El pasado 31 de agosto quedará registrado como uno de aquellos hitos que marcan un antes y un después en la gobernabilidad neoliberal. Si ya el cambio del ministro de Hacienda era un hecho inédito en las administraciones civiles del capitalismo chileno, la renuncia en bloque del equipo económico no es sino expresión de la […]
El pasado 31 de agosto quedará registrado como uno de aquellos hitos que marcan un antes y un después en la gobernabilidad neoliberal. Si ya el cambio del ministro de Hacienda era un hecho inédito en las administraciones civiles del capitalismo chileno, la renuncia en bloque del equipo económico no es sino expresión de la serie de devaneos por los que atraviesan las clases dominantes en el actual escenario político-social. Es como si las costuras de la «pax neoliberal» comenzaran paulatinamente a ceder. Las organizaciones de Izquierda deben tomar nota de este hecho para sus análisis.
Pilares del neoliberalismo chileno
Hasta ahora el arreglo institucional forjado por la contrarrevolución burguesa descansaba sobre dos «pilares». El sistema electoral binominal constituía el primero. Este resguardaba los acuerdos pactados entre la Concertación y la fracción de militares y cómplices civiles de la dictadura desplazada de la administración del Estado. El empate inmovilizante que establecía entre las dos principales alianzas políticas del país asignaba al pinochetismo, encarnado en la UDI, el rol de custodio de última instancia ante cualquier cambio político-institucional que se intentara llevar a cabo, así como de aquellas iniciativas que pretendieran dar marcha atrás a las granjerías otorgadas al gran capital nacional y extranjero durante la dictadura.
La pérdida de vigencia de los pactos transicionales, fruto del recambio generacional y el despeje de toda duda sobre la adscripción de la Concertación al neoliberalismo, ha posibilitado que el gran capital se desmarque del legado y defensa del pinochetismo -que mal que mal era solo un elemento circunstancial y no esencial a su dominación de clase-, dando paso al paulatino y ordenado desmontaje del sistema binominal.
El segundo pilar atañía a lo económico. Este se sustentaba en la autonomía del Banco Central y en la preeminencia de Hacienda por sobre los demás Ministerios en el diseño de la política pública. Este binomio aseguraba el control de la inflación por un lado, y la disciplina fiscal por el otro. Así la economía subordinaba el manejo de la política social del Estado que el gobierno de turno pudiese imprimirle, siendo confiada aquella a una casta de insípidos tecnócratas a imagen y semejanza del ex ministro Rodrigo Valdés.
Este esquema, más las políticas de liberalización y privatización, buscaba asegurar la prevalencia del interés general y permanente del capital por sobre las demandas particulares de las distintas fracciones burguesas.
El impasse abierto a raíz de la renuncia del ministro Valdés y el equipo económico revela las fisuras que este segundo pilar de la institucionalidad neoliberal presenta, que desde un tiempo a esta parte ha comenzado a hacer agua. Queda por dilucidar qué tan estructurales son sus fisuras y cuáles son los cursos de acción con que la burguesía cuenta para repararlas.
El dilema de la inversión
El renunciado ministro Valdés había sido nombrado en reemplazo de Alberto Arenas. Su misión era recomponer las confianzas con el mundo empresarial, que habían resultado algo dañadas producto de la reforma tributaria impulsada por su antecesor. No por nada apenas asumió Valdés se apresuró en despejar todo manto de duda frente al gran empresariado sobre los derechos de propiedad ante un eventual cambio constitucional. La propiedad privada era uno de los derechos que sin duda quedarían consagrados en la nueva carta fundamental.
Valdés asumió también con la tarea de reimpulsar el alicaído crecimiento que la economía exhibe desde finales del gobierno anterior. Esta acumula una prolongada caída de la inversión que supera en extensión a las observadas durante las crisis asiática y subprime .
Sin embargo las razones del anémico dinamismo de la economía esta vez son de orden profundo. Se trata del deterioro de las fuentes de ganancias extraordinarias que obtiene el capital en Chile: la renta minera, especialmente la asociada a la explotación del cobre. Es un problema en la base del proceso de valorización capitalista que no tiene solución en el marco de la política monetaria o fiscal. Tampoco una mayor competencia en los mercados ayuda a salir del atolladero.
