Autoridades de las comunas de Coyhaique, Aysén, Tortel, Cochrane, Cisnes y Chile Chico han criticado los anuncios públicos de la empresa, denunciado situaciones anómalas o expresado su oposición a la iniciativa que pretende represar los ríos Baker y Pascua, y cruzar su región de sur a norte por cientos de torres de alta tensión. Un […]
Autoridades de las comunas de Coyhaique, Aysén, Tortel, Cochrane, Cisnes y Chile Chico han criticado los anuncios públicos de la empresa, denunciado situaciones anómalas o expresado su oposición a la iniciativa que pretende represar los ríos Baker y Pascua, y cruzar su región de sur a norte por cientos de torres de alta tensión.
Un persistente enfrentamiento público ha sostenido durante las últimas semanas HidroAysén con diversos alcaldes de la región de Aysén. Mediante cartas al director y controversias sobre la forma en que la empresa se relaciona con las comunidades, los representantes comunales han develado el áspero vínculo que mantiene la compañía con las autoridades locales y la ciudadanía.
Este escenario, en cierta medida, contraviene sus últimos intentos por mostrarse ante el país como una sociedad que aplica responsabilidad social empresarial y prácticas de «buena vecindad» con las comunidades que habitan los territorios en el ámbito de influencia social, cultural, económica y productiva de los ríos Baker y Pascua, donde pretenden Colbún y Endesa construir sus 5 represas.
Algo que dejó de manifiesto la crónica «HidroAysén: ¿Energía con futuro?» de la sección «Reporteros» que TV-UC emitió este martes en Teletrece y que mostró a más habitantes de Aysén en oposición al proyecto que a favor.
La pugna epistolar con Coyhaique y Tortel
El 23 de marzo el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, publicó en La Tercera una carta en la cual dio a conocer su rechazo al proyecto expresando su «postura contraria a sacrificar nuestras comunidades y prístinos ecosistemas», sin embargo lo cual reiteró su compromiso con «una consulta ciudadana informada y democrática, que permita a nuestra gente conocer los verdaderos alcances de los proyectos hidroeléctricos». El edil también cuestionó la promesa de rebajar el costo de la energía que ha hecho HidroAysén «sin aclarar que esto no lo pueden cumplir por sí solos, al depender de cambios en el Congreso, el impulso del Ejecutivo y la anuencia de la eléctrica monopólica natural», preguntándose si «es correcto que una empresa se comprometa a algo que no está segura de cumplir». Al concluir relevó que la aspiración regional es «ser protagonistas de nuestro desarrollo, sin empresas asistencialistas que fomenten un falso sentido de dependencia económica en calidad de beneficiarias de nuestra región, lo que muchas veces oculta un sentido de aprovechamiento de las comunidades y sus recursos naturales. Más aun cuando está comprobado que existen alternativas mucho más sustentables que convertir Aysén en la gran pila de Chile».
María Irene Soto, gerente de Comunidad y Comunicación de la empresa, fue la encargada de responder mediante una misiva publicada el 26 de marzo. «En diciembre pasado realizamos un proceso ‘casa a casa’ mediante el cual se visitaron 11.131 hogares de Coyhaique y Puerto Aysén, equivalentes al 60% de la población de ambas ciudades. De las 60 personas que participaron en esta tarea, 20 eran dirigentes sociales y jóvenes becados de Aysén» dijo. Y agregó: «durante este ‘casa a casa’, uno de los temas que despertaron mayor interés por parte de la comunidad fue el beneficio de energía barata comprometido por la empresa, que busca reducir en un 50% las cuentas de electricidad para los habitantes de Aysén».
