El señor Santos pasó sus peores tres días con el hundimiento de la reforma a la justicia que los congresistas convirtieron, con su explicita complicidad, en un estatuto parlamentario para la impunidad de la parapolítica y la corrupción. La fuerte reacción ciudadana dio al traste con dicho esperpento y precipitó el mayor descredito del gobierno, […]
El señor Santos pasó sus peores tres días con el hundimiento de la reforma a la justicia que los congresistas convirtieron, con su explicita complicidad, en un estatuto parlamentario para la impunidad de la parapolítica y la corrupción. La fuerte reacción ciudadana dio al traste con dicho esperpento y precipitó el mayor descredito del gobierno, el parlamento y las cortes de justicia. La raya quedó trazada para un antes y un después del heredero de Uribe Vélez, que en adelante tendrá que vérselas con un movimiento popular/patriótico en crecimiento, dispuesto a dar una viraje radical a la nación con grandes movilizaciones de masas como paros, huelgas, demandas y bloqueos.
El experto (y Santo) jugador terminó enredado en sus espuelas, tambaleo y por poco cae en la lona. Al tiempo que se destapaba en las redes sociales la potencia de la multitud presionando una revocatoria inmediata de los mandatos parlamentarios, judiciales y ministeriales; uno de los cuales efectivamente cayó, me refiero a Esguerra el de la Oficina de Justicia.
Los mismos pasos se están dando con la famosa «revolución agraria» que agita demagógicamente el Presidente dizque para dejar sin banderas la resistencia guerrillera que demanda una profunda reforma agraria como premisa de la paz. Dizque para hacer «justicia» con los cerca de 15 millones de campesinos pobres.
El Plan agrario gubernamental tiene dos ejes. Uno es la ley 1448 de 2011 de restitución de tierras y el otro es la propuesta de Ley de tierras y desarrollo rural.
Varios debates de la oposición democrática en el Congreso han demostrado que el proceso de restitución de tierras es un fracaso descomunal. El Ministro Juan Camilo Restrepo encargado del tema es un absoluto incompetente pues la locomotora de la Ley 1448 (reparación/restitución) nunca despegó y apenas se insinúan algunos resultados para el segundo semestre del año que viene. Al taimado y encopetado burócrata J.C. Restrepo, conservador reaccionario de origen paisa, se le malogró el shock agrario/espectáculo que se proponía realizar para restituir tierras antes de la sanción de la Ley 1448/2011, pero como lo debió aceptar en el debate de control en las Cámaras legislativas citado por la Oposición de izquierda, los planes debieron iniciar de cero nuevamente para establecer compromisos de trámite de solicitudes registradas desde la firma de la Ley. Lo que implica que olímpicamente se ignoran las metas del Plan de Desarrollo «Prosperidad para Todos» y los 350 mil radicados de propiedades abandonadas que reportaron los campesinos forzados a dejar sus tierras, correspondientes a 8 millones 400 hectáreas, al finalizar el año 2010, según estadísticas de la Oficina de Protección de Tierras. Hasta el día de hoy, se puede hablar de un listado en poder del gobierno de 400.000 predios, con identificación del reclamante, correspondientes a más de nueve millones de hectáreas. Y en los vericuetos de la burocracia y el empezar de nuevo anunciado en los medios de comunicación y los debates parlamentarios, en la era de Santos no se alcanzará el 15 por ciento de esa cifra en restitución de tierras y obviamente no superará el 5 por ciento el regreso real de los desplazados a la propiedad sin ningún litigio aun no resuelto.
La situación en gestiones administrativas, según demandas nuevas, se complica con varios procedimientos burocráticos de desestimulo, particularmente para el 87 por ciento de desplazados que son pequeños productores. A la ineficacia estatal y la paquidermia/corrupción judicial se le suman los hechos de violencia paramilitar/estatal, los testaferros, los ejércitos antirestitución en Antioquia, Norte de Santander, Sucre y Sur de Bolívar; y los poseedores disfrazados de buena fe que ahora abundan en las tierras reclamadas con apoyo gubernamental en la inversión de la carga de la prueba.
