El Estado colombiano ha tenido, históricamente, dos mecanismos principales para despojar al campesinado de sus tierras: el crédito extorsivo y la violencia, tanto oficial como paraoficial. Ahora, el gobierno capitaneado por Juan Manuel Santos ha agregado un nuevo mecanismo a este repertorio. Ese mecanismo es la utilización perversa de la legislación sobre las víctimas. Éste […]
El Estado colombiano ha tenido, históricamente, dos mecanismos principales para despojar al campesinado de sus tierras: el crédito extorsivo y la violencia, tanto oficial como paraoficial. Ahora, el gobierno capitaneado por Juan Manuel Santos ha agregado un nuevo mecanismo a este repertorio. Ese mecanismo es la utilización perversa de la legislación sobre las víctimas. Éste consiste en quitar sus posesiones a pobres que, supuestamente o en la realidad, se hayan beneficiado por acciones de la insurgencia, y entregarlas al Fondo de Reparación de las Víctimas. Mientras tanto se le quita a los pobres, no se ha tocado a uno sólo de los ganaderos ricos y terratenientes que han acumulado más de 7 millones de hectáreas robadas a sangre y fuego al campesinado durante las últimas tres décadas. Para estos latifundistas y agroindustriales, el gobierno ha inventado el eufemismo de «ocupantes de buena fe». La buena fe, se sabe, es patrimonio de los ricos; los pobres siempre actúan de mala fe.
Dos casos demuestran esta peligrosa tendencia. Por una parte, está la situación de cerca de 280.000 hectáreas en partes de los llanos del Yarí, San Vicente del Caguán y parte de Cartagena de Chairá (Meta y Caquetá) que serían, según las autoridades, fincas de las FARC-EP, compradas o adquiridas en territorios baldíos, actualmente en manos de testaferros [1]. Con total desparpajo, la estridente periodista española Salud Hernández, apologista del uribismo (y del paramilitar Carlos Castaño) [2], ha distorsionado la realidad colombiana al punto de hacerla irreconocible, afirmando, sin siquiera sonrojarse, que las FARC-EP, y no su círculo de asociados políticos, serían los terratenientes más grandes de Colombia [3]. Esto, en un país en el cual, según el Censo Agropecuario, el 41% de las 113.000.000 de hectáreas censadas, se encuentran en manos del 0,4% de los propietarios, mientras que el 70% de las Unidades de Producción Agropecuaria tiene menos de 5 hectáreas, ocupando apenas el 5% del área censada [4]. Con asombro, vimos un sensacionalista capítulo de «Los Informantes» en el cual se hacía un «reportaje» sobre las supuestas fincas de los insurgentes, así como la presunta utilización de indígenas en el área para hacerse de territorios. En él, entrevistaron a burócratas de toda laya, pero sin embargo, no se entrevistó a uno sólo de los propietarios afectados o a personas de esas comunidades [5]. Así de prolijo es el mediocre periodismo colombiano. Estas tierras, curiosamente, están en territorios que han sido solicitados para prospección petrolera [6].
El segundo ejemplo lo constituye el caso que hoy viven los vecinos del barrio Simón Bolívar en Planadas, Tolima, quienes fueron informados en Junio, durante un operativo desproporcionado e intimidatorio por parte de la DIJIN y de la Brigada Móvil 8 del Ejército, que sus viviendas serán incautadas por las autoridades para «reparar a las víctimas» [7]. El año 2000, según la Fiscalía, las FARC-EP habrían invadido esos terrenos baldíos y dividido los lotes para repartirlos entre personas sin vivienda, en su mayoría desplazados por el incremento de la violencia paramilitar en esa región de Tolima. Sin embargo, las propiedades fueron regularizadas el 2004, adjudicándose títulos de propiedad, llegando los servicios públicos y construyéndose las viviendas sólidas con el esfuerzo comunitario y con algún apoyo de la Fundación Carcafé. Hasta la fecha, las familias de 24 viviendas han sufrido de «secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo», pero todas las 136 familias del barrio se encuentran viviendo una auténtica pesadilla porque saben que quieren arrojarlos a todos a la calle, incluidos los más de 300 niños que viven ahí. En las inmediaciones, se está ampliando el aeropuerto militar y ya al barrio lo tienen convertido en un ghetto enrejado. Cabe destacar que, debido al hecho que la mayoría de los habitantes del barrio han sido desplazados, este nuevo hecho constituye una re-victimización de esta población que se verá forzada nuevamente a desplazarse.