La respuesta no convenció al alcalde de Tortel, Bernardo López. Dos días después, el 28 de marzo, también entró en el debate con una carta en la cual se mostró sorprendido por lo afirmado por Soto «pues sabemos que rebajar el costo de la energía fue una condición impuesta en la resolución aprobatoria de mayo de 2011, reclamada por HidroAysén porque ‘supone la actuación de terceros respecto de los cuales HidroAysén no tiene control’… . Así, no entendemos cómo la empresa puede asegurar algo que depende de otros, más aun cuando se requieren cambios legales». En su opinión «muchos de quienes nacimos en esta tierra, particularmente en la desembocadura del Baker (paradójicamente, comunidades no consideradas como afectadas por HidroAysén) sabemos que este proyecto sería muy dañino para nuestra cultura, ecosistemas y desarrollo social, como ha ocurrido en otras zonas donde Endesa ha construido represas. El caso del Alto Biobío es dramáticamente ejemplar; allí, el desarrollo que se prometió nunca llegó y nunca llegará, porque la empresa ya se fue». Su conclusión fue clara: «No estamos dispuestos a hipotecar ese horizonte limpio porque una empresa se apropió de los derechos de agua de los ríos que nutren nuestra vida».
La gerente de Comunidad y Comunicaciones fue nuevamente la encargada de dar la versión de la compañía. El 30 de marzo señaló que «la empresa realizó una apelación ante el Comité de Ministros para precisar las condiciones en que se hará esta rebaja, para que pueda cumplirse y llegar efectivamente a la comunidad, incluso abriendo la posibilidad de transferir este beneficio por medio de subsidios directos».
Las quejas de Aysén y Cochrane
Pero no todos los cuestionamientos a HidroAysén por parte de los alcaldes de la región llegaron mediante cartas al director.
En el caso del alcalde de Aysén, Oscar Catalán, la polémica trascendió los medios escritos y obligó a HidroAysén a dar múltiples explicaciones sobre la acusación de financiamiento electoral. El 26 de marzo la autoridad comunal declaró en un programa radial local que «durante la campaña municipal nos querían dar 3 millones de pesos». Contra todo pronóstico, su molestia no fue por la posible intervención política sino porque tal cifra, a su entender, era «una falta de respeto» y «una miseria». «Estos amarretitos fueron recurridos y dijeron que sí, que tenían todas las ganas de ayudar, y nos querían dar tres millones de pesos» fueron sus palabras, rematando con un «cuando se retratan de la forma en que lo he dicho, está claro que lo único que buscan es enriquecerse y no les interesan las comunidades donde viven». Ante tal acusación, una vez más María Irene Soto debió salir a los medios para entregar la postura formal de la empresa: «Nosotros nunca hemos tenido ningún contacto con el alcalde, nunca le hemos ofrecido nada al alcalde, porque además, precisamente, las instrucciones que yo tuve cuando me hice cargo es trabajar directamente con las comunidades y es lo que estamos haciendo».
Una semana más tarde fue el turno del alcalde de Cochrane. El 1 de abril la prensa regional informó sobre la preocupación de Patricio Ulloa, formalizada mediante una carta de principios de febrero dirigida al Comité de Ministros, por el incumplimiento de HidroAysén de la resolución de calificación ambiental que le obliga a incluir al poblador René Muñoz -quien vive aguas abajo de la proyectada represa Baker 2- en el plan de relocalización (PDR) en las mismas condiciones de quienes serían afectados por la inundación de sus terrenos. La autoridad comunal expresó en la misiva que a pesar de «tan categóricas resoluciones, nos preocupa que la empresa no esté acatando lo resuelto por ustedes, por cuanto si bien lo incluyó en el PDR, lo hicieron en calidad de especial, entregándole a don René una propuesta que no guarda relación con lo ordenado ni con lo ofrecido a los otros pobladores afectado». Y pidió a las autoridades nacionales que «puedan exigir a la empresa que se ajuste a derecho y cumpla con lo ordenado respecto de don René».
La oposición de Chile Chico y Cisnes
Consultado sobre estas controversias el alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, expresó que «lamentablemente, en la región bastante experiencia tenemos con lo que la empresa ofrece públicamente y lo que hace en la realidad».
Como una forma de sustentar lo señalado recurrió a dos ejemplos.
