La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a Francisco Luzoro Montenegro a la pena de 20 años de presidio, en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado de los campesinos Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres; y del delito frustrado de […]
La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a Francisco Luzoro Montenegro a la pena de 20 años de presidio, en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado de los campesinos Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres; y del delito frustrado de homicidio calificado de Alejandro del Carmen Bustos González, crímenes perpetrados el 18 de septiembre de 1973 en el sector de Colipeumo, en la comuna de Paine.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y el abogado Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ratificó la resolución de la ministra en visita Marianela Cifuentes del 31 de marzo pasado. En contra votó el juez Cisternas.
La ministra Cifuentes estableció que, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, carabineros de los retenes de Hospital, Champa, Chada, Pintué y Huelquén fueron trasladados a la subcomisaría de Paine, a cargo del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza, quien pidió ayuda a varios civiles, dueños de tierras en la zona, para detener y castigar a campesinos a quienes se acusó de ser agitadores comunistas.
Juan Francisco Luzoro Montenegro, presidente de la Asociación de Transportistas de Paine, actuó como cabecilla de varios civiles que facilitaron vehículos y logística para las labores represivas de carabineros y militares y participaron en ejecuciones de al menos setenta campesinos y obreros agrícolas de Paine, localidad ubicada 46 kilómetros al suroeste de Santiago, en la actual provincia del Maipo.
LA VENGANZA PATRONAL
El 15 de septiembre de 1973, los carabineros y civiles que les ayudaban -a bordo de varios vehículos particulares- detuvieron a doce campesinos y los condujeron al cuartel policial de Paine. Allí los raparon con navaja, los hicieron desnudarse y amarrados los mantuvieron boca abajo en el suelo, siendo pisoteados por carabineros y civiles (Claudio Oregón, Antonio Carrasco y Darío González). Luego les aplicaron corriente eléctrica y los metieron en unos tambores con aguas servidas. Los soltaron al anochecer vistiendo sólo sus calzoncillos.
Dos días después, en vísperas de Fiestas Patrias, varios campesinos del asentamiento «Paula Jaraquemada» fueron notificados que se presentaran en la subcomisaría de Paine. Hasta allí llegaron los obreros agrícolas Alejandro Bustos González, Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres. Les esperaban los sargentos Manuel Reyes Alvarez, Jorge Verdugo, Víctor Sagredo y José Retamales, junto a los carabineros Juan Valenzuela, José González, Jorge Leiva y Pío Moya. También estaban los civiles Claudio Oregón, Darío González, Jorge Aguirre y Francisco Luzoro.
Tras ingresar al cuartel los cinco campesinos, fueron sometidos a brutales palizas y tortura con electricidad. En la noche, tirados en el suelo, semiinsconcientes en las caballerizas, escucharon la música y risas que provenían de un asado que compartían unos quince civiles y una veintena de carabineros.
Pasada la una de la madrugada los sacaron de las caballerizas. A la entrada del cuartel esperaba una caravana de camionetas -una amarilla, de Claudio Oregón; una roja, de Francisco Luzoro; una verde, de Jorge Sepúlveda; y otra blanca-. Subieron a los detenidos y los vehículos partieron conducidos por sus propietarios con rumbo desconocido. Tras una hora de viaje el convoy se detuvo e hicieron bajar a los cinco campesinos. Estaban junto a un cerro y al lado del camino de tierra; muy abajo, corría un río ancho y torrentoso. Les ordenaron que se pusieran de espaldas al abismo, con los brazos en alto, alumbrados por los focos de las camionetas, contra cuyas luces se perfilaban las sombras de policías y civiles.
Rugieron las metralletas y se estremecieron los cuerpos de los ejecutados. Alejandro Bustos sintió que un balazo le destrozó el brazo izquierdo y cayó de espaldas. Sobre él se precipitó uno de sus compañeros, cuya sangre le empapó la cara y la cabeza. Francisco Luzoro, Antonio Carrasco y el sargento Reyes se acercaron a verificar la muerte de sus víctimas.
Bustos se hizo el muerto. Dos de sus verdugos lo tomaron de pies y brazos y lo arrojaron al río. Cayó al borde del cauce, sobre unas zarzamoras. Pudo ver cómo a los otros campesinos les cortaban el cuello antes de lanzarlos al agua. A uno de ellos le sacaron los ojos y le cercenaron la lengua.
La periodista Cherie Zalaquett, en su libro Sobrevivir a un fusilamiento. Ocho historias reales , publicado por Aguilar Chilena de Ediciones en 2005, relata pormenores del calvario vivido por Alejandro Bustos, quien logró sobrevivir a la matanza y en los últimos cuarenta años se transformó en el principal testigo para inculpar a los responsables de aquellos crímenes en el sector de Colipeumo.
OTRO PROCESO
La ministra Marianela Cifuentes también procesa desde fines de junio de este año a Francisco Luzoro por el homicidio calificado de Ricardo Eduardo Carrasco Barrios, cometido en Paine el 16 de septiembre de 1973. Ese día, en la madrugada, una caravana de vehículos con carabineros y civiles al mando del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza y de Luzoro Montenegro llegaron al asentamiento «Santa Rosa», lugar en que se ocultaban Carrasco Barrios y otros. Detuvieron a Carrasco y lo obligaron a correr hacia un canal cercano, momento en el cual le dispararon por la espalda provocándole la muerte y lanzando su cadáver al curso de agua.
