El primogénito de los cinco hijos del matrimonio antioqueño de don Alvaro Uribe Sierra y de doña Laura Vélez, pasó su infancia en Medellín. Lo educan en escuelas regidas por los padres jesuítas y benedictinos; y finalmente en el Instituto Jorge Robledo, una casa de estudios que tradicíonalmente ha formado a los vastagos de la […]
El primogénito de los cinco hijos del matrimonio antioqueño de don Alvaro Uribe Sierra y de doña Laura Vélez, pasó su infancia en Medellín. Lo educan en escuelas regidas por los padres jesuítas y benedictinos; y finalmente en el Instituto Jorge Robledo, una casa de estudios que tradicíonalmente ha formado a los vastagos de la aristocracia neogranadina. Quizás su coincidencial nacimiento, un 4 de julio (de 1952), el mismo día que Estados Unidos celebra su independencia, explicaría su romance y apego con el coloso del norte. En la Universidad de Antioquia estudió Derecho. Continuó su etapa de formación en la Universidad de Harvard, donde ahora se capacitan los gobernantes civiles de la era partidocrática de «América Latina». Antes, a los dictadores militares los formaban en la Escuela de las Américas.
El libro «Los Jinetes de Cocaína» de Fabio Castillo, relata que su padre fue arrestado, pero Jesús Aristizábal Guevara, entonces secretario de Gobierno de la ciudad de Medellín, logró su libertad. Uribe Sierra cayó abatido cuando se enfrentaba a la FARC, en 1983, en su finca «Guacharaca» en Yolombó, al nordeste de la provincia de Antioquia. Habría sido solicitado en extradición porque en el complejo «Tranquilandia» (propiedad de Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ochoa Vázquez), ubicado al sur del país, la policía antinarcóticos se incautaría de varias toneladas de pasta básica y 6 aeronaves; entre ellas un helicóptero al servicio de la sociedad «Aerofotos Amortegui Ltda.», propiedad atribuida hasta su muerte.
Su descendencia familiar le aseguró a Uribe una brillante y precoz carrera dentro de la administración pública, pero una controvertida faceta perseguirá al Presidente de la actual Colombia. Las críticas a su gestión pública merodean la Casa de Nariño.
Su renuncia a la Alcaldía de Medellín en 1982, cuando no había cumplido 5 meses de los 2 años previstos para su gestión, fue todo un escándalo público. El presidente Belisario Betancur se habría enterado de una reunión clandestina de Uribe con los barones de la droga para la puesta en marcha de proyectos comunitarios.
Como director de Aeronáutica Civil emprendería un ambicioso programa de construcción y acondicionamiento de infraestructura aeroportuaria pública y privada. Nombra como subdirector a César Villegas, después de que este fuera sentenciado a 5 años en prisión por vínculos con el cartel de Cali (fue asesinado el 4 de marzo de 2002, en Bogotá, luego de aportar dineros a la campaña electoral presidencial). El periodista de El Espectador, Fernando Garavito, (ahora exiliado por amenazas en su contra) señaló que durante la gestión de «Uribe numerosas licencias de piloto fueron dadas al Cartel de Medellín…». Supuestamente por esta irregularidad, Uribe fue destituido del cargo.
Desempeñándose como gobernador del Departamento de Antioquia designa como secretario de Gobierno a Pedro Juan Moreno Villa, sindicado por la DEA de importar desde Asia con destino Colombia, sin reportarlo, toneladas de permanganato de potasio, solución química base para la producción de coca, a nombre de su empresa «GMP Productos Químicos S.A.».
Uribe Vélez experimentó su modelo de «Estado Comunitario». Con un programa auspiciado por la Universidad de Harvard, capacitaría a 50.000 antioqueños y, en 1994, nacen las Asociaciones Comunitarias «Convivir». Durante la gestión de Ernesto Samper, recordemos, Fernando Botero, su ministro de Defensa, fue condenado por aceptar donaciones del cartel de Cali; y es en este gobierno que mediante decreto se legaliza Convivir como «un servicio especial de vigilancia y seguridad privadas y facultadas para utilizar armas con el propósito de agrupar a la población civil alrededor de los militares para que se constituyan en su apoyo por medio de redes armadas y de comunicación para la vigilancia». Luego, el periódico El País (3AG01998) titulaba que los «representantes de más de 200 asociaciones privadas de la seguridad (Convivir) han anunciado que se unirán con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)», encabezado por Carlos Castaño.
La memoria de Jesús María Valle Jaramillo, presidente del comité de los derechos humanos de Antioquia, aún espera por la justicia.
Había advertido que «el Estado, el negocio grande, los dueños de tierra, los traficantes de la droga y los militares son todos los padres legítimos del paramilitarismo». La ex alcaldesa de Apartado, Gloria Cuartas, un municipio del eje bananero fuertemente afectado, ha dicho: «Uribe es la expresión política de la agenda paramilitar».
Las distinciones de «Senador Estrella» y «Senador de Mejores Iniciativas» no borran sus intentos de evitar la extradición de narcotraficantes cuando la reforma constitucional del gobierno de V. Barco. En el Parlamento colombiano se señaló como su mejor aliado al senador Fuad Shad, a quien el Departamento de Estado le revocó su visa por nexos con lavado de dinero.