«HidroAysén ha señalado públicamente que el proyecto de alta tensión con el cual pretenden interconectar Aysén con el SIC sería lo menos impactante posible para la Patagonia, asegurando que tales torres no superarían los 75 metros de altura» recordó. Y a renglón seguido agregó: «Lo que no dice la eléctrica es que su estudio de impacto ambiental sobre las represas aprobado en 2011 ya contempla cruzar gran parte de Aysén (180 kilómetros de interconexión de los cinco embalses) precisamente con torres de corriente alterna de 75 metros de altura, cruzando varias veces la Carretera Austral. En tal estudio, nunca propuso enterrar siquiera una de tales estructuras».
También se refirió a la afirmación de Daniel Fernández hace un par de semanas donde dijo que veía con buenos ojos la aplicación de un royalty para empresas de generación eléctrica. «Aunque suena a preocupación por Aysén, la empresa ha obrado muy distinto al exigir que se elimine la condición impuesta en la RCA de ‘presentar un plan de compensación en la eventualidad de que los ingresos provinciales y/o regionales derivados del turismo desciendan producto de la ejecución del proyecto'» expresó Muñoz. Por esto su opinión es que «HidroAysén no tiene compromiso social empresarial con nuestras comunas. Sólo quiere hacer un lucrativo negocio gracias al control que tiene de los derechos de agua en la caudalosa cuenca del Baker, que se nutre del Lago General Carrera, el segundo más grande de Sudamérica», para lo cual planteó que «una tarea urgente hoy es avanzar hacia la recuperación del agua para Chile y los chilenos».
Sus palabras son coherentes con la decisión unánime que el recién conformado concejo municipal adoptó el 22 de enero de este año, expresando su total rechazo a la iniciativa eléctrica.
Arsenio Valdés, alcalde de Cisnes, comparte la mirada de su colega de Chile Chico. «Me opongo a estos mega proyectos porque es hipotecar la región a cambio de nada, de ningún beneficio que estaría recibiendo la región de Aysén. Estaríamos entregando nuestra energía, nuestros ríos sólo a intereses económicos. Por esto Cisnes, en su mayoría y de distintas formas, se pronunció en contra» recordó el edil.
Un tema sensible para la comuna es el control de los derechos de aguas por parte de empresas eléctricas. Para Valdés «quizás se han hecho cosas con la legislación vigente, pero de espaldas a la comunidad. Nos hemos enterado que todos estos ríos son de empresas eléctricas, por lo tanto es un tremendo daño a las comunidades, a mucha gente humilde, gente de campo que no tiene derechos de agua sobre los ríos o arroyos que cruzan sus campos, pero sí estas empresas que no tienen ninguna presencia acá».
Estas controversias con 6 de los 10 de la región hacen complejo el escenario para HidroAysén, a la luz de sus esfuerzos por dar a entender en el nivel nacional que en la zona contarían con apoyo de las comunidades, lo que ha reforzado con una encuesta, cuya metodología aún se desconoce, realizada por Data Voz (consultora que no sólo hace estudios para HidroAysén sino que la asesora en su desempeño público, lo cual hace a muchos dudar de su independencia) donde se señala que en Aysén habría un 46,8 % de apoyo y un 46,3 % de rechazo al proyecto. En todo caso, incluso con estos rebatibles datos tener a la mitad de la población regional en contra no debiera ser algo de lo cual una empresa que se plantea como proyecto país y región, y que ha desplegado una millonaria campaña de intervención local, pueda enorgullecerse.
Como se ha visto, a la compañía le ha sido muy difícil demostrar estas cifras con los hechos, colisionando sus aspiraciones con la realidad y con lo expresado el lunes al Wall Street Journal por Fulvio Conti, director general de Enel (controladora de Endesa y, por extensión, del proyecto de represas en Aysén): «Seguiremos apoyando HidroAysén mientras el gobierno lo apoye, a nivel nacional y local». Pero si tal no ocurre, «no invertiremos y haremos otra cosa» fue su afirmación.
Hoy ya está claro que en los gobiernos comunales no tiene un respaldo mayoritario. Está por verse aún si el apoyo público que Sebastián Piñera se traducirá en hechos, en un año cruzado por la contienda electoral.