El pasado 30 de mayo se realizó una sesión especial sobre el tema de la restitución de tierras a los campesinos colombianos víctimas del despojo, en el Congreso de la República. El Ministro de Agricultura citó cifras generales y metas en la aplicación de la Ley 1448 de 2011 o de víctimas para controvertir los […]
El pasado 30 de mayo se realizó una sesión especial sobre el tema de la restitución de tierras a los campesinos colombianos víctimas del despojo, en el Congreso de la República.
El Ministro de Agricultura citó cifras generales y metas en la aplicación de la Ley 1448 de 2011 o de víctimas para controvertir los cuestionamientos de los parlamentarios de la oposición democrática cuyos razonamientos puntuales hicieron referencia a los pobres resultados en la materia, al fenómeno real de la concentración de la propiedad rural en manos de poderosos terratenientes y al resurgimiento de los grupos paramilitares que se organizan, en estos momentos, en «ejércitos regionales» para impedir a sangre y fuego la restitución de tierras, sin que el gobierno y sus fuerzas armadas hagan nada; es el caso de los «Urabeños» (manejados desde la Cárcel por Don Mario), que ya conformaron una brigada de 1000 mercenarios en los Montes de María (Sucre/Bolívar) para asesinar y desaparecer campesinos que se atreva a reclamar sus derechos sobre la tierra. (1).
Normas y hechos se deben confrontar. Esa dialéctica permite saber con claridad en qué va todo este proceso que el señor Juan Manuel Santos, de la mano de la Tercera Vía, ha proclamado como una «revolución» agraria, promovida por su gobierno, sin que sea necesaria una transformación radical del poder político tradicional y mucho menos una negociación con las guerrillas revolucionarias de izquierda que tienen en su programa como eje principal el problema agrario nacional.
La ley 1448 de víctimas expedida a mediados del año 2011, luego de un largo tramite parlamentario, es el marco regulatorio del asunto. El Título IV se refiere al tema de la Reparación de las víctimas y el Capítulo III trata el aspecto de la restitución de tierras, con acciones de restitución, principios, situaciones de despojo y abandono forzado de tierras, titulares del derecho de restitución, procedimientos de restitución y protección de derechos de terceros, creación de cargos de Magistrados en los Tribunales Superiores y de jueces civiles del circuito, con funciones agrarias y especializados en restitución de tierras, registro de predios afectados por el despojo, organización de una Unidad Administrativa Especial encargada de gestionar la restitución por la vía administrativa y la restitución de la vivienda.
Los decretos reglamentarios 4800, 4802, 0599 (2012) y otras disposiciones complementarias desarrollan temas puntuales como: i) el pago de las compensaciones a que haya lugar, ii) la administración del Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, iii) el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, iv) la implementación gradual y progresiva del registro, v) la solicitud de restituciones y análisis previo de las reclamaciones, vi) actuaciones administrativas para la inclusión de las victimas y predios en el Registro de Tierras despojadas y abandonadas forzosamente, vii) contendido del registro, viii) compensaciones y alivios de pasivos, ix) la regulación de la instancia de coordinación local para la microfocalización e implementación gradual y progresiva del registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
Pero el núcleo de las normas citadas apenas si es una parte de todo este universo de justicia y derechos humanos. Ya va casi un año de vigencia de la Ley (junio de 2011) y los resultados no son los mejores, y aun así el señor Juan Manuel Santos ha sacado pecho y organizado campañas mediáticas para proclamar la gran victoria de su gobierno.
Lo que dijo el Ministro Juan Camilo Restrepo en el Senado, de nuevo con promesas y fantasías, es que en los próximos meses se entregaran 90 mil hectáreas en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar y Tolima; que antes de terminar el año más de 2000 casos serán resueltos por la justicia; que los procesos de restitución de tierras serán estudiados por 23 jueces y 15 magistrados, nombrados por el Consejo Superior de la Judicatura; que en Tibu (Norte de Santander) se deben restituir 23 mil hectáreas y en Turbo (Antioquia) 20 mil; que Antioquia tiene el mayor número de solicitudes de restituciones, las cuales alcanzan 1900 y le sigue Bolívar con 1445; que las poblaciones indigenas y afrodescendientes han pedido la restitución 38 mil hectáreas; que los afectados por la violencia y el despojo deben recuperar un millón de hectáreas y la cifra puede llegar a 3 millones de hectáreas; y que el Ministerio de Agricultura ha recibido en una año 14.200 reclamaciones equivalentes a 1.085.782 hectáreas solicitadas por restitución.
Puras cifras y gestos grandilocuentes de burocracias ineficientes, que confirman la ineficacia de esta «revolución» agraria de la Prosperidad Democratico
La oposición demostró que hasta el momento las restituciones de tierras despojadas equivalen a cero. Los pocos Magistrados y jueces nombrados para atender el asunto marchan a paso de tortuga y pasaran años para que se produzca un resultado efectivo en la materia, debido a la ya conocida lentitud del paquidérmico y corrupto sector judicial colombiano. No respondió nada el alto funcionario a la pregunta planteada sobre ¿Quienes son los grandes terratenientes y conglomerados que han despojado las tierras de millones de víctimas de la violencia oligárquica y militarista colombiana. Le rebotaron a J.C. Restrepo los casos de Victor Carranza («alias esmeralda»), el poderoso paranarco santista que acumula miles de hectáreas de tierras con operaciones fraudulentas y criminales, gracias al apoyo del gobierno de Unidad Nacional; el de Efromovich el brasilero que avanza raudo y veloz adueñándose de Facendas, pozos petroleros, minas de oro y empresas de aviación aérea; o el de cementos Argos, que tiene una macabra llave en los Montes de María, con la Gata, los parapoliticos Garcia Romero/Guerra Tulena de Sucre y Salomon Feris («alias 08») para masacrar campesinos y despojarlos sus tierras.
Total que la restitución de tierras, con Ley y reglamentos de abundante articulado, tiene todos los síntomas de otra farza derechista, como tantas otras en la historia nacional, urdidas para perpetuar el poder oligárquico y pro yanqui de la élite dominante colombiana.
Sigue vigente la lucha por una auténtica reforma agraria que entregue tierras, insumos y créditos a los casi 15 millones de campesinos colombianos que viven en la pobreza, el desplazamiento, el despojo y la violencia. La alternativa cierta es la de organizar, educar, concientizar y movilizar a las masas agrarias para que con su potencia demanden y exijan sus derechos y el efectivo cumplimiento de las disposiciones plasmadas en las leyes referidas.
NOTAS:
(1) El Tiempo, 27 de mayo del 2001, pág, 12A. Cómo se estan reorganizando los Urabeños.