El año 2002 los miembros de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla lograron algo histórico: la recuperación del emblemático Fundo Alaska, hasta entonces en manos de la empresa Forestal Mininco. Tras una larga lucha, caracterizada por continuas movilizaciones y cotidianos enfrentamientos con la policía, el gobierno optó finalmente por la compra de las tierras y […]
El año 2002 los miembros de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla lograron algo histórico: la recuperación del emblemático Fundo Alaska, hasta entonces en manos de la empresa Forestal Mininco. Tras una larga lucha, caracterizada por continuas movilizaciones y cotidianos enfrentamientos con la policía, el gobierno optó finalmente por la compra de las tierras y su posterior traspaso a la comunidad. Lo hizo a regañadientes y hoy, a través de la violencia y el racismo del actuar de sus policías, pareciera estar cobrando su revancha.
El día viernes 7 de enero, cerca de las 21:00 horas, se produjo el último de los violentos allanamientos policiales que han afectado en los últimos dos años a la comunidad mapuche Ignacio Queipul de Ercilla. En un violento operativo, seis jóvenes mapuche fueron detenidos por parte de efectivos de la Tenencia de Ercilla y un piquete de Fuerzas Especiales de la Prefectura de Malleco. Según denunciaron más tarde los dirigentes, estas detenciones se produjeron sin órdenes judiciales que las respaldaran, sin haber dado a conocer la policía las razones de los arrestos y sin ser informados ninguno de los jóvenes de sus derechos al momento de la aprehensión. Nada nuevo bajo el sol para una comunidad que a la fecha ha debido enfrentar una docena de operativos similares.
Ante las dudas, un breve recuento. El 9 de junio de 1999, el joven mapuche Luis Marillán, de 22 años de edad y miembro de la comunidad, resulta herido en las piernas con 8 impactos de balines durante enfrentamientos con carabineros en el Fundo Alaska, propiedad de Forestal Mininco y reclamado desde hacía décadas por los miembros de la comunidad. El enfrentamiento se produce cuando Carabineros ingresa violentamente al fundo ocupado por la comunidad, a retirar madera y maquinarias de la empresa transnacional.
Diciembre de 1999. Diez mapuche resultan heridos por la violencia policial desatada nuevamente en las tierras de Temucuicui. Entre los heridos figura Juana Quidel, mujer de 75 años de edad, con una fractura expuesta en una pierna producto de una golpiza que le propina un grupo de carabineros, hecho registrado por las cámaras de varios noticieros. También resulta golpeada por la policía una mujer no-vidente. Los miembros de la comunidad denuncian más tarde que la lamngen Ema Quidel presentó síntomas de aborto tras ser golpeada brutalmente por la policía a pesar de su embarazo.
El 8 de noviembre de 2000, a las 10:00 horas, se registra un nuevo enfrentamientos entre comuneros y Fuerzas Especiales de Carabineros, resultando cinco habitantes de Temucuicui detenidos. Tres de los cinco aprehendidos quedan con lesiones de diversa índole debido a las golpizas que les fueron propinadas al momento de su detención. Posteriormente, los detenidos son trasladados al consultorio de Ercilla y quedan a disposición del Juzgado del Crimen de Collipulli, acusados de «maltrato de obra a Carabineros». De los efectivos policiales involucrados en las golpizas, ninguno resulta sancionado.
Nueve días después, a las 9:00 horas del 17 de noviembre de 2000, 400 efectivos de Carabineros ingresaron fuertemente armados a los terrenos de la comunidad, procediendo a disparar balines de goma, registrar viviendas y detener a numerosos comuneros mapuche. Testigos de la acción relataron que los policías profirieron diversos insultos racistas: «Vamos a violar a estos indios. (…) Vamos a hacerlos salsa a patadas». La fuerza policial ingresó además a la Escuela de la Temucuicui, en la que aún permanecían niños, disparando balines de goma e hiriendo a un comunero que se encontraba oculto en el recinto educacional. El violento operativo concluyó recién al mediodía. El saldo fue de seis lesionados por proyectiles de goma y dos detenidos.
23 de febrero de 2001. Cuatro mapuche son heridos -con balines de goma- al interior del predio forestal por parte de policías que realizaban labores de vigilancia para la empresa. A las 6:00 horas del 26 de octubre de 2004 se produce un nuevo allanamiento a la comunidad, presuntamente en busca de comuneros prófugos de los tribunales de justicia. Y el recuento suma y sigue.
