Sin invenciones ni exageraciones de ninguna índole, son estas las condiciones reales en las que se desenvuelve la ejecución del acuerdo sobre desminado en El Orejón, Briceño, Antioquia. Triste radiografía de un país que anhela la paz. No son precisamente las dificultades técnicas los mayores obstáculos a superar a mediano plazo, pero vale la pena […]
Sin invenciones ni exageraciones de ninguna índole, son estas las condiciones reales en las que se desenvuelve la ejecución del acuerdo sobre desminado en El Orejón, Briceño, Antioquia. Triste radiografía de un país que anhela la paz.
No son precisamente las dificultades técnicas los mayores obstáculos a superar a mediano plazo, pero vale la pena mencionarlas a objeto de graficar el lado más amable de las grandes distancias que separan las expectativas creadas de lo realmente alcanzado. Parece por fin haber quedado atrás la discusión entre el desminado manual y el mecánico, al tiempo que entre el BIDES (del Ejército Nacional) y la APN (entidad noruega especializada) se llegan a acuerdos para flexibilizar a los estándares nacionales los métodos y técnicas de cada uno de ellos.
Al parecer haría falta la presencia de algunos técnicos explosivistas de las FARC en la zona, para mayor precisión acerca de la ubicación de las minas antipersona, pero se trata de asuntos que no pueden resolverse sino cuando se presente la visita del Grupo de Dirección a El Orejón. Ese tipo de ayudas implica el ingreso de nuevo personal al proyecto, lo cual requiere aprobación de las tres partes involucradas en el mismo.
Las verdaderas complicaciones comienzan cuando se escucha la voz de las comunidades de la zona. La primera de sus preocupaciones se relaciona con el paramilitarismo, asunto que por lo delicado preferimos tratar más adelante. Pero la gente pregunta, sin olvidar la relación que puede existir entre los dos fenómenos, lo siguiente: ¿No se afectará la estabilidad territorial, social y económica de la región con la entrega de 1650 hectáreas a una compañía transnacional, para la explotación de la mina de oro de Berlín, cercana a la vereda de El Orejón?
Resulta contradictoria la actitud de los funcionarios del DAICMA, que se oponen a que los miembros de FARC vinculados al proyecto sostengan cualquier tipo de contacto con las comunidades o sus representantes, olvidando que nuestra organización es parte activa en el proceso de paz y en el proyecto piloto. Distintas comunidades de Briceño y municipios vecinos se acercan a expresar su interés en la inclusión del proyecto piloto de El Orejón, atraídas por la posibilidad de proyectos confiables de sustitución de cultivos de uso ilícito, obras de infraestructura o la indemnización justa para todos los afectados por HIDROITUANGO que perdieron su vocación y alimentación pesquera, al tiempo que garantías para la perdurabilidad de su pequeña actividad minera y sus derechos humanos asediados por el paramilitarismo. El Orejón ha servido para develar una problemática grave y compleja que exige toda atención.
Volviendo al proyecto piloto, referido a una zona específica y concreta, cabe referirse al ritmo de las obras, según el propio informe entregado el 24 de septiembre a las comunidades por la Cancillería, la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Briceño y APN. El puente prometido implica estudios previos y licencia ambiental, que si se cuenta con suerte saldrán en un semestre, al que hay que añadir los 4 o 5 meses de construcción si todo marcha bien. Plazo semejante implican las gestiones para intervenir la carretera, la cartografía del lote en donde se levantarán la escuela, el parque infantil y la plaza polideportiva. Habrá que iniciar estudios para los proyectos productivos, que serán ganadería y café, para lo cual los campesinos deberán organizarse en bloques de 10 o 15 personas. Y pasar por una capacitación previa.
Se sabe que los funcionarios del DAICMA en reunión con los de la Cancillería, expresaron abiertamente que cualquier otro plan piloto próximo tendría que replantear el tema de las obras de inversión social, por cuanto la actual experiencia demuestra que el objetivo inicial de desminar el territorio se desnaturaliza por completo en cuanto se incluye aquellas.
Quizás tenga esto alguna relación con las gestiones que adelante la organización no gubernamental OIM con la junta de acción comunal de El Orejón, a objeto de atender las personas afectadas por minas antipersonales. En la convocatoria de la alcaldía de Briceño en el marco del Plan Integral Hidroeléctrica de Ituango, a un taller al respecto, a celebrarse en el mes de septiembre, se ponían de presente los requisitos a llenar por los aspirantes: fotocopia legible de los documentos de identidad de cada uno de los integrantes del grupo familiar, fotocopia legible de la libreta militar, fotocopia legible de la ficha familiar del Sisben III, fotocopia legible de los carnets de las EPS, fotocopia legible de los carnets de vacunación de los menores de edad que hacen parte del grupo familiar, fotocopia legible del documento que sustenta la relación del grupo familiar con la vivienda y/o con la tierra que actualmente posee, que pueden ser: escritura pública, documento de compraventa, contrato de arrendamiento o aparcería resolución del INCORA, INCODER u otro, fotocopia del registro o inclusión el RUV, fotocopia de solicitud de reparación por vía administrativa 1290.
Con independencia de la celeridad que se puede esperar con tan minuciosa tramitología, las comunidades de El Orejón y otras veredas vecinas plantearon, hallando eco en los representantes del gobierno, las FARC y APN, que las indemnizaciones no podían ser limitadas sólo a los afectados por las minas antipersonales, sino que deberían ampliarse a todos los afectados por fenómenos como masacres, homicidios, desplazamiento, desarrollo de los proyectos hidroeléctricos y de líneas de transmisión eléctrica, violencia de género, incursión de compañías transnacionales, tratos crueles y torturas, falsos positivos, pérdida de cultivos, criminalización y estigmatización, empadronamientos y capturas ilegales, extorsión, secuestro y abandono por parte del Estado, todos los cuales han afectado durante décadas a los pobladores.
