La naturaleza y contexto en los que se desenvolvieron los hechos de la confrontación política, social y armada en Colombia, colocan en condición de actores del conflicto, en primer lugar al Estado (sus agentes armados y no armados), genitor de la guerra en tanto generador de las causas económicas, sociales y políticas que subyacen en ella; a las insurgencias que aparecieron como expresión legítima de resistencia, entre las que se cuenta a las FARC-EP, y muchos otros actores entre los que destacan con papel protagónico los Estados Unidos de América como potencia imperialista intervencionista, que ha actuado desde los albores de la República y, sin duda, a la gran prensa defensora de los intereses del Bloque de Poder Permanente.
Pero, tal como lo asumieron las Delegaciones de Paz del Estado colombiano y de la insurgencia de las FARC-EP, en el marco del proceso desarrollado en La Habana a partir del año 2012, y lo ratificó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), durante las negociaciones de paz, las partes que se sentaron a dialogar eran actores políticos que entraron a buscar solución a problemas de miseria, desigualdad, exclusión, etc.; todos de orden social, que son causas fundamentales del conflicto. De tal manera que los puntos de debate, como el de la confrontación, se refieren a la definición del Sistema de organización social que uno u otro sector defendía o controvertía.
No se puede, entonces, pasar por alto para la reconstrucción de la verdad o para la definición de cualquier escenario de justicia que tenga que ver con los hechos del conflicto, que el alzamiento armado de las FARC fue desarrollado como legítima defensa social, colectiva, respecto a un sistema que impuso la injusticia, la desigualdad, la miseria, la dominación, la exclusión y la represión.
En síntesis, es dentro del conjunto de la conflictividad que estas patologías sociales avivan, que el alzamiento armado de las FARC-EP tiene inicio y escalamiento. Ahí está el origen de la resistencia de campesinos de los años 40 y 50, perseguidos por el régimen, la cual derivó en un extendido y constante enfrentamiento al orden social vigente, a partir del ejercicio del derecho universal de los pueblos a la rebelión armada.
Es, por tanto, la rebelión armada protagonizada por las FARC-EP, consecuencia de la naturaleza violenta del orden social vigente, y por ende el carácter -en tanto y en cuanto se da en disputa del monopolio de las armas y del poder estatal-, es esencialmente político, independientemente de que proceda, como en efecto ocurre, contra la legalidad de la institucionalidad a la que resiste y contra la que combate. Y no depende su legitimidad de las calificaciones o descalificaciones que le dé la máquina mediática del Bloque de Poder Dominante, ni sus aparatos ideológicos, punitivos y represivos, menos aun cuando es el Estado el artífice de la violencia que ha obligado a responder con violencia, creando una situación en que las causalidades y las responsabilidades son sistémicas, de manera tal que los comportamientos individuales de uno y otro lado de la confrontación, NO DEBEN SER OBSERVADOS INDEPENDIENTEMENTE o separándolos de esa CAUSALIDAD social conflictiva y SISTÉMICA, cruzada por la violencia política.
No es sensato, por lo tanto, que tras un Acuerdo de Paz, el Estado en defensa de un orden social que no ha cambiado en su carácter injusto, de desigualdades y exclusiones -y además con una situación de implementación en crisis en la que distorsionó de manera aleve los parámetros consensuados de la Jurisdicción Especial para la Paz-, persista en poner todas sus potencialidades para controvertir en caso criminal el objeto de tratamiento de la Comisión de la Verdad y de esa misma justicia transicional desdibujada, buscando incluso aplicar a toda costa parámetros ordinarios de juzgamiento, e incluso convirtiendo a la mencionada JEP en otro de sus instrumentos punitivos.
Ningún beneficio le hace a la búsqueda de una paz verdadera, que no puede ser otra que la de la justicia social que resulte de los cambios de fondo al orden social vigente, que se persista en seguir el camino penumbroso del derecho penal del enemigo y el desvanecimiento de la responsabilidad colectiva, como ningún beneficio le hace seguir el rumbo de las narrativas sorprendentemente absurdas y cobardes de aquellos que reniegan de lo que fueron como insurgentes diciendo, como lo ha hecho Timoleón Jiménez, que llegaron a «odiar» a su organización «por las atrocidades que cometió durante cinco décadas de conflicto». ¿En qué mundo estuvo el que así piensa? ¿En qué país vivía y por quién luchaba quien no supiera porqué llegaron muchos menores a las filas insurgentes? ¿Por qué se hicieron retenciones en tiempos en que se enfrentaba al más terrible régimen de terror del continente? O ¿Por qué era obligatoria la planificación para quien ingresara a filas?
¿Cómo así que, ante los ojos de algún dirigente renegado, y más que vergonzante, desvergonzado, «se van configurando unas FARC que yo entro a odiar porque no tiene nada que ver con las FARC a las que yo ingresé?»
Todas nuestras razones por dolorosas que fueran tuvieron y tienen propósitos altruistas, y cualquiera hayan sido sus consecuencias, un verdadero revolucionario tiene que asumirlas con altura, con dignidad, rectificando donde haya que rectificar para seguir adelante, pero sin cargarle la responsabilidad a otros o a los que ya no están. Es lo que corresponde a una Dirección insurgente o revolucionaria que no tenga la determinación de abdicar de sus propósitos y sueños, sea para seguir en la lucha legal o sea para continuar en la clandestina; sea para proseguir en la lucha política, o para hacerlo fuera de ella. Así estaba definido admitirlo tras la firma del acuerdo final, sin que ello implicara convertirnos en delatores, en sapos, o llevar al cadalso a cada combatiente y mando medio que cumplió las órdenes dadas por una Dirección que se suponía seria, consecuente, y que era la que debía responder colectivamente bajo el referente de la causalidad sistémica y no bajo los referentes de los caprichos y los cánones morales, falsos o no, del régimen al que enfrentamos por más de medios siglo.
Desde las FARC-EP, Segunda Marquetalia, así pensamos las circunstancias, exitosas o adversas de la lucha, dignificándola y jamás enlodándola con un acto de falsa contrición oportunista en la que pareciera que después de haber estado en el centro de la contienda, todo ocurrió a nuestras espaldas. Pues si actuamos, tal como lo hace el establecimiento, con el negacionismo inveterado que le caracteriza, no podríamos pretender seguir abanderando el proyecto de nuevo orden social en libertad y decoro que queremos alcanzar para las mayorías hoy sojuzgadas.
Es de recordar, que hubo por parte del Estado hacia los que se alzaron en armas, las FARC-EP, el reconocimiento de la existencia del conflicto armado y por ende del carácter político de dicha organización con la que suscribió un Acuerdo de Paz en el que asumió el compromiso de -a nombre del conjunto de la sociedad- adelantar las reformas que permitieran superar las causas del conflicto, reconociendo las razones políticas de las conductas de los rebeldes; y en tal sentido, como depositario del reconocimiento institucional que la contraparte le otorga como producto del Acuerdo Final (es decir, como producto de la negociación), el compromiso de ese Estado era el de implementar plenamente la justicia especializada; para el caso, la Jurisdicción Especial para la Paz según el Pacta Sunt Servanda, observando en que los hechos y actores que se acogieran a ella debían tratarse bajo el referente de la causalidad sistémica; en el entendido que la participación de tales actores en los hechos del conflicto, es inescindible del axioma de que el conflicto ha sido generado por el sistema social y político vigente, y que en consecuencia, reiteremos, las conductas no debían apreciarse como el resultado de motivaciones personales, lo cual aplica para el conjunto del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y no Repetición.
Pero ocurre que poco a poco, configurando otro enorme incumplimiento y distorsión de lo pactado entre la insurgencia y el régimen, el Estado ha pasado a ser juez y parte en la valoración de los hechos del conflicto. Y la matriz mediática diseñada y puesta a andar es la de convertirnos de revolucionarios en victimarios para solo darnos interlocución en ese plano, a fin de mantenernos en eterno estado de remordimiento y penitencia, como pecadores que han ofendido al conjunto de la sociedad y hasta al Estado mismo, sin dejarnos camino diferente al del arrepentimiento por una culpa cometida, lo cual en realidad no tiene nada que ver con lo acordado para alcanzar la paz, porque nunca se pensó de parte de los rebeldes, en que la insurgencia debía abjurar de sus creencias y renegar del alzamiento legítimo que protagonizó, sobre todo ante el régimen causante de las calamidades que avivaron la confrontación.