El otro eje de la estrategia agraria oficial es el Proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, el cual fue dado a conocer en borrador hace poco tiempo para empezar las consultas previas con las comunidades étnicas, tal como estipula la Carta Constitucional. Pero dichas conversaciones con los indígenas y los afrodescendientes no han dado inicio en gran medida por la intención gubernamental de realizar acciones express y de elites, omitiendo incluso el procedimiento que se adoptó con eficacia en la consulta del decreto/ley reglamentario sobre derecho de las víctimas indígenas, afro y rom. Adicionalmente dicho proyecto está bastante distante de ser la «revolución» o la «reforma agraria» que tanto se publicita por los medios oficialistas. La gran contradicción es que, en lugar de centrarse en la adjudicación a los campesinos de tierras adecuadas y recursos tecnológicos modernos, ese Proyecto tiene el propósito de estimular el monopolio del empleo de la tierra por la vía de propiciar la estructuración de macropredios, por compra o arriendo. En ese sentido se reconocieron los «convenios de uso» en la Ley 1448/2011, y se promueve ahora formalizar el «derecho real de superficie», que elimina de tajo el derecho a la propiedad del suelo.
Con los cambios a la «Unidad Agrícola Familiar», aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo, «Prosperidad para Todos», ya se dieron pasos en tal dirección para facilitar de esa manera el lavado o saneamiento de títulos de grandes extensiones, con base en la compra u ocupación de buena fe de fundos entregados a colonos en los últimos 20 años. Con lo que se promueve la reapropiación de la altillanura de la Orinoquia especializada en el agro negocio global.
En tales condiciones, para el 40 por ciento del campesinado, la mejor opción es migrar a las grandes ciudades para obtener ciertos subsidios, entre estos el de vivienda, y para un grupo minoritario la salida planteada es unirse con los macroproyectos o asumir la condición de asalariados estacionales. El TLC, con la llegada en masa de comodities agropecuarios subsidiados en Estados Unidos, se encargará de la quiebra de pequeños y medianos productores de alimentos y la violencia y guerra biopolítica contra los pobres ejecutada por los paramilitar y el Estado completaran lo que falte en materia de arbitrariedad.
Las normas sobre entrega de tierras y derechos a la propiedad colectiva son de muy pobre alcance en el Proyecto. Pero ni tales iniciativas ni otras que puedan aliviar la ruina de las economías campesinas pobres podrán remontar la alcabala de un Legislativo controlado por una simbiosis de sucesores de los ‘parapolíticos’ (35 por ciento), maquinas podridas y delegados absolutos de las oligarquías terratenientes, agroindustriales y mineras. Adicionalmente el señor Juan Camilo Restrepo, en su deplorable gestión ministerial, no ha podido obliterar la ofensiva de la gran minería en contra del agro nacional. Por eso la «revolución rural» de Santos está más envolatada que la arruinada reforma a la justicia, colocada a disposición de la ‘parapolítica’, la corrupción y la impunidad. Todas las señales indican que el Proyecto de tierras y desarrollo rural anunciado para el próximo periodo legislativo, donde le pasaran muchas cuentas de cobro a Santos, serán solo titulares y no alcanzará la etapa de ‘micos’ de la fallecida reforma a la justicia o del postizo «marco constitucional para la paz» ya aprobado, que por lo visto fue hecho para favorecer a los paramilitares de Justicia y Paz, y menos para adelantar una negociación con los grupos rebeldes de la guerrilla revolucionaria, que de tener algún éxito implicaría un nuevo ordenamiento constitucional y legal para poner en vigencia lo acordado.
Siendo así, ¿No resulta conveniente para toda la nación y los campesinos pobres que el señor Ministro de Agricultura y tierras renuncie a su cargo como ya lo hizo el de Justicia?
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