la Universidad, Mancuso les presentó a Sánchez Parra y les dijo: «Éste que está aquí a mi lado es mi amigo, y en la universidad debo tener a mis hombres de confianza». El nuevo rector designó a familiares de Mancuso en puestos de dirección. A pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría adelantan investigaciones en su contra, sigue en la rectoría. Esta semana el Movimiento de Víctimas dirigirá una petición al Gobierno y hará una campaña internacional pidiendo su destitución inmediata.
Tal vez existan fotos, testigos o grabaciones de los encuentros de los terratenientes, políticos y militares con Mancuso, mientras miles de personas estaban siendo asesinadas o desplazadas. Pero más allá de esos elementos fácticos, todo el orden social, la vecindad espacial de las grandes haciendas y los centros de la alta sociedad en Montería, muestran la realidad de un poder criminal: la prueba es la ciudad misma.