El Procurador colombiano (ente supuestamente encargado de controlar a los servidores públicos), Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente a la senadora liberal Piedad Córdoba este 27 de septiembre, con destitución e inhabilidad por 18 años «por haber promocionado y colaborado con las Farc». Informa la revista Semana (propiedad de familia Santos) que «la investigación se originó […]
El Procurador colombiano (ente supuestamente encargado de controlar a los servidores públicos), Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente a la senadora liberal Piedad Córdoba este 27 de septiembre, con destitución e inhabilidad por 18 años «por haber promocionado y colaborado con las Farc».
Informa la revista Semana (propiedad de familia Santos) que «la investigación se originó en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix donde fue abatido alias ‘Raúl Reyes’. En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que se identificó con los alias de ‘Teodora’, ‘Teodora de Bolívar’, ‘la Negra’ y ‘la Negrita’, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones, a pesar de que contaba con autorización del Gobierno para gestionar el intercambio humanitario».
«Según la labor investigativa, la Procuraduría General, analizó las salidas de emigración de Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, alias ‘Mincho’.
Igualmente, el Ministerio Público contó con el apoyo de los informes presentados por la INTERPOL, y los peritajes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y la DIJIN sobre la autenticidad de los medios electrónicos».
Por estos hechos, el Ministerio Público estableció «que la senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos».
Además dio información a este grupo al margen de la ley sobre temas diferentes a la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos.
«El órgano de control constató que la senadora Córdoba «instruyó y solicitó a las Farc que suministraran pruebas de vida de los secuestrados» con el fin de favorecer a gobiernos de otros países, y según la Procuraduría, «ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo».
De otra parte, el procurador Ordóñez absolvió a la dirigente política por el cargo de «traición a la patria», por considerar que las diferentes alocuciones que dio en contra de las políticas del Gobierno no configuran falta disciplinaria al no menoscabar la integridad nacional».
Llama la atención que esta revista, que alardea de su «periodismo de investigación», afirme que los supuestos correos de Piedad Córdoba hallados en el supuesto ordenador de Raúl Reyes que supuestamente habría resistido el bombardeo que acabó con la vida de 27 personas en la invasión y crimen de guerra de Sucumbíos el 1 de marzo de 2008, afirme sin inmutarse que la autenticidad de los medios electrónicos haya sido corroborada por el informe de INTERPOL, cuando éste afirmaba justamente lo contrario: que no se había observado la cadena de custodia de las pruebas, que miles de ficheros habían sido susceptibles de manipulación y que el computador no contenía ni un sólo correo electrónico, sino documentos Word.
Interpol invalidó los supuestos «correos» que se quieren esgrimir como prueba
El» Informe Forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia», supuestamente incautados en la incursión militar del 1 de marzo de 2008, cuestiona la posibilidad de su uso ante los tribunales de justicia.
En el propio informe se asegura, en diversos puntos, y en la conclusión 2b, que entre el 1 y el 3 de marzo hubo irregularidades y no se siguió el protocolo internacional que admitiría un tribunal:
«Conclusión no 2b: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. » (Pag. 8, Párr. 5)
Incluso en otro punto se pone en duda que un tribunal lo admita:
«77. Cuando los funcionarios de los organismos encargados de la aplicación de la ley acceden directamente a las pruebas electrónicas decomisadas sin hacer en primer lugar una copia imagen de los datos, el acceso a las pruebas y su visualización quedan registrados. El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas.» (Pág. 31, Apdo. 77)
En ningún apartado de este informe, se hace alusión a qué procedimientos llevó adelante el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, DAS, entre el 3 de marzo a las 11:45 y el día 10 de marzo, en que las supuestas pruebas fueron entregadas a la INTERPOL. Las pruebas fueron obtenidas ilegalmente y sin respetar la debida cadena de custodia y, por tanto, no debería ser válidas ante ningún tribunal.
Según el mismo informe de la INTERPOL se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema.
El informe asegura que entre el 1º y el 3 de marzo se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema. Indica, asimismo, que de los archivos de usuario sólo se hicieron aperturas, o sea que sólo se leyeron sin supuestamente modificar sus contenidos. Sin embargo, no indica qué archivos de sistema son los afectados y por qué, particularmente, fueron borrados algunos de ellos
Aparecen miles de documentos con fechas a futuro (1) que, según el mismo informe, puede que se generaran desde otras computadoras con estas fechas erróneas. Esta misma argumentación sería válida para asegurar que cualquier documento con fechas pasadas también podría haber sido modificado y transferido desde otras computadoras.
