El profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, se encuentra actualmente privado de la libertad por los hechos ocurridos el 1º. de marzo de 2008 en la República de Ecuador, las Fuerzas Armadas de Colombia llevaron a cabo el operativo » Operación Fénix»1 -planeada con una año de anticipación por miembros de la inteligencia americana- contra el […]
El profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, se encuentra actualmente privado de la libertad por los hechos ocurridos el 1º. de marzo de 2008 en la República de Ecuador, las Fuerzas Armadas de Colombia llevaron a cabo el operativo » Operación Fénix»1 -planeada con una año de anticipación por miembros de la inteligencia americana- contra el frente 48 de las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia- FARC- EP, arrojado como resultado la baja, entre otros del Comandante RAUL REYES, allí se incautaron varios enseres entre los que se encontraron, tres computadores portátiles dos discos duros y varias memorias USB de la cual se extrajeron varios archivos en Microsoft Word y según el ente investigador por estos hechos el profesor Miguel Ángel, tiene una pertenencia y apoyo irrestricto a través de sus ponencias con la Comisión Internacional del grupo insurgente y que además promueve con sus conocimientos y actividades a dirigir eventos académicos y promueve un grupo de investigación tendiente a obtener recursos económicos para la organización Fariana. Tal operación fue ilegal pues se violo la soberanía de un país amigo, allí murieron 13 ciudadanos mexicanos y uno ecuatoriano- desconociendo el DIH y los convenios de Ginebra- y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaro ilegales las pruebas recaudadas en dicho operativo por sus múltiples irregularidades en su cadena de custodia entre otras.2
Por estos hechos la fiscalía3 le endilga los delitos de Rebelión, concierto para delinquir agravado.
El profesor Miguel Ángel, ha sido perseguido penal, política y disciplinariamente por su pensamiento crítico, pues se ha dedicado como académico a escribir sobre el tema del conflicto armado en Colombia, perseguido ferozmente por el Gobierno de Uribe Vélez, al punto que fue secuestrado el 22 de mayo del 2001, por miembros de la inteligencia colombiana- no tenía orden de captura ni orden de extradición- en coordinación con las mexicanas y deportado ilegalmente de ciudad de México hacia Bogotá-Colombia.
El profe Miguel Ángel, tuvo que permanecer dos años y medio en diferentes cárceles colombianas, desde donde desarrollo una lucha tenaz por su inocencia y sus derechos los cuales no dudo en reclamarlos por todas las vías legales incluidas la protesta social desde el reclusorio de la picota4. Desde la cárcel le conocimos su extraordinaria obra Crónicas del «otro cambuche», donde recoge un análisis sobre la situación carcelaria y distintas estaciones del injusto proceso que se ha seguido en su contra y diferentes entrevistas a prisioneros de políticos y desarrolla su pensamiento crítico y libertario promotor de la cátedra libre y los derechos humanos, manifestando en conclusión que «El silencio no es una alternativa».
Sin embargo el 27 de julio de 2011, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá, D.C., absolvió al profesor Miguel Ángel de todos los cargos que se le imputaron por parte del ente investigador y ordeno su libertad inmediata.
Una vez en libertad el profesor Miguel Ángel continuo su arduo trabajo académico, intelectual y de pensamiento crítico, con actividades por varias universidades del país con conferencias y su reintegro a la Universidad nacional, tuvo muchos tropiezos y el acoso por el show mediático de los medios masivos de información y la inteligencia criolla lo llevaron a un exilio voluntario, pero pronto regreso y asumió una lucha callejera con la cátedra libre y abierta contra la nueva inquisición del procurador inquisidor Alejandro Ordoñez que no dudo en sancionarlo e inhabilitarlo disciplinariamente, con el pobre argumento de ser un reclutador de jóvenes estudiantes con su actividad académica y escritos para la insurgencia colombiana.
Pero el ente investigador no se quedo quieto apelo la decisión de primera instancia como también lo hizo el ministerio publico y las «victimas» dentro del maquiavélico proceso kafkiano que se le seguía.