Marianela Cifuentes también cerró en el mes de abril la etapa de sumario por la causa denominada «Caso Paine» que comprende a 38 víctimas y que hace referencia a dos episodios: la detención y posterior ejecución de los campesino del sector de «El Escorial», ejecutados en la cuesta Chada el 3 de octubre de 1973; y la detención y ejecución de los campesinos de los asentamientos «24 de abril», «El Transito», «Nuevo Sendero» y «Paine», asesinados en el sector de Los Quillayes cerca del lago Rapel el 16 de octubre de 1973. Junto a esas víctimas fueron también fusilados Ramón Capetillo Mora y Mario Muñoz Peñaloza, detenidos el 8 y el 10 de octubre respectivamente. En ambos casos, los militares responsables fueron miembros de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
Francisco Luzoro, ex dirigente de los camioneros de Paine que ahora están dedicado a la crianza de caballos en su fundo de Fresia, Región de La Araucanía, fue detenido por detectives y trasladado a Santiago para ser presentado ante la Corte de Apelaciones, donde fue notificado de su condena, que deberá cumplir en la cárcel de Colina.
A diferencia del terrateniente Juan Quintanilla, encausado por el juez Héctor Solís Montiel en 2008 por su participación junto a militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el episodio del 16 de octubre de 1973 en el que fueron asesinados 22 campesinos, Luzoro actuó siempre junto a efectivos de Carabineros.
Paine, con un total de setenta víctimas, es el lugar que tiene la cuota más alta de ejecutados y detenidos desaparecidos en Chile, en proporción a sus habitantes. Otros civiles procesados por los crímenes de campesinos de esa zona son Rubén González Carrasco, Claudio Oregón Tudela y los hermanos Jorge y Mario Tagle Román.
El juez Héctor Solis, quien en un trabajo investigativo excepcional logró ubicar en Litueche la quebrada donde fueron asesinados 22 campesinos de Paine, falleció en octubre de 2013 y fue reemplazado por la jueza Marianela Cifuentes Alarcón. Parte de la labor del juez Solís quedó registrada en el documental Ministros en visita en causas de derechos humanos. El caso Paine , que se puede ver en Youtube.
SE ACERCA LA VERDAD
En 1979, la justicia militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el dictador Augusto Pinochet para encubrir sus crímenes. No obstante ahora, casi treinta años después, los jueces parecen acercarse a la verdad, la justicia y la reparación.
La reforma agraria iniciada en la decada de 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, hizo posible que muchas familias campesinas de todo el país fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un pequeño grupo de latifundistas. Los campesinos, entonces, dieron vida a los «asentamientos» y a su desarrollo productivo. Pero en Paine, como en el resto del campo, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron venganza, asesinando a dirigentes sindicales y campesinos asentados. Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los asentamientos entregando nombres y participando en la represión. Esos civiles, por décadas, habían logrado eludir a la justicia y se daban maña, incluso, para seguir amenazando a los familiares de sus víctimas. Ahora, con Francisco Luzoro en la cárcel, pareciera que todo empieza a cambiar.
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Civiles procesados
Más de 50 civiles están siendo procesados en las causas que llevan los jueces investigadores de violaciones a los derechos humanos, según señalaron a PF fuentes de tribunales. En la mayoría de los casos se trata de personas vinculadas a la represión de campesinos, obreros agrícolas y forestales, muchos de ellos mapuches, que participaron activamente en la reforma agraria que emprendieron los presidentes Frei Montalva y Allende entre 1967 y 1973.
Muchos de los civiles encausados se vincularon especialmente con Carabineros de zonas rurales que tuvieron a su cargo la represión en los días que siguieron al golpe militar. Colaboraron aportando listas de personas a las cuales consideraban «extremistas peligrosos» y en no pocos casos actuaron directamente en las detenciones y ejecuciones que son investigadas. También contribuyeron con vehículos, vituallas e incluso dinero para apoyar el trabajo de búsqueda y detención de los campesinos.
La mayoría de ellos eran militantes de partidos de derecha, integrantes del grupo terrorista Patria y Libertad o miembros de grupos que se opusieron tenazmente al gobierno de la Unidad Popular. A casi todos ellos los motivó la revancha ante los avances del movimiento popular logrados en los años del gobierno del presidente Allende.
Entre los civiles procesados se encuentra Sergio Bustos Baquedano, autor de la demanda laboral en contra de Natalia Compagnon por el llamado caso Caval, quien fue sometido a proceso por la Corte de Apelaciones de Chillán en agosto de 2015, en la causa que investiga los homicidios en 1974 de Rolando Angulo, Ogan Lagos y Bartolomé Salazar, miembros del MIR en San Carlos, donde Bustos Baquedano militaba en Patria y Libertad.
En Valparaíso se investiga a varios civiles que se habrían incorporado a la Armada como oficiales de reserva después del golpe y participado en interrogatorios y torturas en cuarteles secretos entre septiembre del 73 y fines de 1974. Algunos eran estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 890, 8 de Diciembre 2017.