Garantizar el derecho a la salud es uno de los principales desafíos en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera acordado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC EP) y el Gobierno Nacional. Esto configura un desafío por varios aspectos: […]
Garantizar el derecho a la salud es uno de los principales desafíos en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera acordado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC EP) y el Gobierno Nacional.
Esto configura un desafío por varios aspectos: la dispersión de la población en las regiones, difícil acceso a los sitios para llevar la atención, poca oferta de profesionales -principalmente especialistas- en las regiones quienes brinden la atención en salud, transformar currículos de programas de ciencias de la salud en las universidades que tengan un componente social más fuerte para comprender las problemáticas de salud y las dinámicas del conflicto armado en resolución, infraestructura, tecnología e incorporar a los excombatientes y las comunidades a la atención en salud en la planeación, verificación e implementación del Plan de Salud Rural acordado en el punto uno del acuerdo final y la salud como eje transversal para la construcción de una paz estable y duradera. Finalmente se trata de democratizar el acceso a la atención en salud y garantizar la salud como un derecho fundamental para todos y todas.
Frente a lo acordado en La Habana, en relación al sector salud, se tiene la creación del Plan Nacional de Salud Rural con un modelo diferencial de salud pública, el Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas, atención psicosocial a víctimas de la violencia y la atención en salud en las zonas veredales transitorias como principales labores a las que se enfrenta en particular el Estado colombiano, pero también es una tarea de la sociedad que se debe comprometer con todas las transformaciones sociales que pueden darse junto con los más amplios sectores de la sociedad, en aspectos como la participación política, la democratización del acceso a la tierra, la soberanía y la seguridad alimentaria que determinan el proceso salud enfermedad de los colombianos.
Frente a lo acordado en la Habana
Para comenzar es necesario precisar, qué es lo acordado en materia de salud en el Plan de Salud Rural y cómo el gobierno percibe dicha implementación, teniendo en cuenta que el sistema de salud tiene dificultades hasta en las grandes ciudades como Bogotá, donde se mueren niños de inanición, como en la actual Alcaldía de Enrique Peñalosa. Sin embargo, el acuerdo de La Habana en el punto uno señala:
«con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, en especial los grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural».
La primera preocupación que emerge es la continuación intacta del sistema de salud que hace parte de los aspectos del modelo económico innegociable por el gobierno nacional, lo cual deja una serie de incertidumbres como: ¿qué prestadores privados irán a garantizar los servicios de salud?, ¿quiénes serán los prestadores públicos?, ¿cómo se llevarán especialistas a estas zonas?, ¿cómo se garantizará la atención en salud en todos sus niveles de complejidad?, ¿el Modelo Integral de Atención en Salud será el pertinente para estas regiones?, ¿se seguirá definiendo las políticas de salud desde el centro del país para todas las regiones?. Y seguramente, si le preguntamos a las comunidades y excombatientes que conocen los territorios y los vejámenes que ha dejado este sistema de salud tendríamos muchos más cuestionamientos.
Del acuerdo salen cuatro retos específicos en el Plan de Salud Rural a desarrollar. El primero, la construcción y el mejoramiento de la infraestructura sobre la base de un diagnóstico amplio y participativo; el segundo, la adopción de un enfoque diferencial y de género; el tercero, la creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas, con énfasis en la prevención y participación. Por último, la creación de un sistema de seguimiento y evaluación permanente para garantizar la calidad y oportunidad de la atención. Estos cuatro retos tienen en común la participación comunitaria efectiva, algo alejado del actual sistema de salud que se caracteriza por el individualismo exacerbado, propio de un sistema de aseguramiento que garantiza atención en salud y no garantiza un derecho. Este aspecto pone de facto una gran oportunidad en las comunidades organizadas históricamente porque, más allá de hacer veeduría, es un espacio de oportunidad política para incidir en el Plan de Salud Rural que el gobierno quiere reducir al Modelo Integral de Atención en Salud, que valga decir ha tenido dificultades en su plan piloto en el Guainía y también en la implementación que viene dándose paulatinamente en Bogotá, que ha acarreado la eliminación de la atención primaria en salud como se venía dando desde hace 12 años, dejando resultados negativos en la salud y en la calidad de vida de la población.
La salud en las Zonas Veredales de Transición y Normalización
En cuanto a la implementación de lo acordado en la Habana, el presidente Juan Manuel Santos anunció a principios del mes de diciembre de 2016 que las FARC-EP empezarían a concentrarse en las 20 Zonas Veredales y 7 puntos de normalización. Sin embargo, en el 30% de estos lugares la logística no llega, hay comunidades con dudas e interrogantes no resueltos y ya se han observado problemas que han quedado en evidencia como lo publica la Revista Semana en un artículo del 17 de diciembre, o más recientemente la denuncia realizada por el equipo de comunicaciones de las FARC-EP en donde se muestra lo ya publicado por Iván Márquez, integrante del Secretariado de las FARC-EP frente al mal estado de los alimentos. «Se vienen presentando una serie de anomalías en este procedimiento, entre otras, abastecimiento transportado en vehículos militares; remesa que sale directamente de los batallones, caso Punto de Preagrupamiento, PPT del Yarí; productos perecederos que llegan en proceso de descomposición porque los abastecedores no garantizan la cadena de frío, indispensable para su conservación; incumplimiento del compromiso por parte del gobierno de habilitar los elementos necesarios para mantener esa cadena de frío en los PPTs.». Estas situaciones se presentan como un claro incumplimiento del Protocolo y Anexos del capítulo de LOGÍSTICA del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA), en donde en materia de salud señala:
«Salud. Durante el proceso del CFHBD y DA, se cuenta con la atención médica básica que sea necesaria de forma inmediata. Se brindará atención a las madres gestantes y lactantes y en general, atención materno infantil. Igualmente, se prestará atención médica especializada o de emergencia, en cuyo caso se podrán realizar los traslados a los centros médicos pertinentes, garantizando la atención oportuna y la seguridad».