De esta manera el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Decisión Penal5, el Magistrado Ponente Jorge Enrique Vallejo Jaramillo después de permanecer por más de dos años en su despacho el proceso tomo la decisión de Revocar Parcialmente la Sentencia que emitió el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 27 d3e julio del 2011 y en su defecto condenar a Miguel Ángel Beltrán Villegas como autor del delito de rebelión y le impuso una condena de cien (100) meses de prisión y una multa de por valor equivalente a ciento cuarenta y tres punto treinta y tres (143,33) salarios mínimos mensuales vigentes y a la pena accesoria consistente en inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad.
Ante esta situación el profesor Miguel Ángel Beltrán quedó en una situación sud-judice, pero a pesar de la gravedad continuo su lucha en una semiclandestinidad sin abandonar su trabajo de intelectual, académico y del pensamiento crítico. Los pobres argumentos de la segunda instancia se basan en que la «prueba» legalmente aducida en el contexto del debate público permitían imputarle el delito de rebelión, pero desconoce que el señor Beltrán Villegas en el momento de su ilegal captura6 en La ciudad de México haya sido torturado o sometido a cualquier vejamen de similar índole; arguyendo que para la rebelión no se requiere ineluctablemente que el sujeto activo haga uso directo de las armas, por su propia mano pues también se incurre en ella, cuando se realizan tareas de contenido ideológico o político al servicio y bajo la egida de la organización insurgente.
La legalidad de las pruebas que argumenta el tribunal son sobre la obtención de una USB incautada en 22 de mayo del 2009 donde supuestamente encontraron decenas de fotografías suyas y archivos en Word y como se dijo arriba de una manera maquiavélica se hace un ejercicio de triangulación con otros «hallazgos» en computadores supuestamente incautados a otros jefes guerrilleros7 deduciendo que Jaime Cienfuegos es Miguel Ángel Beltrán Villegas, en conclusión las conductas típicas constitutivas del delito de rebelión se le imputan como militante de las FARC. Pero acaso el tribunal paso por alto que la Captura y extradición del profesor Miguel Ángel Beltrán en la ciudad de México fue ilegal, pues no tenía ni orden de Captura, ni orden de extradición fue secuestrado por ordenes de Uribe Vélez en coordinación con el Gobierno mexicano y los organismos de inteligencia de ambos países porque según el ex presidente en Colombia no existía un conflicto armado, sino una «amenaza terrorista» y todo era valido incluida la famosa operación llamada «FENIX».
Para colmo de cosas el tribunal de marras termina diciendo en su fallo de segunda instancia que no está criminalizando la presentación dialéctica de las ideas de la Universidad Pública y tampoco el pensamiento crítico y dice que «una cosa es que se re reconozca el profesor Beltrán Villegas en los ámbitos letrados como estudioso cuyo trabajo se orienta formalmente hacia las teorías sociológicas y el análisis del «conflicto social y armando». Empero, otra cosa es que horizontalice esos trabajos con la actividad clandestina al Servicio de las FARC.
Pero veamos en un escrito del profesor Miguel Ángel lo que él piensa al respecto del pensamiento crítico:
«Persecución y pensamiento crítico – Por Miguel Ángel Beltrán Villegas
Escribía Quevedo en su famosa carta al poderoso Conde de Olivares que le había impuesto la censura: «No he de callar, por más que con el dedo, tocando ya la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo».
Los verdugos de la palabra y la razón me han colocado tras las rejas con la pretendida ilusión de que ellas impedirán expresar mi pensamiento crítico y quebrantar mi moral; quisiera decirles que no lo han logrado ni lo van a lograr. Nada, ni siquiera la amenaza de una condena ejemplar por no admitir el delito rebelión, hará cambiar mi compromiso con un pensamiento alternativo al pensamiento único que se nos quiere imponer y que ubique en la lucha de las ideas, el eje de la disputa por una Colombia más soberana y más humana.