Estas acciones por parte del gobierno representan, ante todo, un simulacro de reparación cosmética donde, en realidad, no ha habido nada. La política de víctimas del gobierno ha sido un fiasco estrepitoso y mediante estas acciones, como siempre inclinadas exclusivamente hacia la insurgencia, buscan dar la apariencia de acciones justicieras mientras la injusticia sigue siendo la ley en todo el país. Esto representa, además, un castigo en contra de personas que han vivido en zonas de control o influencia guerrillera, en nada diferente a las doctrinas contra-insurgentes del pez y el agua con los cuales se abusó de la población civil durante buena parte del siglo XX y del XXI. No se puede ignorar la realidad del conflicto, ni que los movimientos insurgentes han construido legitimidad en vastas zonas del país, en muchos casos, desarrollando políticas sociales donde el Estado ha sido incapaz o no le ha interesado hacerlo. Que sean las FARC-EP las que hayan garantizado el derecho a la vivienda o a la tierra a sectores vulnerables, no es algo por lo cual se deba criminalizar a la población. Esta situación revela, una vez más, el nulo interés de Santos en solucionar las causas estructurales del conflicto, así como la naturaleza mezquina y revanchista de la oligarquía colombiana.
Lo más escandaloso del caso, es que el propio Santos se apoya desvergonzadamente en lo discutido en el proceso de paz para avanzar en la expropiación de campesinos. Según él, el Banco de Tierras contemplado en los acuerdos parciales de La Habana, creado con el fin de reparar a las víctimas del despojo, saldría de tierras que se incautarían en zonas de influencia insurgente [8]. Si así es como el Estado pretende interpretar mañosamente los acuerdos del proceso de paz, entonces el post-conflicto sería un festín para quienes se han enriquecido a manos llenas durante el conflicto, mientras que los pobres vivirán una violencia y un despojo sin precedentes. De seguir así las cosas, se vendría una paz a la guatemalteca, una paz más violenta que la guerra. Si se va a sacar de los pobres para, supuestamente, reparar a las víctimas, estamos entrando a un camino muy peligroso pero el cual es bien conocido por el gobierno desde la época de la guerra del trapo rojo con el trapo azul… el de poner a pobres contra pobres y reforzar esa guerra caníbal entre los más necesitados. Mientras los pobres se matan entre ellos, los ricos se hacen finalmente con las tierras y sus recursos naturales. A río revuelto, ganancia de pescadores dicen por ahí.
Dejar pasar esto, cruzarse de brazos ante esta infamia, tendría consecuencias terribles para la perspectiva de que el país pueda superar, efectivamente, el actual conflicto social y armado. Hace rato que los derechos humanos (o mejor dicho, una interpretación burda de éstos) vienen siendo utilizados por el gobierno colombiano como un arma más de la guerra contra-insurgente [9]. Pero esto es elevar esta doctrina a un nivel totalmente nuevo. La utilización del discurso de las «víctimas» para seguir adelantando el despojo en zonas de interés para el bloque dominante, es una de las cosas más graves que están ocurriendo en estos momentos en Colombia. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es una perversión del espíritu de todo lo que ha reclamado el movimiento popular colombiano, la cual servirá para seguir despojando, re-victimizando y desplazando a campesinos pobres, mientras que sigue la acumulación de tierras y riquezas por parte de los latifundistas y la élite dorada que rodea a Santos. Para esto, mejor sería no tener Ley de Víctimas.
Notas
[1] http://www.semana.com/nacion/
[2] Como se desprende de la apasionada introducción que escribió al libro del paramilitar titulado «Mi Confesión».
[3] http://www.elmundo.es/america/
[4] http://www.eltiempo.com/
[5] http://losinformantes.
[6] http://www.verdadabierta.com/
[7] http://www.fiscalia.gov.co/
[8] http://www.semana.com/nacion/
[9] Para un análisis detallado de la evolución de los discursos de los derechos humanos en Colombia y su utilización por parte de las autoridades, ver el libro de Winifred Tate, Counting the Dead (Contando los Muertos), 2007.
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