Un largo conflicto
Dos primos figuran como históricos adjudicatarios de las tierras de Temucuicui: Ignacio Queipul y Millanao. Ambos ocupan 250 hectáreas bajo el patrocinio de Juan Mullil Lepuleo y el testigo Gaspar Zapata. Formalmente, la comunidad Ignacio Queipul, protagonista de esta historia, queda fuera de los terrenos pertenecientes al denominado Fundo Alaska, que es adquirido por la familia Paterson-Romero. No obstante, a poco andar la comunidad entra en conflicto con Paterson como consecuencia de la escasa tierra asignada por el estado chileno a los mapuche. La diferencia era, cuando menos, abismante. Específicamente, 250 hectáreas para numerosas familias mapuche; 1.600 hectáreas para los Paterson-Romero.
En 1970 la Cooperativa Mapuche Loncotraro de Ercilla, realiza una prolongada toma en el Fundo Alaska. Esta asociación, que reunía a doce comunidades de los sectores de Chequenco, Tricauco y Ancapiñancucheo, realizó diversas demandas al entonces gobierno de la Unidad Popular. La petición central era la revisión de los denominados ‘títulos de merced’, a lo que se sumaba la solicitud de asistencia técnica en el ámbito técnico y educacional. Si bien el gobierno de Salvador Allende dio curso a sus peticiones, decretándose la expropiación de las tierras, a contar del 11 de septiembre de 1973 la contrarreforma agraria de Pinochet volvió todo a fojas cero, decretando el encarcelamiento de varios dirigentes y persiguiendo a otros tantos.
Es entonces cuando la familia Paterson-Romero decide vender las tierras del Fundo Alaska a la Empresa Forestal Mininco. El traspaso se produce en medio de la denominada «expansión forestal» del gobierno militar, impulsada por el Decreto Ley 701 de 1974, que buscaba reemplazar en la zona centro-sur del país la alicaída producción agrícola por la plantación sostenida de bosques artificiales (pino y eucaliptus) para el mercado maderero nacional e internacional.
Con el retorno de la democracia y la dictación de la Ley Indígena 19.253, los mapuche inician nuevamente las reclamaciones de sus antiguas tierras. Deciden constituirse como comunidad y eligen como presidente al lonko Juan Catrillanca (En la imagen). A través del Consejo de Todas las Tierras, dan entonces inicio a una ardua tarea de reivindicación territorial. Tras largos años de infructuosas visitas a las oficinas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), los mapuche deciden pasar a la acción. Es así como en abril de 1999, más de 200 comuneros liderados por el lonko Catrillanca deciden ocupar el Fundo Alaska. En este contexto se producen -a contar de 1999- las primeras intervenciones policiales «democráticas» en la zona de Temucuicui.
Rápidamente, la tensión generada por el conflicto se desplaza hacia otros sectores, como Chequenco, donde un par de años después sería asesinado por la policía el joven mapuche Alex Lemún, precisamente, en otro predio de la Forestal Mininco. Entre abril de 1999 y abril del 2002, los mapuche fueron desalojados más de una treintena de veces del predio forestal. Y una treintena de veces regresaron. Hasta que, finalmente, lograron doblegar la porfía de la empresa forestal que en mayo de ese año decidió vender el predio de 1.927 hectáreas al organismo indigenista a un precio de mil 348 millones. Esto, después de llegar al «convencimiento de que no podría ejercer normalmente el dominio del predio, a raíz de las constantes tomas, incendios y perturbaciones que lo han afectado», según señaló por entonces el gobierno.
La revancha judicial
Una vez concretada la entrega de las tierras a la comunidad, la calma llegó a Temucuicui. Con esperanzas, los dirigentes vislumbraban a partir de entonces un mejor futuro para las 153 familias beneficiadas con la compra. Sin embargo, el gobierno tenía otros planes y de a poco el sueño se fue transformando en una pesadilla de persecución en contra de dos de los principales líderes de la histórica recuperación: Marcelo Catrillanca Queipul y José Naín Curamil, ambos condenados -después de un juicio plagado de irregularidades, tales como testigos pagados y sin rostro- a cinco años de cárcel por su presunta participación en un incendio ocurrido al interior del predio de Forestal Mininco.
Mientras Naín permanece desde el 7 de septiembre de 2003 recluido en la ciudad de Angol, Marcelo Catrillanca optó por no presentarse ante los tribunales de justicia y se mantiene en la clandestinidad (Ver Entrevista). Desde entonces, una docena de violentos y sorpresivos operativos policiales no han dado tregua alguna a las familias de la golpeada comunidad.
