La mayoría de las encuestas y la percepción pública general tiende a confirmar que la actividad política en Chile es una de las más cuestionadas y criticadas por la ciudadanía. Razones no faltan. Tras 17 años de dictadura durante los cuales el régimen se ensañó en mostrar a los «señores políticos» como parásitos de la […]
La mayoría de las encuestas y la percepción pública general tiende a confirmar que la actividad política en Chile es una de las más cuestionadas y criticadas por la ciudadanía. Razones no faltan. Tras 17 años de dictadura durante los cuales el régimen se ensañó en mostrar a los «señores políticos» como parásitos de la sociedad, inoperantes y sólo dedicados a hablar y a no decidir, vinieron estos cuatro períodos presidenciales de la Concertación que poco o nada han hecho por mejorar la situación.
La publicitada transición a la democracia dejó rápidamente al descubierto una serie de lacras -algunas heredadas del régimen militar- como cancelar sobre sueldos a los funcionarios públicos, recibir prebendas o regalías durante los procesos de licitación de obras públicas, adquisiciones fiscales, militares y otras. Asimismo, estallaron una serie de escándalos como la deforestación de RPF en Concón, el fraude con las revisiones técnicas, el caso MOP-Gate, entre otros.
La guinda de la torta fueron los casos de empleos brujos a través de los Planes de Empleos de Emergencia, el desvío de fondos para campañas electorales y, recientemente, la empresa GMA que laboraba para varias municipalidades de la UDI con recursos comunales para trabajos que nunca se realizaron, entre otras irregularidades en las comunas de Huechuraba, Viña del Mar y Recoleta.
La llamada «clase política» intentó una defensa corporativa que fue claramente insuficiente, siguió una intensa campaña de «empates» entre irregularidades por parte de municipios de la Concertación y de la Alianza. Todo ello no hizo más que ahondar aún más la distancia entre las personas y los representantes de los partidos políticos.
En este marco, surgió el laborioso acuerdo por omisión entre los partidos de la Concertación y el PC. Para los analistas políticos experimentados se trata de una recuperación de las más sanas prácticas políticas, en el mejor sentido de la palabra, que data de los tiempos de la República, es decir, antes del 11 de septiembre de 1973.
Al igual como ocurriera en la década de los 40 del siglo pasado, cuando imperaba la llamada «ley maldita» que prohibía la actividad comunista, surgió el Bloque de Saneamiento Democrático, que incluyó prácticamente a todos los partidos del espectro político del momento, se logró cambiar esa legislación y volver a la normalidad.
En estos momentos, si bien la campaña electoral es municipal, es decir se efectúa a través de un mecanismo más bien proporcional en materia de elección de alcaldes y concejales por separado, no es menos cierto que el binominalismo también opera mediante la influencia de los diputados en cada distrito que trabajan por sus representantes comunales. Ni qué decir de los estratosféricos recursos utilizados para la propaganda que, en realidad, no difieren mucho entre la Concertación y la Alianza.
En ese marco, que el PC que tiene un 9.16 por ciento, según los resultados de los últimos comicios municipales del 2004, se presente en forma conjunta en unas 16 comunas, cuatro de las cuales implicarían la reelección de los actuales alcaldes comunistas (Til Til, Canela, La Ligua y Diego de Almagro), y a través de este mismo acuerdo por omisión, la posibilidad de elegir también en Cañete, Constitución, Limache, Los Vilos y Pedro Aguirre Cerda parece lógico, razonable y justo
Hacer política, a estas alturas, es luchar contra la exclusión en todos los planos. Desde luego que, si el PC supera los dos dígitos, si aumentan los concejales sobre 90 y los alcaldes más de 4, la proyección política que se abre tiene insospechadas posibilidades.
Los resultados municipales incidirán directamente, además, en desplazar de importantes municipios a figuras de la derecha y, de esta manera, como lo aseguran personeros de la Concertación, plebiscitar la idea de terminar con la exclusión.
Posteriormente debería presentarse un nuevo proyecto de ley al Parlamento para reformar el sistema electoral para permitir la presencia en el poder legislativo de una fuerza que representaría el 10 o más por ciento de la población inscrita en los registros electorales. Una cantidad que supera incluso el promedio de votación de algunos partidos en forma separada o se acerca a las colectividades decisivas en la vida política.
El éxito del acuerdo de apoyo mutuo u exclusión significará, además, la justificación de un paso político que para los comunistas implica una importante inyección de optimismo esperanzador por conquistar posiciones de poder, así como acallar a quienes irresponsablemente combaten estas posiciones con el engañoso slogan de un «acuerdo secreto» para que el PC supuestamente se incorpore a la Concertación. Nada más lejos de la realidad si consideramos que la designación de Guillermo Teillier como candidato presidencial comunista pretende, precisamente, unir a los sectores antineoliberales, más allá del Juntos Podemos Más.
Hacer política de buen cuño es exactamente eso. En el futuro próximo, que los comunistas, con su carta bajo el brazo, dialogue y tome acuerdos instrumentales con sectores que cuestionan la actual conducción concertacionista y se logren pactos para avanzar en el sentido de ampliar y profundizar la democracia y superar definitivamente esta larga transición.