Líneas de Abastecimiento. Para la adquisición, transporte y distribución de los productos alimenticios y medicamentos, el Gobierno Nacional hará la convocatoria pública, uno de cuyos términos de referencia debe ser que los productos alimenticios y los medicamentos sean adquiridos preferentemente en las regiones donde estén ubicadas las ZVTN y PTN. Las FARC-EP designará un delegado que acompañe este proceso a nivel nacional.
Es importante señalar que esto ha tenido dificultades en la implementación y ha acarreado problemas de salud de los excombatientes como se viene denunciando por diversos medios de comunicación. Uno de estos tristes eventos que se viven a diario en el país, lo ha comenzado a padecer las FARC-EP con la muerte de Damaris Lee, cuyo nombre era Hadasilla Sierra Olivera, en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) en Conejo, Guajira, quien fue trasladada al hospital San Rafael del municipio de San Juan del Cesar Guajira, donde falleció, según lo informa el Bloque Martín Caballero en su página de internet. Otro que no se escapó del sistema de salud Colombiano fue Arturo Alape, uno de los comandantes de las FARC,quien tuvo que esperar 3 horas para ser atendido y luego ser diagnosticado de malaria. Tuvo que esperar 12 horas para que se le suministrara el medicamento respectivo. Irónicamente hace algunos días Alape expicó en un medio de comunicación que en las FARC-EP la atención en salud y la suministración de los medicamentos son inmediatas y sin trámites.
La realidad de los combatientes ha sido la guerra ante un Estado que no es garante de los derechos de los ciudadanos; su realidad ha sido aprender en el conflicto, tal y como lo refieren testimonios recopilados por Alfredo Molano en su columna Médicos y Guerrilleros
«Ser médico en una guerrilla es exigente. Recibimos heridos graves por disparos o bombardeos, trabajamos en condiciones extremas, con pocos equipos y muchas veces sin medicinas. Trabajamos en medio de combates, de operativos. Pero también tenemos que atender dolores de muelas, apendicitis, picaduras de culebra. Somos médicos rurales experimentados».
Esto sin mencionar que muchas veces son los que han prestado la atención en salud a las poblaciones rurales dispersas con las cuales han convivido. Es complicado admitirlo pero la insurgencia presta mejor el servicio de salud que un Estado que se considera democrático y garantista de derechos. Y ahora con la implementación, pareciera ser que el peor castigo para la insurgencia será ser parte del nefasto sistema de salud, ese mismo que niega servicios y nos condena a los colombianos al famoso «paseo de la muerte». Irónico, pero cierto, el reto parte por responder a esa realidad diferente que no es el bombardeo ni la herida de fusil que desmembra, es la esperanza de incorporarse a la vida civil de miles de jóvenes, hombres, mujeres gestantes y no gestantes, sus futuros hijos y toda la población rural dispersa, que ha sido la que ha vivido las dinámicas directas del conflicto que no pueden estar condenadas a que le den un carné que por más «especial» que sea, no garantiza el derecho a la salud.
A manera de conclusión, se requiere que los colombianos en su conjunto y especialmente los profesionales de la salud velemos porque se lleve a cabo lo pactado en la Habana, desde la implementación de las ZVTN hasta la implementación del Plan de Salud Rural, que de seguro dará buenos frutos, con el liderazgo histórico del campesinado colombiano que ha jalonado cambios en el país. Por otro lado, desde las ciudades y campos debemos impulsar los cambios necesarios para un nuevo sistema de salud que resuelva la atención pero que también tenga una mirada mucho más amplia sobre el derecho a la salud atado al buen vivir, la vida digna y se desligue de una vez por todas de los intereses privados.
De manera prioritaria se requiere un plan de contingencia en atención integral en salud para las zonas veredales de transición, el cual sea el primer paso para el andamiaje del plan nacional de salud rural con todos los aspectos que incluye: la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención y la rehabilitación de los excombatientes que han tenido unas dinámicas particulares en su pertenencia a las FARC EP y las poblaciones que paradójicamente han estado excluidas de la garantía del derecho siendo ciudadanos del Estado colombiano. La garantía para continuar la concentración de los excombatientes en las ZVTN, avanzar en el desarme y en la reincorporación a la vida civil es mostrar que Colombia puede ser un Estado social de derecho donde exista salud, educación, trabajo, vivienda, etc., en su conjunto donde cada persona tenga dignidad.
En esta misma vía desde el Colectivo de Salud Abran la Puerta, hacemos el llamado a que se den canales de participación en la implementación del acuerdo, en el cual las organizaciones y la ciudadanía tienen mucho que aportar en pro de las transformaciones necesarias que requiere hoy el país para alcanzar la paz saludable que requieren las y los colombianos, con justicia social.
Julián Orjuela Benavides. Odontólogo U. Nacional Cand-Mag Salud Pública PUJ
Paola Suárez Santana. Enfermera U. Nacional Cand-Mag Salud Pública PUJ
Carolina Rendón Mendoza. Enfermera U. Nacional
Colectivo de Salud Abran la Puerta