Con tal fin se acordó con los funcionarios del DAICMA una jornada con las víctimas para los días 17 y 18 de octubre en El Orejón, en la que participarían Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y la OMI. Ante la avalancha de solicitudes, los convocantes cambiaron la citación, para Pueblo Nuevo, molestos al parecer por el repentino protagonismo que la pequeña vereda de El Orejón comenzó a jugar en el clamor generalizado de los pobladores de este sector del departamento. La fecha acordada concurrieron a Pueblo Nuevo más de 500 personas provenientes de 7 municipios aledaños. Ante tan sorprendente número, que deja por fuera las víctimas que acudieron a El Orejón ignorantes del cambio de sede, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo se retiraron sin recibir ni una sola de las denuncias. Las víctimas no vieron otro recurso que realizar una Asamblea y expedir un documento de conclusiones que recibieron funcionarios del DAICMA y personal de APN, con el compromiso de hacerlo llegar a las más altas instancias del gobierno nacional.
La piedra del escándalo sin duda alguna la constituye el problema paramilitar, que subsiste sospechosamente, pese a la presencia masiva de las tropas del Ejército Nacional. Ya en agosto de este año había sido suspendida la parte técnica del proyecto, como consecuencia de la denuncia de las comunidades afectadas, lo cual pudo solucionarse gracias a reuniones del Grupo de Dirección y el Grupo de Referencia del Proyecto Piloto, en las cuales el gobierno nacional adquirió el compromiso de integrar los esfuerzos del Ministerio de Defensa, Fiscalía, Policía y Gaula para poner fin a tan grave situación en la zona. Dos meses después resulta evidente que las capacidades de la fuerza pública y organismos investigativos resultan inferiores a las del grupo denominado Autodefensas Gaitanistas.
Frecuentes homicidios sucedidos en el casco urbano de Briceño y distintas veredas, presencia pública paramilitar en los mismos lugares, extorsión generalizada acompañada de amenazas y obligación a finqueros de vincular personal infiltrado en sus propiedades, imposición de normas de conducta a las comunidades, cobro de multas, control de tráfico vehicular, restricciones a la movilidad, entre otras arbitrariedades diarias, hacen parte de diversas denuncias presentadas por las comunidades al Grupo de Gestión, lo que supone su conocimiento por parte del gobierno nacional.
Tras un consejo de seguridad realizado el 3 de septiembre en Briceño, el día 4 se presentaron unos combates entre tropas del Ejército e integrantes de tales grupos en la vereda Las Auras, con saldo de un paramilitar muerto, otro herido y uno capturado. Se conoce de la captura de algunos sujetos en la cabecera municipal de Briceño. No se sabe de otras actuaciones contra el grupo criminal, pese a que los nombres y apodos de sus jefes y buena parte de sus integrantes son de público conocimiento en la región, y a que los mismos personajes se mueven por la zona en motos, carros y canoas, bien sea vestidos de uniforme y con armas largas o vestidos de civil y con armas cortas. La percepción general de la población indica que existe algún tipo de colaboración por parte de la fuerza pública, trátese de Ejército o Policía Nacional, que omiten proceder de manera enérgica contra ellos. Incluso ya cunde el temor de denunciar formalmente ante el riesgo de las inminentes represalias que ello puede acarrear.
Por el contrario, las tropas parecen dirigir su actividad represiva de modo exclusivo contra los pobladores campesinos, a quienes frecuentemente confiscan la gasolina que llevan para su consumo doméstico a menos que paguen la tarifa fijada. El argumento es que la llevan para procesar la hoja de coca, presentándose la paradoja de que quienes sí tienen tal propósito y pagan la extorsión, pueden pasar el combustible, libres de cualquier otro apremio. De igual modo, las comunidades denuncian que la presencia de la tropa en las veredas bajo la cobertura de garantizar los comicios del pasado 25 de octubre, sirvió como pretexto para la detención de varios pobladores a quienes se les endilga el delito de rebelión.
Existen propuestas por parte de comerciantes de Briceño, para ser recibidos en El Orejón por todas las partes involucradas en el Proyecto Piloto, APN, gobierno y FARC a objeto de exponer sus preocupaciones e inquietudes con respecto al fenómeno paramilitar en la zona, buscando sobre todo blindarse de garantías suficientes por parte incluso de entes internacionales.
Pese a que el acuerdo sobre el Proyecto Piloto previó que este no debía ser empleado para obtener ventajas militares, es de público conocimiento que ante la declaratoria de cese el fuego unilateral por parte de nuestra organización, el Ejército y los grupos mencionados han venido incrementando su acoso contra los campamentos y jefes guerrilleros. Llama la atención que la tropa obra de ese modo amparándose en una inexistente persecución contra el paramilitarismo. Lo anterior ha obligado a las direcciones guerrilleras a adoptar como mecanismo de defensa la siembra de minas antipersona en zonas rurales distintas a El Orejón, todo lo cual complica de manera inesperada la situación de orden público en el área y atenta contra el propósito principal del proyecto piloto de desminado humanitario.
Sin invenciones ni exageraciones de ninguna índole, son estas las condiciones reales en las que se desenvuelve la ejecución del acuerdo sobre desminado en El Orejón, Briceño, Antioquia. Triste radiografía de la realidad colombiana en su conjunto. ¿Qué pasará en caso de un eventual Acuerdo Final de Paz en la Mesa de Conversaciones de La Habana?