Con estas «pruebas» y con la declaración de un supuesto infiltrado en la guerrilla, se pretende armar un caso para judicializar a la senadora desde hace varios meses. Son ya harto conocidas. Muy parecidas «pruebas» se esgrimen para solicitar la captura del periodista colombiano William Parra, y el encausamiento de la cooperante española e impulsora del intercambio humanitario y del proceso de paz, Remedios García Albert (quien tras ser detenida y puesta en libertad en julio de 2008, lleva dos años en un limbo legal, sufriendo el linchamiento mediático y sin poder defenderse ante un juez).
Y si estas «pruebas» no alcanzaran, no se preocupen, que esto apenas está comenzando. De la chistera de la «Seguridad Democrática» saldrán todo tipo de «evidencias» contundentes, sea del «computador de Raúl Reyes» o de los 20 computadores y 69 memorias USB «calenticas» del Mono Jojoy, supuestamente incautadas en la reciente matanza de La Macarena.
¡Qué casualidad que sea en este momento, cuando Colombianos y Colombianas por la Paz está a punto de presentar una propuesta de paz ante la UNASUR, que se ejecute el montaje y la senadora más comprometida con el diálogo, el intercambio humanitario y la salida política a la guerra en Colombia sea despojada de sus atribuciones y derechos como representante política legítimamente electa por los colombianos!
Luis Eladio Pérez expresa solidaridad y dice que no comparte la decisión
El ex congresista Luis Eladio Pérez Bonilla, que fue rehén de la guerrilla y recuperó su libertad en febrero de 2008 gracias a la gestión de Piedad Córdoba y del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que respeta pero no comparte la decisión del procurador Alejandro Ordoñez de destituir e inhabilitar por 18 años a Córdoba, por supuestos vínculos con las Farc. Pérez manifestó que durante los 5 años que estuvo retenido, no tuvo conocimiento de nexos entre los cabecillas guerrilleros y la congresista Córdoba Ruiz.
Emperatriz de Guevara: «No está bien. El corazón de Piedad es grande»
Emperatriz de Guevara, quien recibió los restos de su hijo, el mayor de la Policía Julián Ernesto Guevara, fallecido durante su cautiverio en la selva, tras la mediación de la senadora Piedad Córdoba con las Farc rechazó la decisión de la Procuraduría.
«No conozco nada de ley, pero para mi la doctora Piedad es una persona que nos ayudó, ella a colaborado con la guerrilla o con quien tenga que hablar para que devuelvan a las personas que estaban secuestradas, el corazón de ella es grande», indicó Emperatriz de Guevara.
Iván Cepeda: inhabilitación forma parte de la persecución y la calumnia
El parlamentario colombiano, Iván Cepeda, manifestó este lunes que la inhabilitación de la senadora liberal Piedad Córdoba durante 18 años por parte de la Procuraduría General de Colombia, es con la intenciones de acabar con el proceso de paz que ésta busca a través del diálogo y la negociación.
«Es la intención de acabar con las voces más representativas de Colombia y cuartar los caminos para el diálogo de paz, los acercamientos que ha incentivado la senadora para buscar la paz», señaló Cepeda en entrevista para teleSUR.
El también miembro del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz afirmó que la inhabilitación «es parte de un persecución, se ha incluido todo tipo de calumnia y ahora se suma todo método disciplinario»
Agregó que este hecho forma parte «de una campaña contra los que buscamos los caminos de paz».
Explicó que la Procuraduría General de Colombia «puede adelantar este tipo de investigaciones pero respetando los derechos al debido proceso».
«Los acercamientos de la senadora se han enmarcado en todo proceso de paz de manera legal», enfatizó y agregó que no se pueden confundir con ánimo retaliatorio estos acercamiento con cualquier clase de complicidad.
NOTAS:
(1) En los presuntos computadores de Raúl Reyes hay 2.110 archivos cuyas fechas de creación oscilan entre el 20 de abril de 2009 y el 27 de agosto de 2009; y 1.434 archivos cuyas fechas de última modificación varían entre el 5 de abril de 2009 y el 16 de octubre de 2010.