Se acaba el tiempo y cada día que pasa es una bofetada a la humanidad, pues ningún mapuche debiera recurrir al recurso extremo de una huelga de hambre para defender sus derechos. Sin embargo, ya han transcurrido cerca de dos meses desde que cuatro prisioneros políticos mapuche iniciaran una huelga de hambre en la cárcel […]
Se acaba el tiempo y cada día que pasa es una bofetada a la humanidad, pues ningún mapuche debiera recurrir al recurso extremo de una huelga de hambre para defender sus derechos. Sin embargo, ya han transcurrido cerca de dos meses desde que cuatro prisioneros políticos mapuche iniciaran una huelga de hambre en la cárcel de Angol exigiendo la revisión del juicio que los condenó a luengas penas de cárcel. Fueron acusados por el Ministerio Público, aplicándoseles la Ley anti-terrorista, de un incendio acaecido el año 2001 en el fundo Poluco-Pidenco de propiedad de la Forestal Mininco. A pesar de argumentar su inocencia, denunciar la utilización de testigos ocultos y, por cierto, el recurso de la ley anti terrorista para enfrentar las demandas del pueblo mapuche, Patricia Troncoso, Juan Huenulao, Patricio Marileo y Jaime Marileo fueron condenados a 10 años y un día de prisión, además de obligárseles a pagar una indemnización de 425 millones de pesos a la Forestal Mininco. Entonces, ante la implacable persecución del movimiento mapuche por parte del gobierno y del sistema judicial, y ante la sistemática negativa de las autoridades a revisar su caso, los tres comuneros y la activista chilena resolvieron recurrir a la huelga de hambre como medida de presión y como la única manera de ser escuchados. Pero la huelga, comenzada el 13 de marzo, enfrentó la absoluta indiferencia de las autoridades y un cerco informativo de los principales medios de comunicación que solo fue superado por la movilización permanente de grupos de apoyo y solidaridad con los mapuche y de los familiares de los presos. Incluso numerosas organizaciones internacionales han expresado su inquietud y solidaridad con los huelguistas. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), enviaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet donde manifiestan su preocupación por la huelga de hambre protagonizada por los cuatro comuneros mapuche encarcelados, especialmente «por las condiciones de salud e impactos sobre la integridad física y psicológica de estos comuneros, observando con inquietud que los elementales reclamos de los comuneros mapuche en huelga de hambre siguen siendo desatendidos. No quisiéramos lamentar nuevas víctimas en este largo conflicto originado por la aplicación de una política penal desproporcionada, porque estamos seguros que ello significará un daño irreversible a la legitimidad de su gobierno y del Estado ante el pueblo mapuche». Es lo que señala también Marcelo Quintileo, vocero de la Agrupación de Familiaresde Presos Políticos Mapuche, al plantear que «n o queremos otro Alex Lemun – comunero mapuche de 17 años asesinado por carabineros en 2002 – pero, enfatiza, «la voluntad y la decisión de los presos es llegar hasta el final»
Si alguien muere el único responsable es el gobierno
Y aquella voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias se ha reafirmado luego que los huelguistas fueran trasladados desde Angol hasta el penal de Temuco, capital de la novena región. Esto se llevó a efecto el sábado 29 de abril cuando – según Quintileo – surgió el problema actual, porque gente de la coordinadora por la libertad de los presos, grupos de apoyo de Valparaíso, la lagmen Berta Quintreman, del Alto Bio-Bio, gente de las comunidades y familiares, decidimos ocupar por nueve horas la cárcel de Angol. Luego de negociaciones salimos pacíficamente. Pero, al finalizar la acción, Gendarmería los esposó y los trasladó a Temuco». Esto último, de acuerdo a declaración pública emitida por la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche, se realizó mediante engaños, porque «Gendarmería engaña a los hombres diciéndoles que Patricia Troncoso se encontraba en Temuco y los estaría esperando, ya en la enfermería de la cárcel de esa ciudad». Una vez en el penal temuquense, sostiene Marcelo Quintileo, «intentaron ponerles suero, pero los presos se negaron y ahora Patricia Troncoso tiene cortes en los brazos por los forcejeos. No dejaron ponerse suero». En relación a esta situación, el Secretario Ministerial de Justicia de la Novena Región, Christián Dulansky , manifestó que el traslado se debió a razones médicas y sostuvo » que no hay disposición a conversar; tenemos una legítima preocupación por el estado de salud de ellos y desde ese punto de vista nos interesa estar manteniendo relaciones normales dentro de este proceso de huelga». Además, prosiguió, «la decisión de poner término a la huelga es solo de ellos».
