A partir de que la muerte del ex dictador Augusto Pinochet ha dado lugar a la publicación de diversos análisis acerca de su gobierno, la Comisión Política Indígena Urbana de la Región Metropolitana no puede estar ausente de la evaluación histórica del papel ejercido por el tirano y su dictadura, en lo que afectó a […]
A partir de que la muerte del ex dictador Augusto Pinochet ha dado lugar a la publicación de diversos análisis acerca de su gobierno, la Comisión Política Indígena Urbana de la Región Metropolitana no puede estar ausente de la evaluación histórica del papel ejercido por el tirano y su dictadura, en lo que afectó a los pueblos indígenas.
Este régimen tomó el poder por las armas, cortando brusca y brutalmente el proceso de conquistas sociales y económicas emprendido por las clases populares del campo y la ciudad, los pobladores, mujeres, jóvenes, y desde luego, por los pueblos originarios.
En primer lugar, la imposición de la dictadura trajo la muerte, la desaparición, la prisión, la tortura, la relegación y todo tipo de vejámenes a miles de indígenas a lo largo y ancho del país. Muchos casos de muertos y desaparecidos no quedaron registrados en informes como el de la Comisión Rettig, ya que no siempre las familias de las víctimas efectuaron las denuncias correspondientes, por diversos motivos: desconocimiento de la existencia o desinformación de las formas de funcionamiento de las Comisiones Rettig y Valech; problemas de comunicación y distancia respecto de los lugares de funcionamiento de las mismas; temor ante nuevos actos de venganza y represión de parte de los victimarios, los que en medios rurales muchas veces son suficientemente conocidos. Es significativo lo que realizó la Caravana de la Muerte en el norte, o lo que ocurrió en lugares como Lautaro, Temuco, Cunco, Melipeuco, Maquehue, Osorno, Valdivia, Liquiñe, Panguipulli y tantos otros, donde militares y terratenientes impusieron el terror y consiguieron revertir los efectos del proceso de reforma agraria y de restitución de tierras usurpadas al pueblo mapuche. Hasta ahora han asegurado su impunidad.
La dictadura emprendió la contrarreforma agraria, por la cual fueron de nuevo entregadas a los usurpadores miles de hectáreas que ya habían sido restituidas a las comunidades a que pertenecen. Muchas de estas tierras son las mismas que en nuestros días son reivindicadas por nuestros hermanos de las comunidades afectadas; podemos citar las de Chihuaihue, Alaska, Temucuicui, Temulemu, Nancahue.
El régimen favoreció a los grandes capitalistas foráneos, al quitar la protección del bosque nativo, permitir su tala indiscriminada y pagar con dinero de todos los chilenos a las empresas que plantasen especies forestales exóticas, provocando el ecocidio en numerosos puntos de las regiones húmedas del sur, desencadenando cambios climáticos nefastos en el ecosistema (Decreto Ley 705 del año 1974).
Por el norte, la dictadura quitó la protección de las aguas que beneficiaban a los pueblos agricultores del altiplano y valles, destruyendo la base material de las culturas aymara, quechua, kolla, lickan antai y diaguita.
La dictadura consiguió, por la fuerza, dejar las tierras comunitarias en manos de privados, permitiendo que las grandes empresas forestales concentrasen la mayor parte del suelo perteneciente al pueblo mapuche. El Decreto Ley 2.568 constituye la Ley Maldita del pueblo mapuche, que dañó gravemente el sustento material de la cultura mapuche. Además de significar el empobrecimiento de muchos hermanos que perdieron su calidad de comuneros, este decreto dictatorial conculcó el derecho de los ausentes que hasta entonces había sido reconocido, provocando la división de las familias y poniendo en crisis la convivencia y la cultura comunitaria de los mapuche.
Fueron suprimidas muchas de las conquistas sindicales y derechos económicos, sociales y políticos en el campo y la ciudad, fueron amedrentadas las expresiones culturales indígenas, se abrió paso a una política y paradigma educacional racista, exitista e individualista. Mientras se reprimió nuestra cultura y espiritualidad, la dictadura permitió y cofinanció la instalación de fundaciones, sectas religiosas y otras instituciones que van engañando y explotando a nuestros pueblos.
La situación económica de superexplotación, pérdida de fuentes de trabajo y desconocimiento de las conquistas sociales, llevó a nuestros pueblos a distanciarse más de la sociedad mayoritaria, ensanchando las brechas entre ésta y aquellos, y aumentando la marginación de nuestros pueblos. Nuestros hombres y mujeres fueron humillados realizando trabajos mal remunerados en los programas de PEM y POJH, remedos de la esclavitud y la encomienda del nefasto pasado colonial.
Frente a todos los crímenes y abusos de la dictadura, nuestros pueblos reaccionaron ejerciendo justificadamente el derecho a rebelarse ante la tiranía. Nuestros pueblos se pusieron en las primeras filas de lucha, en la que perdimos nuevamente a muchos de nuestros hermanos y hermanas. Los Pedro Mariqueo, Manuel Melín, Jaime Quilán y muchos otros y otras, con su sacrificio abrieron las alamedas para que indígenas y chilenos hayamos puesto fin a la dictadura.
Los daños sufridos por nuestros pueblos durante siglos y acrecentados en dictadura, no han sido suficientemente reparados por la sociedad mayoritaria ni por su Estado. Hoy no puede imponerse la impunidad y el olvido ante esta historia de crímenes, ya que no solo fue responsable de ellos la persona de Augusto Pinochet. Este tirano actuó también con el favor de latifundistas, grandes empresarios, capital transnacional, y de todos quienes hasta hoy gozan de lo que han arrebatado históricamente a nuestros pueblos.
Para los más poderosos, el balance económico y social de la dictadura puede ser favorable. No para nuestros pueblos, para quienes las brechas nos alejan cada día más de los sectores más pudientes. La democracia no ha disminuido el abismo social y económico que nos distancia de la sociedad global y las desigualdades son cada vez mayores.
No queremos llegar al Bicentenario del Estado, regidos por una Constitución impuesta bajo un régimen tiránico, que no reconoció la existencia de nuestros pueblos, anterior a la instalación del mismo Estado. Es impresentable que no tengamos una carta fundamental aprobada en democracia, y sigamos usando (con parches) la heredada de Pinochet. Invitamos a todos los pueblos indígenas y a los sectores conscientes del pueblo chileno, a impulsar una nueva constitución que consagre la verdadera democracia y reconozca la multiculturalidad.
Queremos que se pongan en ejecución las recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que permitan iniciar actos de reparación individual y colectiva en favor de nuestros pueblos. Queremos se abran nuevas investigaciones acerca de la situación vivida por nuestros pueblos durante la dictadura de Pinochet y que en consecuencia se ejerzan las políticas a que tenemos derecho de acuerdo a los tratados internacionales.
Esperamos que el Gobierno y la sociedad chilena en general, recojan nuestra evaluación ante el dolor de nuestros pueblos y asuman nuestras propuestas en favor del efectivo Nuevo Trato que exige el mundo indígena.
COMISIÓN POLÍTICA INDÍGENA URBANA REGIÓN METROPOLITANA
San Francisco 391. Fono-Fax 638 10 74. Santiago