Partidos políticos (PSOE, IU, UPyD, Podemos y Equo), sindicatos, plataformas ciudadanas y movimientos sociales han firmado un documento en Madrid por el que se comprometen con la gestión pública del agua. En el acto ha participado Pedro Arrojo, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y […]
Partidos políticos (PSOE, IU, UPyD, Podemos y Equo), sindicatos, plataformas ciudadanas y movimientos sociales han firmado un documento en Madrid por el que se comprometen con la gestión pública del agua. En el acto ha participado Pedro Arrojo, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y profesor titular del Departamento de Análisis Económico, muy crítico con los modelos mixtos de gestión, que califica de «engaño», «trampa» y «privatización encubierta».
Arrojo recuerda que el movimiento en defensa del agua pública arrancó en Cochabamba (Bolivia) en el año 2000 frente a las dinámicas de privatización, y que ahora en España, empezando por Zaragoza, la sociedad empieza a comprometerse con el agua como servicio público.
¿Cómo ve el proceso de privatización de la gestión del agua?
Aquí, de una manera discreta, se ha ido extendiendo lo que se llama el proceso francés de privatización, el PPP, public private partnership, un partenariado público y privado, donde todo es mucho más sutil…
Algo parecido a lo que vemos en la Sanidad.
Claro, se está extendiendo a todo, lo que pasa es que en el ámbito del agua entra mejor. Aquí las grandes empresas proponen un partenariado público y privado donde al alcalde, o a la institución que le corresponda, le proponen ser mayoría, pero ellos controlan el negocio a través de la gestión.
Pero sí la entidad pública tiene mayoría en la empresa mixta, ¿no depende de ella la gestión?
No. Siempre hay una cláusula en la que dicen que «de mutuo acuerdo», en virtud del know how, la empresa mixta será gestionada por el socio minoritario e incluso son los que nombran al gerente y lo justifican diciendo que son los que saben gestionar y conocen el sector. Luego hay otra cláusula que dice que las compras, contrataciones y subcontrataciones irán a cargo de la dirección de la empresa mixta, es decir, del socio minoritario. De esta forma dejan de haber concursos públicos y todo se adjudica de forma directa a empresas del grupo empresarial que privatiza. Este es el gran negocio del sector, que queda blindado al mercado y capturado exclusivamente por el grupo empresarial. Antes, por ejemplo, cuando la gestión era pública, si necesitabas un software concreto, lo sacabas al concurso y empresas especializadas competían. Ahora esto se hace de forma directa y no se trata de corrupción, es algo legal, la empresa concesionaria comprará esa tecnología a su propia empresa. La mayor parte de los beneficios de la privatización (60/70%) no emerge de la empresa mixta, sino a través de esos contratos de adjudicación directa sobrevalorados.
¿Y eso no lo fiscaliza nadie?
Aunque tú lo fiscalices no puedes hacer nada porque es su decisión, porque previamente tú les ha dicho que ellos deciden qué se compra. Este es el modelo francés, el que ha bendecido el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 70% del mercado mundial de la gestión del agua lo controlan las dos grandes multinacinales francesas, Suez (Aguas de Barcelona) y Veolia.
¿Y aquí en España?
Aquí todo el lobbie de la construcción que reventó con la burbuja inmobiliaria ha entrado al calor de este modelo con fórmulas diferentes. La estrategia global la llevan las grandes multinacionales con empresas de distinto nombre. Las grandes constructoras han entrado en España a través del agua y el saneamiento, que es una de las nuevas burbujas de corrupción que se hereda del ladrillo, junto con la Sanidad. Las grandes empresas constructoras abrieron en su momento, cuando sabían que la burbuja inmobiliaria iba a estallar, las divisiones de saneamiento y agua y de sanidad privada.
¿Se puede hacer algo para revertir estos procesos?
El modelo tiene tres claves, la gestión por el kwow how que se adjudica al sector privado, que ellos decidan las compras, y la tercera es que son contratos por más de 20 o 25 años. Ellos tienen derecho a exigir en los tribunales el dinero de la inversión realizada y el lucro cesante del tiempo de concesión. Más allá de asegurar el negocio, lo que hace es que sea irreversible una decisión de un alcalde que fue nombrado por cuatro años y que hipoteca la gestión del agua por 40.
¿Y desde los poderes públicos no se puede hacer nada?
Siempre se puede vigilar al privado, porque siempre cometen errores y en muchas ocasiones no cumplen el contrato. Es importante que se deshaga el engaño de que con la empresa mixta la gestión es pública y que desde la izquierda se entienda que eso es una privatización tan eficaz como expropiar directamente. Lo que queda es vigilar y acosar al privado dentro del marco que te permita la ley. Generalmente, cuando un ayuntamiento quiere ser riguroso con una empresa privada puede serlo y puede hacerle la vida imposible. Como las empresas quieren ganar dinero, si ven que tienen una expectativa a largo plazo de negocio vigilado, de negocio acosado, en algunos casos optará por negociar. Lo importante también es que la población se conciencie. Yo, por ejemplo, no le auguro beneficios a la privatización que hubo en Alcazar de San Juan, porque hay una mayoría del pueblo que se la va a jurar y va a haber un acoso ciudadano hacia esa empresa. Es lo que llaman riesgos empresariales y que al final se trasladan en pérdidas.