Sin embargo, los voceros de los presos son claros en señalar que no son ellos los que no han querido dialogar, sino que es «el gobierno el que no tiene voluntad real de negociar», porque a pesar de que representantes de los presos – el padre de Patricia, Roberto Troncoso, el lonko José Cariqueo y los voceros de la Agrupación de Familiares, Marcelo Quintileo y Cristina Painemal, se han reunido con el ministro del Interior, Andrés Zaldivar y el ministro de Justicia, Isidro Solís, no se ha logrado nada concreto. Hasta el momento – acorde a Quintileo – «el gobierno ha hecho solo maniobras distractivas, se ha comprometido a no aplicar más la ley anti terrorista, pero son solo palabras, nosotros necesitamos algo concreto. Y si se sigue aplicando esta ley ¿por qué no se aplica también a los policías que reprimen, a los torturadores del 73…? «. El gobierno «también ha ofrecido el traslado al Centro Abierto que existe en Angol, pero esto sería solo por el día, ya que en la noche serían enviados nuevamente a la cárcel. Esto es para la risa. Y para todo esto, por supuesto, piden que los hermanos se bajen de la huelga». En este contexto, «lo que nosotros hemos dicho es que solo aceptaríamos esto como una medida transitoria si estamos seguros que se revisará el fallo que condenó a los hermanos en huelga y si salen en libertad inmediata otros presos mapuche: los lonko Pascual Pichun y Aniceto Norin, Víctor Ancalaf y Rafael Pichun que llevan varios años presos. Además, en el supuesto caso de aceptar estar en el Centro Abierto – que es una granja donde los presos trabajan para Gendarmería – tiene que ser bajo condiciones especiales, porque nosotros no trabajamos para Gendarmería, para el sistema, porque somos presos políticos».
En el intertanto, la salud de los huelguistas continúa deteriorándose, a tal punto que la posibilidad – planteada en algunos círculos – de iniciar una huelga seca tendría fatales consecuencias en un breve lapso. De hecho, Quintileo mantiene que efectivamente los presos «están mal de salud, muy deteriorados, pero muy bien de animo y convencidos de llegar hasta el final. Si el gobierno continúa en esa actitud y se niega a negociar, los hermanos van a hacer una huelga seca y eso significaría la muerte para alguno de ellos. Pero no hay voluntad política del gobierno, ellos estuvieron dispuestos a construirle o arreglarle una celda especial al senador Lavandero acá en Temuco, o construir cárceles especiales para los militares condenados por violaciones a los derechos humanos, pero no hay voluntad real de solucionar problemas cuando se trata de los mapuche». Para nosotros está claro que el «único culpable es el gobierno que defiende a las forestales y será el único responsable si alguien fallece». Pero no es posible llegar a una situación que se torne irreversible y el Estado chileno tiene la principal responsabilidad en lo sucedido, toda vez que ha aplicado legislación anti-terrorista para enfrentar las justas demandas del pueblo mapuche por el respeto a sus derechos colectivos. La criminalización del denominado conflicto mapuche, el uso desproporcionado de la fuerza y el encarcelamiento de mapuche solo ha agudizado la situación en territorio indígena lo cual ha suscitado el interés y la solidaridad de mucha gente y organizaciones. Noam Chomsky, destacado intelectual estadounidense, en una carta reciente expresa su «total apoyo a los dirigentes mapuche en huelga de hambre, a sus demandas de libertad y a su lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales». Asimismo, el senador por la zona, Alejandro Navarro, ha planteado la posibilidad de un indulto a los presos mapuche, no obstante el gobierno permanece impasible frente a la situación angustiante de los huelguistas, pues aunque eventualmente se resolviera no recurrir más a la ley anti-terrorista en el futuro, ello en nada soluciona el caso de los comuneros en huelga de hambre, porque ellos deberían aún cumplir la pena de 10 años y un día aplicada por los tribunales. Y así pasan las horas y se acaba el tiempo.