Al interior de Temucuicui, los comuneros señalan que el gobierno los designa como «terroristas». Puntualizan que este calificativo se debe a la reivindicación de sus tierras. Algunos habitantes de la localidad han señalado que, con la recuperación del fundo, aspiran a que sus hijos vivan en mejores condiciones. Acerca de otros «cinco peñi presos» en Angol, detallan que el gobierno ha designado «defensores» públicos, pero que la asistencia judicial no ha existido hacia los mapuche. Aun así, los comuneros señalan que uno de los objetivos centrales de la recuperación de tierras es el trabajo. Agregan que es necesario construir un futuro mejor para sus familias e hijos.
«Volveremos a organizarnos. Estamos conversando con los jóvenes y con todas la personas de la comunidad. No nos vamos a encapuchar, vamos a plantear nuestras aspiraciones a rostro descubierto», enfatizan. Consultados por los «testigos pagados» que han testificado en algunos juicios contra sus dirigentes, los habitantes de Temucuicui señalan que existen mapuche, residentes en la zona que han recibido pagos del Fiscal Detallan que estos testigos, en determinadas ocasiones, reciben protección policial ya que carabineros realizan visitas a sus domicilios.
«Hay peñi que han estado presos, pero no por recuperación de tierras. Ellos conversaban con el Fiscal. Les afirmó que sus causas las iban a ir dejando de lado», sentenciaron. Los comuneros añaden que la Fiscalía incluso costea celulares. Afirman haber sorprendido a un comunero al que la Fiscalía le habría cargado, por un monto de 30 mil pesos, el teléfono móvil para entregar información. Luz Curamil, madre de José Naín, relata que la situación de su hijo es complicada. Añade que Naín también fue acusado mediante falsos testigos.
«El fue dirigente de la comunidad y nunca se escondió. Por decir la verdad y por reclamar nuestros derechos, lo acusaron», apunta. No obstante, Naín recibió el beneficio de permanecer en otro recinto al interior de la cárcel de Angol. Por su parte, el lonko de la comunidad, Juan Catrillanca, detalla que la recuperación significó la enemistad con el Estado de Chile. Esta situación, dice, se intensificó con los particulares que viven en los alrededores de la comunidad. Catrillanca subraya que los jóvenes, y todos los comuneros que participaron en el proceso de traspaso, están siendo perseguidos. Insiste en que las medidas de coerción están a cargo de policías uniformados y de civiles.
En cuanto a la situación interna de Temucuicui, el lonko indica que los más afectados, en el plano psicológico, son los niños, que han sido testigos del ingreso de la fuerza policial a la comunidad. «Nos preguntamos acerca de las intenciones del Estado chileno: ¿quiere que el mapuche viva de las migajas que caen de la mesa o desea que tenga el espacio que se merece?». Catrillanca denuncia que el Estado no está ejerciendo medidas que estén de acuerdo con una sociedad democrática. Añade que la represión es un elemento que se palpa, por parte de Temucuicui, con bastante violencia. «Nuestras familias se sienten amenazadas, perseguidas no sólo cuando viajan a las ciudades sino que en nuestras propias casas», subraya el lonko.
Exigencia de justicia
A pesar de todo, los mapuche de Temucuicui no pierden las esperanzas de que la justicia, la justicia del winka, castigue a los responsables de estos atropellos. Es así como tras el último y violento operativo que significó el arresto extrajudicial de seis jóvenes, el pasado 7 de enero, la comunidad decidió interponer una querella por «secuestro calificado, sustracción de menores y torturas», en contra de los policías encargados del brutal operativo. La querella fue interpuesta el jueves 13 de enero en Temuko por el propio lonko Juan Catrillanca, acompañado por el abogado del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodrigo Lillo.
«La comunidad de Temucuicui espera contar con la acogida de la demanda, para que esta investigación se lleve a cabo y tenga en algún momento resultados favorables, que hagan pagar a los responsables de estos delitos. Pretendemos con esta acción legal, además de buscar castigo para los responsables, dejar en evidencia la forma como operan los encargados de reprimir al mapuche», señalaron los miembros de la comunidad a través de un comunicado. En estos casos, la esperanza de justicia es muchas veces lo último que se pierde / Azkintuwe
* Para solidarizar con los presos mapuche de Ercilla, Traiguén, Angol y Collipulli puedes escribir al correo electrónico [email protected] o contribuir económicamente depositando en la cuenta de Ahorro N° 62965743664 del BancoEstado a nombre de Cecilia Curinao Guanaco y Rosa Curihuentro Llancaleo, BancoEstado, Sucursal Temuco, lX Región, Chile.