Sólo que si antes, libraba esta batalla en las aulas de clase, en los recintos universitarios y en los foros públicos, hoy debo hacerlo desde este pabellón de alta seguridad, donde pese a las deplorables condiciones de supervivencia, he hecho de él – al igual que millares de presos políticos más- otro espacio de resistencia y lucha por la libertad de pensamiento.
Históricamente las ciencias sociales han sido blanco de los poderes de turno, que han visto en su praxis discursiva una amenaza para sus mezquinos intereses políticos y sociales. En los años sesenta y setenta, centenares de intelectuales fueron perseguidos, encarcelados y forzados al exilio, cuando no asesinados, por las dictaduras militares que se impusieron en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. De esta forma pretendían los mandos castrenses cortar de tajo la investigación social comprometida y amordazar el pensamiento crítico, sin que las fronteras nacionales constituyeran un obstáculo para su tarea represiva como lo puso al descubierto la llamada «operación cóndor».
Pero así como hubo pensadores que con sus posturas «neutrales» y su silencio terminaron por legitimar estas prácticas autoritarias, hubo también pensadores que a contrapelo de este pensamiento hegemónico, no dejaron de proyectar su mirada crítica, sufriendo las consecuencias de un poder despótico que proscribió sus escritos, cerró sus centros de investigación y amenazo sus vidas.
Los nombres de Sergio Bagó, Gregorio Selser, Ruy Mauro Mariné, Rene Zavaleta Mercado y Eduardo Ruiz Contardo, entre otros muchos, hacen parte de esta legión de pensadores críticos que desafiaron abiertamente la censura impuesta por los militares, y gracias a esta coherencia con sus ideas críticas pudo enriquecerse la Teoría Social Latinoamericana con sus aportes al estudio de la democracia, las clases sociales, el desarrollo, la cultura y el Estado.
En Centroamérica se hizo tristemente célebre el episodio sangriento que cobró la vida de varios intelectuales jesuitas, entre los que destacaban el filósofo Ignacio Ellacuría y el psicólogo Martín Baró, asesinados en el mismo campus universitario, por escuadrones de la muerte amparados en el Estado, que los señalaban como ideólogos de la guerrilla salvadoreña.
Colombia no constituyó la excepción, pese a ufanarse de tener la democracia más estable del continente. Por estos mismos años el cofundador de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional y su compañera sentimental y también socióloga, María Cristina Salazar, estuvieron privados de su libertad bajo el amparo del Estatuto de seguridad Nacional, promovido por el gobierno de Julio César Turbay Ayala, todo ello por su compromiso con una ciencia social, crítica, propositiva y de cara a las necesidades del pueblo.
Pero mientras en aquellos países que padecieron las dictaduras militares, en los últimos lustros se abrieron importantes procesos de transformación política y social; en Colombia el Estado mantuvo vigente los principios fundamentales de la doctrina de la seguridad nacional, actualizados bajo la política de la «Seguridad Democrática», que criminaliza la oposición política y la protesta social; que equipara el delito de rebelión con el delito de opinión; que coloca a la población civil como blanco fundamental de la lucha contrainsurgente y que presenta a las víctimas de la represión oficial como guerrilleros muertos en combate. No sorprende, entonces, que bajo este esquema represivo la persecución contra el pensamiento crítico se haya incrementado.
El sociólogo y periodista Alfredo Molano ha tenido que salir varias veces del país amenazado por la intolerancia del régimen y fue objeto de un proceso judicial por injuria y calumnia iniciado por la familia Araujo, fundamentando su denuncia en una columna periodística publicada por Molano en el Espectador. Más recientemente se han presentado los casos del profesor William Javier Díaz y el artista Luis Eduardo Sarmiento. La detención de este último además de criminalizar el trabajo artístico de un joven comprometido con las causas populares, constituye una clara represalia contra su padre, el intelectual Libardo Sarmiento, en un intento por acallar su voz crítica y su valiente mensaje democrático.
Así mismo, Fredy Julián Cortes, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional y con quien compartía prisión, fue presionado para que reconociera el delito de rebelión y de este modo, recibir los beneficios de un sistema penal acusatorio basado en una lógica de castigos y recompensas.