En sus períodos como legislador impulsó leyes que han propiciado una considerable concentración y especulación de capitales financieros en poder de grupos monopolicos globalizantes que se apoderaron de los Fondos Privados de Pensiones, mientras que a los trabajadores les incrementaron el límite de edad para tener derecho a la jubilación. La salud fue convertida en un negocio rentable. Afirman sus opositores que hasta despojan a los trabajadores de sus conquistas, entre ellas la estabilidad laboral y el derecho a huelga.
Su propuesta neoliberal en el campo socioeconómico, unas presuntas simpatías por las organizaciones paramilitares, su espasmódica personalidad, una fama de díscolo y su pacto con círculos del poder norteamericano le generaron una inquina nacional.
Ahora en la presidencia de Colombia ha resultado ser el promotor de una fuerza de intervención armada a su propia nación; la misma que obtiene su independencia del imperialismo español con la sangre de los libertadores venezolanos. Para nadie es un secreto su beneplácito por la presencia de tropas extranjeras en tierras colombianas. Resulta vehemente su justificación al Plan Colombia aprobado por su antecesor el ex presidente Andrés Pastrana junto con el presidente de EEUU William Clinton. Ratificándose así la propuesta de activar el aparato militar de dicho plan bajo la «asesoría» estadounidense.
Su agenda de Gobierno contempla un novedoso concepto de «seguridad democrática» que pasa por convertir a millones de desempleados, reservistas y campesinos en milicias populares los cuales se dedicarán a tareas de resistencia, «asistencia humanitaria» y auxilio a las fuerzas del orden, lo que él ha denominado «una especie de cascos azules a la colombiana».
El paramilitarismo, al igual que en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, ha causado en Colombia miles de muertos. En el 2004, los desplazados de zonas de interés económico han alcanzado 3,5 millones de afectados. El gobierno colombiano, a través de sus paramilitares desaparece a una persona cada cuatro horas.
A la Brigada XVIII del ejército colombiano, abiertamente señalada como una de las unidades más sanguinarias, y amplio reservorio paramilitar, le fue asignado millones de dólares para proteger corporaciones transnacionales. Acantonada en Arauca ha sido agregada a los centenares de marines estadounidenses, agentes de la CÍA y del Mossad israelí, paramilitares y mercenarios. Se tiene previsto ocupar puntos geoestratégicos, susceptibles de explotación y comercialización en Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela.
Uribe es el gran ejecutor del Plan Colombia, brazo armado de los tratados económicos como el ALCA, pero este «plan para la paz», como así lo ha llamado, contraviniendo los pretextos ofrecidos, no contemplaría controlar los capitales ni las transacciones bancarias, ni los enclaves aduaneros del narcotráfico. Tampoco sus principales puertos de embarque, en manos de paramilitares. Ignora las empresas que trafican con los componentes químicos necesarios para la producción de drogas.
Antes de la violenta consagración que prevaleció en su ceremonia de asunción presidencial, Uribe salió fortalecido debido a la Inclusión de las FARC por la Unión Europea en su lista negra de grupos terroristas, y por el anuncio de la disolución de las AUC por boca de Carlos Castaño, quien ahora es señalado de conducir operaciones encubiertas en territorio venezolano. En contradicción con la versión de su muerte.
Alvaro Uribe Vélez, así como varios miembros de su gabinete (por ejem, Marta Lucía Ramírez, ministra de Defensa), figuran como miembros del Opus Dei. Esta organización religiosa, cercana al fascismo español de la época franquista, ha tenido notoria participación en la desestabilización de la democracia venezolana.
En el cuartel del Grupo Maza, en la suroriental ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, se habrían reunido miembros de la autodenominada Coordinadora Democrática con miembros del Alto Mando Militar de Colombia. Después, y como es sabido, paramilitares convirtíendo las arterias viales de la romántica «integración colombo-venezolana» en vías de aproximación, se desplazaron hacia el corazón mismo de Venezuela en una frustrada toma de la capital: Caracas. Ya capturados, esta maniobra resultó ser parte del plan Guarimba II, destinado a crear una nueva ola subversiva. Varios indicios sugieren la presencia activa de milicias colombianas en siete estados de Venezuela; y su cuartel general se localizaría entre Tejerías y Sabaneta. Estos planes subversivos involucran a cabecillas de la Coordinadora y Bloque Democrático.
La abortada operación conforma una invasión «pensada, planificada y conducida por una red internacional con la complicidad de apatridas venezolanos», afirmó el presidente venezolano Chávez, quien acusó al jefe del Comando Sur estadounidense, James Hill, de «general imperialista», y al jefe del ejército colombiano, general Martín Carreño, de «adversario del gobierno venezolano…, y quien ha mentido descaradamente», al tiempo que denunció un «eje Miami-Bogotá-Caracas» que apoya la incursión de los paramilitares.
El presidente colombiano Uribe ha rehusado aceptar que corresponsales extranjeros le formulen preguntas acerca de su presunto involucramiento y el de sus colaboradores con actividades paramilitares. Siempre ha salido al paso de todas estas imputaciones y como él mismo lo dice «que repitan esas calumnias hechas contra mí. Todo lo que digo es esto: como político, he sido honorable y responsable».
Esta ligera reseña biográfica da una idea de los intereses que representa Alvaro Uribe; y que, en ciertos momentos se busca presentar como contrapuestos, pero que persiguen los objetivos de mantener y legitimar un sistema excluyente. Sin embargo, y contrario a la terrorífica campaña mediática a que ha sido sometida la gestión de H. Chávez Frías presidente de Venezuela, las agencias informativas transnacionales han desplegado un extraordinario esfuerzo para lavar la imagen de Alvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia.