Un total de 19 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante el primer trimestre de este año y otros 249 fueron amenazados, según la ONG Somos Defensores. 295 defensores de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión en ese periodo, multiplicándose por 3 los casos de amenazas e incrementándose el número […]
Un total de 19 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante el primer trimestre de este año y otros 249 fueron amenazados, según la ONG Somos Defensores. 295 defensores de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión en ese periodo, multiplicándose por 3 los casos de amenazas e incrementándose el número de homicidios respecto al mismo periodo del año 2014. El citado informe atribuye a paramilitares e integrantes del Ejército la responsabilidad de la totalidad de los asesinatos.
Citando un informe de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia (OCHA), el Coordinador Residente de la ONU en Colombia afirmó el 9 de abril que: «En las partes más apartadas de Colombia, en las regiones rurales, en los últimos años los homicidios selectivos de defensores de Derechos Humanos y líderes sociales han ido bajando. Este año en los primeros tres meses hemos visto un aumento muy significativo…».
Si sumamos que en el desarrollo de los combates contra la insurgencia en tregua unilateral, las fuerzas institucionales no respetan el principio de distinción, este panorama tiende a agravarse, y como es habitual en nuestro país, la totalidad de los responsables de los anteriores crímenes permanecen en la impunidad. Todo lo cual pone de manifiesto que la responsabilidad del Estado, por acción unas veces y otras por omisión, a consecuencia de la perpetración de graves crímenes internacionales, sigue siendo una realidad insoslayable.
Conforme a la legalidad aplicable en el contexto internacional, la responsabilidad penal internacional de los agentes del Estado, aun en el caso de ser eficazmente exigida -lo que no parece ser el caso en Colombia- no constituye una excusa para desactivar la responsabilidad agravada del Estado, tanto por los actos criminales de sus funcionarios como por la omisión en su persecución.
La Resolución sobre la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (A.G. NN.UU., 28 enero 2002) establece claramente que se da un hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando hay un comportamiento consistente en una acción u omisión.
En ningún otro país del mundo, se han conocido presidentes que organizaran y dirigieran ejércitos de narco paramilitares o que proclamaran abiertamente ante las cámaras de televisión haber cometido crímenes de guerra al ordenar ejecutar sumariamente a líderes rebeldes capturados y fuera de combate a los que nunca se hizo comparecer ante un tribunal.
Es evidente, entonces, que el Estado en Colombia es un Estado Infractor que, a pesar de estar sentado en la Mesa de Diálogos desde hace más de dos años con el propósito de poner fin a un conflicto social político y armado de larga data, continúa manteniendo su inveterada costumbre de incumplir con su obligación de respetar sus compromisos y sus propias leyes.
Las FARC-EP estamos empeñados en firmar un acuerdo de paz estable y duradero. Pero ello solo será posible si con el concurso del pueblo soberano, el Gobierno, -máximo responsable de garantizar los derechos de los ciudadanos-, abre paso a la erradicación definitiva del Estado Infractor, y da garantías plenas de no repetición.
Fuente: https://www.pazfarc-ep.org/