En algunos casos la represión no se ha limitado al simple encarcelamiento sino que se ha extremado hasta la aniquilación física de la persona. Es el caso del Sociólogo Alfredo Correa de Andreis, impulsor de la Asociación Colombiana de Sociología en la Costa Atlántica, quién fuera encarcelado y luego asesinado con la complicidad de los organismos del Estado, tras demostrarse su inocencia. Una suerte similar sufrió el profesor Edgar Emiro Fajardo Sociólogo de la Universidad Cooperativa.
Bajo la retórica de la «amenaza terrorista», quienes hemos asumido una postura crítica y nos hemos opuesto a la política guerrerista del Estado colombiano se nos pretende estigmatizar y señalar como «ideólogos de la subversión», esta es la razón fundamental por lo que me encuentro privado de la libertad y enfrentando un juicio por los «delitos de rebelión» y «concierto para delinquir».
Quisiera antes de terminar y para conocimiento de todos los lectores, hacer una breve referencia a mi situación jurídica: En la audiencia preparatoria celebrada hace algunos meses, se incorporó como testigos en mi contra a víctimas del conflicto armado y social (desplazados y efectivos del ejército que han sufrido lesiones por la colocación de minas antipersonales), ninguno de los cuales tiene relación directa conmigo, pero que han sido reconocidos como testigos a favor de la fiscalía con el argumento que (cito textualmente) «Las víctimas de las FARC deben ser indemnizadas por aquellos académicos, dirigentes políticos y demás personas que son investigadas por supuestos nexos con la subversión».
Esta situación revela un ataque más a la universidad pública, en el marco de un proceso de hostigamiento, evidenciando en las detenciones arbitrarias, la intromisión de la fuerza pública en el campus universitario, el asesinato y desaparición de estudiantes, las amenazas a profesores críticos, la solicitud por parte de la fiscalía General de la Nación de los listados de estudiantes pertenecientes a universidades públicas de Bogotá y la proliferación de acusaciones por rebelión a miembros de la comunidad universitaria.
Por eso, aunque soy inocente de los cargos que se me imputan, no espero justicia de estos tribunales venales, porque esta palabra parece haber desaparecido en nuestro país. Mantengo sin embargo, firme mis ideas y convicciones y aunque en este momento los inquisidores del régimen controlen desde su panóptico todos mis movimientos y violen flagrantemente mis derechos fundamentales, encadenen mis pies y manos, jamás impedirán que mis palabras críticas atraviesen los blindados muros de este establecimiento, porque tengo la fuerza de los que creen en el respeto de la dignidad humana.
Quiero concluir este escrito evocando las palabras de ese pensador crítico que fue Antonio Gramsci, a quién el fascismo pretendió quebrar como revolucionario y trato de impedirle pensar durante décadas, condenándolo a morir tras las rejas. En la carta a su madre decía el filósofo italiano estas palabras que ahora hago mías:
Quiero que comprendan bien, incluso con el sentimiento, que yo soy un detenido político y seré un condenado político, que no tengo ni tendré nunca que avergonzarme de esta situación. Que, en el fondo, la detención y la condena las he querido yo mismo en cierto modo, porque nunca he querido abandonar mis opiniones, por las cuales estaría dispuesto a dar la vida, y no sólo a estar en la cárcel y que por eso mismo yo no puedo estar sino tranquilo y contento de mi mismo.
NOTA: El presente mensaje en la botella fue publicado en la versión impresa de la Revista Cultural El Salmón. Ibagué, Edición XVI, Semestre B- 2010.
Ahora fijemos que en mayo de 2012, el profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, junto con la docente y defensora de derechos humanos María Esther Rojas y este autor publicaron un interesante artículo8 sobre El Delito Político en Colombia y la situación de los prisioneros, donde se hace un interesante análisis histórico y se analizan varios casos como el de José Marbel Zamora Pérez, prisionero de Guerra de las FARC-EP, David Ravelo Crespo, defensor de Derechos humanos, ambos actualmente condenados a duras penas de prisión.