Chile ha ido perdiendo terreno en el concierto internacional ante el surgimiento de nuevos polos de atracción para la inversión minera, como Perú. La salida es un «salto hacia adelante», en el sentido de una intensificación en la explotación de los recursos naturales que permita recomponer los niveles de rentabilidad perdidos. Para ello se requieren grandes proyectos de inversión en infraestructura vial y portuaria, y en energías que abaraten significativamente los costos de producción de las empresas.
Como interlocutores directos del gran capital el ex ministro Valdés y el equipo económico conocían esta situación, razón por la cual se jugaron a fondo para que el gobierno aprobase el proyecto Dominga. Sin embargo sus gestiones resultaron infructuosas.
El tema es por qué se dio esta situación, y por qué derivó en una crisis de conducción en el actual gobierno.
Institucionalidad medioambiental y manejo económico
En la actualidad ya no es posible que el capital se mueva a sus anchas como lo hacía en los 90 sin generar importantes daños colaterales y resistencia de las comunidades afectadas. La escala e intensidad que han alcanzado sus operaciones tienen repercusiones inmediatas sobre el medioambiente. En este sentido el gran capital aún no encuentra una institucionalidad ad hoc que destrabe el proceso de acumulación, y que a su vez le permita sortear la creciente conflictividad social en torno a los problemas medioambientales. La actual institucionalidad se presenta como una traba.
Por un lado abre paso a la judialización de los grandes proyectos de inversión, tornándolos engorrosos y posponiendo indefinidamente su materialización. Esta es la razón por la cual el gran empresariado se expresaba tiempo atrás en el sentido de que Chile no se podía dar el «lujo» (sic) de tener una legislación medioambiental de país desarrollado. Mientras que por otro, expone los planes de inversión a la «arbitrariedad» política, tal como ocurrió con la cancelación de la construcción de la central termoeléctrica en Punta de Choros por el presidente Piñera, o el rechazo del proyecto Dominga por el comité de ministros en el actual gobierno. De aquí las destempladas reacciones del empresariado ante el rechazo de Dominga calificándolo como un «ataque a la democracia».
Crónica de una renuncia
Este puzzle aún no resuelto fue el telón de fondo sobre el cual se desarrolló la medición de fuerzas entre el ministro Valdés y el equipo económico y el grupo de secretarios de Estado encabezados por el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, primero, y con la mismísima presidenta Bachelet después.
Derrotados en el comité, los ministros del área económica hicieron causa común con el gran empresariado criticando abierta y públicamente el rechazo del proyecto Dominga. Tratándose en el fondo de una decisión política adoptada previamente en las más altas esferas del gobierno, esto los hizo entrar en colisión directa con la presidenta, quien apareció desautorizando las declaraciones del ministro Valdés.
Herido en su orgullo de avezado tecnócrata, y convencido de que lo mejor para el gran capital es lo mejor para Chile, Valdés intentó chantajear a la presidenta haciendo valer todo el peso de Hacienda y el área económica en el tinglado neoliberal. Como acto de desagravio y forma de recomponer las confianzas, habría pedido la remoción del ministro Mena.
Sin embargo el Chile de hoy no es el de los 90 ni el de la década recién pasada. No bastan ya leyes tipo DL 600 que daban manga ancha al gran capital para hacer y deshacer. Además Bachelet aprendió del desastre que significó la puesta en marcha del Transantiago en su primer gobierno. Conoce lo peligroso que puede llegar a ser el confiar decisiones trascendentales a un fanático tecnócrata neoliberal cuya destreza en política a duras penas rebasa a la de un mamut en monopatín.
Estos elementos terminaron finalmente por sellar la salida de Valdés y el equipo económico. Era inevitable. Sin embargo esto no da para ilusionarse ni significa que la conducción económica del gobierno pueda cambiar en 180 grados de la noche a la mañana ni en el poco tiempo que le resta. Para que ello ocurriera se necesitaría algo más que un simple tira y afloja entre distintos representantes del capital con dispares sensibilidades. De hecho, al igual que la de sus renunciados antecesores, la fe en el credo neoliberal de la dupla Eyzaguirre-Rodríguez Grossi es probada, así como también su conexión con el gran empresariado y las instituciones del capitalismo internacional, lo que asegura continuidad y a la vez un mayor balance entre economía y política.
Publicado en Punto Final, edición Nº 884, 15 de septiembre de 2017.