La decisión política de abandonar la guerra para adelantar las transformaciones sociales que ayudaran a sentar las bases para que se eliminaran las causas de la injusticia social que la sostuvieron, era el compromiso mutuo que debía satisfacer a todos. Y sobre ello, tanto la alta Dirección estatal, incluyendo a su ejecutivo, las fuerzas armadas y de policía y las demás ramas del poder público, debía asumir la responsabilidad por lo ocurrido. Y el Estado en representación de la sociedad debía asumir las reparaciones materiales. De su parte lo esencial era que la insurgencia asumía la responsabilidad política y moral de los sucesos del conflicto, sin que ello implicara perder su naturaleza revolucionaria y su identidad o la posibilidad de persistir en la conquista de sus metas, o de referirse libremente a las razones de su lucha y a las interpelaciones contra el establecimiento adversado. Pero asumir la responsabilidad moral y política como revolucionarios, no incluye desplegar la verborragia de la delación y el desenjalme sin importar las consecuencias que se puedan desatar contra toda una población humilde que ha apoyado nuestra causa.
Al contrario de lo pactado Santos hizo lo que le vino en gana y conveniencia personal, y su sucesor, el presidente de la ñeñe política (Duque Márquez), prosiguió superándolo en creces, pidiendo justicia ordinaria, y más concretamente la aplicación del derecho penal del enemigo para la insurgencia, cuando en tal justicia nunca ha habido la posibilidad de superar mínimamente la impunidad que orbita en torno a la criminalidad estatal que dio origen a la insurgencia armada. Tal criminalidad que desde mucho tiempo atrás ha atentado contra el conjunto de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, configurando a lo largo de décadas la específica tipología de la criminalidad de Estado, manifiesta en hechos como la desaparición forzada como método de terror y de eliminación; el genocidio político y social; el asesinato de líderes; la tortura sistemática; el empleo del paramilitarismo de Estado y la utilización de los aparatos de inteligencia militar y de agencias estatales para adelantar actividades de espionaje con el fin de reprimir y destruir a los opositores.
Sobre estos comportamientos aberrantes que descalifican al Estado colombiano como Estado Democrático, hablando en carta blanca, pobremente se ocupa la CEV y de más melancólica manera lo ha hecho la JEP, porque metida ya en cintura institucional oficialista, perdió el impulso para pasar por encima del negacionismo institucional, tal como ocurre en el caso paradigmático del genocidio de la Unión Patriótica, por ejemplo, a la que casi destruyeron mediante el exterminio a que fue sometida por un Estado que secuestró, desapareció, asesinó y persiguió a millares y millares de sus militantes y simpatizantes.
Esta como muchas otras victimizaciones siguen en la impunidad, tal como ocurre con la desaparición forzada con fines de homicidio, que eufemísticamente ha sido denominado como falsos positivos. Esta realidad, en la que el conocido victimario es la Fuerza Pública, también permanece, en lo esencial, en estado de impunidad, siendo hechos ocurridos de manera sistemática durante varios años, y que bien se sabe surgieron de una Directiva Ministerial que involucra un amplio conjunto de Generales de la República, y a la instancia completa del mando militar, cuyo mando supremo está en cabeza del presidente de la República.
Y ni qué decir del fenómeno pavorosamente complejo de las masacres y desplazamientos forzados de millones de pobladores rurales integrantes de comunidades campesinas, pueblos étnicos y comunidades afrodescendientes, que contó con la aprobación de encumbrados asesinos ubicados en la silla presidencial, tal como ocurrió con Álvaro Uribe Vélez, y otros cuantos que le han hecho el juego a la intervención violenta de grandes empresas multinacionales y del Gobierno de los Estados Unidos de América. ¿Quién responde por estos criminales que de la mano del Estado, encubiertos por la gran prensa, son actores principales también de la guerra impuesta a los de abajo?
La verdadera paz no se conquista con falacias, mentiras, traiciones ni con desafinados cantos de renegados. Nos preguntamos si la Comisión de la Verdad irá a poner claro estos asuntos que nos son menores; nos preguntamos si el imperio, el empresariado y la Gran Prensa cómplice de tanta criminalidad irán a responder por alguna de sus atrocidades.