La declaración política emanada del X Congreso o Asamblea Federal, dada el 6 de diciembre de 2009, en su sexto punto manifiesta: «El campesinado colombiano sigue exigiendo y luchando por una política agropecuaria incluyente cuya base principal sea un nuevo modelo económico en pro del desarrollo rural. El eje articulador debe ser la reforma agraria […]
La declaración política emanada del X Congreso o Asamblea Federal, dada el 6 de diciembre de 2009, en su sexto punto manifiesta: «El campesinado colombiano sigue exigiendo y luchando por una política agropecuaria incluyente cuya base principal sea un nuevo modelo económico en pro del desarrollo rural. El eje articulador debe ser la reforma agraria democrática, integral y radical que permita destruir el proyecto latifundista que se ha impuesto a sangre y fuego en el país».
Este postulado de la declaración política hoy sigue tan vigente como en el nacimiento de la república, el 17 de diciembre de 1819. Simón Bolívar en sus primeros decretos del 20 de mayo de 1820 ordenaba devolverle las tierras que le robamos a los naturales y los excedentes entregarlos a los campesinos, según sus capacidades para laborar esa tierra. Decreto al cual se opusieron los señores feudales terratenientes santanderistas, negándole al campesinado de ese entonces tan justa aspiración como era la de resolver el problema de la tenencia de la tierra.
En 1861 Tomás Cipriano de Mosquera, con la ley de desamortización de bienes de manos muertas, expropia los grandes latifundios en manos de la Iglesia Católica. Esto tiene como objeto limitar el enorme poder que tiene esta institución través de la inmensa concentración de la tierra, hecho que da como nacimiento a una clase terrateniente liberal, lo que evita el enfrentamiento con los terratenientes conservadores en la lucha por la tierra. La tierra solo cambió de propietario, de la Iglesia a nuevos terratenientes.
Siempre a través de los años, los detentadores del poder han solucionado el problema de la tenencia de la tierra a favor de ellos por medio de la violencia estatal y paraestatal, llámense pájaros, chusma, chulavitas, paramilitares, bacrim. El campesinado ha respondido estas acciones depredadoras desde 1930 con grandes movilizaciones que han respaldado la resistencia social.
La Constitución de 1991, en su artículo 64, establece que: «Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos». Sin embargo Colombia sigue siendo uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe nacional de Desarrollo Humano de 2011, precisa que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Esta gran concentración de la tierra está en manos de quienes han utilizado la violencia, el terrorismo de Estado y el paramilitarismo para desplazar grandes contingentes de campesinos a la ciudad, donde conforman grandes cordones de miseria que se convierten en un gran contingente de mano de obra barata.
Como lo expone Abilio Peña, en su documento Expropiación de tierras en función del mercado global en Colombia:
«A nombre del ataque a las guerrillas de las FARC y el ELN, se desaparece, asesina, tortura, desplaza y controla los territorios de particular valor estratégico para la implementación de obras de infraestructura vial, energética, de telecomunicaciones, extractivos de recursos naturales y agroindustriales en función del mercado global, usándolos como una mercancía más dentro del libre juego de la oferta y la demanda.
Por esta vía, más de cinco millones de hectáreas de las mejores tierras de Colombia han pasado a manos de poseedores de mala fe, lo que afecta mayoritariamente al poblador rural que representa el 67,8% de la población desplazada. Del total de desplazados, el 65% eran propietarios, el 8% aparceros, el 7% arrendatarios y el 6% colonos».
No es gratuito que en los acuerdos de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tengan como primer punto resolver el problema de la tenencia de la tierra, que es una histórica y justa aspiración del campesinado colombiano, que le ha costado centenares de miles de mujeres y hombres asesinados, desaparecidos, judicializados y desplazados, que se han convertido en víctimas por el solo hecho de tener o reclamar un pedazo de tierra.
Pero, ¿de un gobierno que ha incumplido los mínimos acuerdos a las organizaciones sindicales y sociales qué podemos esperar? Solamente el fortalecimiento de un gran movimiento campesino articulado, organizado y conducido acertadamente dará al traste con el latifundio improductivo.
Por lo tanto el postulado de la declaración política de ese X Congreso del 2009 está más vigente que nunca. Sí, una reforma democrática que entregue tierras a todos los hombres y mujeres que la trabajen; integral, o sea que tenga sus cuatro complementos que son: el acceso a la tierra, asistencia técnica, subsidios y comercialización. Además debe ser radical, que se realice dentro de la frontera agrícola y se expropien las grandes extensiones de tierra en manos de latifundistas, terratenientes y mafiosos que acumulan la tierra como elemento de poder económico y político sin ponerla a producir eficientemente.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article17092