También destaca el mencionado artículo los avances y retrocesos del delito político de rebelión su actual desnaturalización haciendo unas importantes conclusiones que hoy están en centro de la discusión en los diálogos de la Habana -Cuba que precisamente adelanta el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos9 con la organización rebelde de la as FARC-EP.
Tales conclusiones se sintetizan así:
«Es necesario que el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos saque del bolsillo «la llave de la paz» para abrir un nuevo rumbo hacia la salida política al conflicto armado que lleva más de 50 años, le de aplicación a los principios del DIH y reconozca que en Colombia existen prisioneros políticos a quienes se les debe aplicar tal normatividad para que de una vez por todas se expida una amplia y generosa amnistía para todos los presos políticos.
Y continúa las conclusiones de una manera acertada en la lógica de un análisis riguroso de muchos años de trabajo planteando que:
«EL Estado debe reconocer que en el enemigo militar hay un adversario u opositor político como presupuesto para buscar salidas políticas. El tratamiento de simples delincuentes -Amenaza terrorista»- reservado para los integrantes de la insurgencia cierra los espacios para plantear diálogos o negociaciones».
Finaliza dichas conclusiones manifestando que:
«Creemos que la búsqueda de salidas políticas al conflicto social y armado que vive el país desde hace más de medio siglo pasa por admitir que las organizaciones insurgentes colombianas NO son agrupaciones terroristas, sino ejércitos insurgentes con un programa político nacional de hondo contenido social, cuyas filas han sido engrosadas por sectores perseguidos por la violencia estatal y víctimas de la exclusión social10.
Hoy que curioso el profesor Miguel ángel, se encuentra privado de la libertad por escribir estas afirmaciones como bien lo escribiera Jacques Vergès11, cuando afirma que «Mi ley estar contra las leyes porque pretenden detener la historia; mi moral es estar contra las morales porque pretenden paralizar la vida».
Notas
1 Llevado a cabo el 1º de marzo de 2008, por fuerzas conjuntas de policía y ejército nacional de la república de Colombia, donde se bombardeo territorio Ecuatoriano de manera ilegal e inconstitucional y de igual manera los operadores judiciales que realizaron de manera irregular las pruebas recaudadas en dicho operativo.
2 El 18 de mayo de 2011, la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaro «nulas de pleno» derecho dichas pruebas.
3 Fiscalía Delegada 14 especializada -Unidad Nacional contra el terrorismo-
4 La Picota es un barrio de Bogotá, donde está ubicado el COMEB: complejo metropolitano de Bogotá construido con el apoyo del Buro Federal de Prisiones de los EEUU.
5 Sentencia de segunda instancia del 14 de octubre de 2014 No.(53-11)
6 El profesor Miguel Ángel Beltrán, no tenía orden legal de captura en ese momento.
7 Iván Ríos, el 3 de marzo de 2008,Pablo Montoya alias «Rojas» se entrego al ejercito llevaba consigo la cedula, el pasaporte, el computador y la mano derecho de Iván Ríos, Comandante de las FARC-EP como una prueba de que él lo había asesinado
8 Revista Taller No. 30 Mayo -junio de 2012, publicación del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales CEIS.
9 Juan Manuel Santos ejercía como Ministro de defensa en la Operación Fénix.
10 Cuando todos los mecanismos de lucha pacífica fracasan, los agredidos por la autoridad tiránica tienen, dadas ciertas condiciones, el derecho de levantarse contra la tiranía. En este sentido, el artículo 94 de la carta política del 91 advierte que la enunciación de los derechos contenidos en el texto y en los instrumentos internacionales «no deben entenderse como negación de otros que , siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos» por ello, el derecho a resistir no es negado por el constituyente porque no esté positivado. Es un derecho innominado.
11 Estrategia judicial en los procesos políticos, Jacques verguès, Anagrama, colección Argumentos, traducción de María Teresa López Pardina.
Wldarico Flórez-Peña, Presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza
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