El gobierno de J.M. Santos se empecina en hacerle creer al país que su proyecto de reforma tributaria en tramite en el Congreso de la República creará empleo formal. En el país de cada 100 personas ocupadas, 65 lo son en empleos informales que son trabajos basura, con salarios ridículos y sin prestaciones sociales. El […]
El gobierno de J.M. Santos se empecina en hacerle creer al país que su proyecto de reforma tributaria en tramite en el Congreso de la República creará empleo formal.
En el país de cada 100 personas ocupadas, 65 lo son en empleos informales que son trabajos basura, con salarios ridículos y sin prestaciones sociales.
El proyecto plantea como estrategia laboral disminuir el impuesto a la renta de las empresas del 33% al 25% y crear un impuesto a las utilidades del 8% para compensar la eliminación de los parafiscales para el SENA, el ICBF y los aportes patronales a la salud.
La contribución para la equidad/CEE del 8% sobre las utilidades de las empresas no es un gravamen estable en momentos en que la industria esta afectada por una crisis muy severa por la propagación de la «enfermedad holandesa» y la revaluación de dolar que ha provocado la expansión de la Locomotora minera, intensa en capital y con poca utilización de mano de obra.
El SENA, el ICBF y la salud quedan en el aire con el esperpento tributario en curso. A las Cajas de Compensación no las tocan por ser una fronda efectiva del clientelismo gubernamental y empresarial.
La disminución de los costos laborales y la creencia de que los empresarios utilizarán dichos recursos para formalizar empleo es un dato ideológico de la economía neoclásica que ya se ha probado como incierto. Así ocurrió con la Ley 789 de 2002 y con las otras normas sobre flexibilización laboral aprobadas en los últimos años que no contribuyeron a crear empleo formal sino a profundizar la precarización de la masa asalariada colombiana.
La reforma tributaria del señor Santos/Cardenas es regresiva y antidemocrática. Mantiene los privilegios de los opulentos con las más de 210 exoneraciones fijadas en las 60 reformas tributarias aprobadas en las últimas décadas que dejan a los ricos 27 billones de pesos anuales en más ganancias.
Siendo así, el estatuto tributario postulado no contribuye a la equidad, menos a la democracia y la paz porque la pobreza y la concentración de la riqueza siguen en ascenso.
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