El lunes 23 de marzo, el juez Pablo Ruz ha dado por terminada su investigación sobre los papeles de Bárcenas -los documentos publicados por El País, donde se revelaba la doble contabilidad del Partido Popular-. En sus conclusiones definitivas sobre el expediente, el juez considera probado que el PP -como sujeto colectivo definido por su […]
El lunes 23 de marzo, el juez Pablo Ruz ha dado por terminada su investigación sobre los papeles de Bárcenas -los documentos publicados por El País, donde se revelaba la doble contabilidad del Partido Popular-. En sus conclusiones definitivas sobre el expediente, el juez considera probado que el PP -como sujeto colectivo definido por su estructura asociativa- es responsable de haberse financiado ilegalmente durante 18 años desde 1990 hasta 2008, eludiendo las declaraciones a hacienda pública de sus ingresos, que podrían haber dado origen a imposiciones fiscales por parte del Estado. El monto total del dinero negro así manejado podría ascender a 8 millones de euros, y esa cantidad fue destinada a abonar sobresueldos a los políticos del PP, a financiar campañas políticas y a diversos gastos corrientes -como la reforma de la sede del PP-.
Los líderes del PP afirman que niegan haber tenido conocimiento de esa trama de financiación ilegal y señalan que las donaciones no están sujetas a imposiciones fiscales. Esta última declaración es, sin embargo, sospechosa, porque nos indica que ellos sí sabían que el dinero provenía de donaciones. ¿Sabían también, entonces, quienes eran los donantes? Porque éstos no eran las hermanas de la caridad, sino empresarios de la construcción que trabajan en obra pública. Sin embargo, el juez Ruz no ha podido probar que hubiera cohecho en la adjudicación de las obras públicas a favor de esos empresarios, que luego donaban generosamente sus excedentes al partido gobernante. No es nada nuevo, sino un modus operandi de la política y los negocios en este país. ¿Puede ser una casualidad que esa misma operación se haya repetido una y otra vez por todas partes -autonomías, ayuntamientos, administraciones, partidos, etc.-, desde que Aznar promulgó su ley del suelo de tan infaustas consecuencias?
El juez Ruz no puede probar el cohecho porque es un hombre benévolo. Pertenece a una asociación de jueces que busca construir una justicia comprensiva con los delincuentes; se denomina Otro Derecho Penal es Posible. Por eso fue seleccionado cuidadosamente por el Consejo Superior del Poder Judicial para escrutar los pecadillos de la derecha española. No puede ser otra coincidencia más, sino algo planificado desde las instancias encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes. Ruz lleva años dedicándose a ese menester de limpiar la corrupción que prolifera en la sociedad española, tratando con constructores y políticos para arreglarles sus cuentas en el Estado. Su benevolencia es heredera del dogmatismo más rancio de la derecha española, que selecciona a quienes se salvan por su fidelidad al régimen. Más que judicial su ministerio se me antoja sacerdotal.
Se trata de una investigación benevolente y exculpatoria. Los únicos posibles imputados habrían de ser los contables del PP y los empresarios de la constructora que realizó las obras en la sede de la calle Génova. Al acusar al PP como un colectivo, nadie tendrá que pagar el pato, y hasta el propio Bárcenas -quien como contable no podía ignorar nada y quien se ha lucrado con su acceso al flujo monetario-, aparece como un inocente funcionario que cumplía órdenes. El auto de Ruz no se refiere a éste como responsable de la ocultación contable, sino como ejecutor de una decisión ajena, tomada por el partido al que pertenece, sin que nadie se haga responsable de ello. Todo un modelo de ingeniería jurídica. En resumidas cuentas, no da la impresión de que nadie vaya a ser culpado por lo que ha pasado. ¿Qué son 8 millones en un país que debe 3 billones de euros que se han esfumado sin saber cómo? ¡Con la de capitales que se han fugado en el último lustro!
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