El presidente andaluz tilda el concierto catalán de “insolidario” mientras lleva años propiciando politicas que benefician a los más ricos, como las bajada de impuestos, que están haciendo mella en los servicios públicos andaluces.
La coyuntura política a veces trae escenas totalmente inesperadas como que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno Bonilla, lleve una semana gustándole los impuestos y muy preocupado por la financiación pública y cómo se reparte. Esta revelación no ha sido consecuencia del colapso en los servicios sociales del territorio, ni por la falta de infraestructuras, ni por las decenas de movilizaciones de cientos de miles de andaluzas para que cambie sus políticas privatizadoras, ha venido tras el anuncio del pacto entre ERC y PSC para investir a Salvador Illa en Cataluña en el que se incluye la puesta en marcha de un concierto económico catalán, un modelo parecido al que ya ostentan Euskadi y Navarra desde 2002.
A través de esa figura fiscal, el territorio catalán podrá tener autonomía sobre los impuestos que se recauden y, según el texto, en ningún caso se eliminará su aportación al grueso del fisco estatal y al equilibrio de las regiones más empobrecidas. Según el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta medida es un avance “hacia un modelo tributario federal” y abre la puerta a que se pueda poner en marcha por otros territorios.
Sin embargo, Juanma Moreno Bonilla, así como otros líderes territoriales del PP, ha criticado la medida tachándola de “insolidaria”, y utilizando un lenguaje bélico ha anunciado que “Andalucía va a responder” al que considera un “ataque frontal” contra el territorio andaluz al ser la comunidad que más depende de la denominada “solidaridad interterritorial”, recibiendo de media anual 6.100 millones de euros según los datos de FEDEA.
“Revolución fiscal” y pobreza social
Además, Moreno Bonilla ha añadido que el PP es un partido que aboga “por la solidaridad y la igualdad”. Dos cosas que el presidente andaluz está muy lejos de practicar en sus políticas fiscales.
Desde la llegada al Gobierno andaluz de los populares en 2019 se han acometido en el territorio seis bajadas de impuestos consecutivas, en un territorio a la cola en gasto público, donde en 2023 se invirtió un 10% menos por habitante que la media nacional. Las bajadas de impuestos han sido proclamadas por la propia Junta de Andalucía como la base del “milagro económico andaluz”, toda una “revolución fiscal” y la propia consejera, Carolina España, no descarta una nueva reducción fiscal que haga que las andaluzas “tengan más renta disponible”.
En la política fiscal del Gobierno andaluz se encuentran entre otros varias bajadas al IRPF y la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Así como la bonificación, desde 2022, del impuesto de Patrimonio que beneficiaba a las grandes fortunas que ostentan más de tres millones de euros. Una bonificación que, tras la creación por parte del Gobierno estatal del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, se encuentra paralizada y recurrida por la Junta de Andalucía y otras comunidades gobernadas por el PP.
Una estrategia de dumping fiscal, es decir bajar los impuestos para apoderarse de un nicho de mercado (en este caso que las empresas se instalen en Andalucía en vez de en otro territorio) que el Gobierno andaluz vende como la salvación de la economía andaluza y sigue una estrategia fija: “poner la alfombra roja a los inversores”, según las palabras repetidas en diversas ocasiones del propio Moreno.
Según la Tasa AROPE elaborada con datos del INE en 2024, Andalucía es la comunidad que vuelve a estar a la cabeza del riesgo de pobreza, un 30,5%, además se encuentra a la cola a nivel de desarrollo de su sistema de servicios sociales como indica el Índice DEC de 2023.
Conciertos sí, pero a empresas privadas
El pasado 1 de junio, varios miles de personas salían en distintos puntos de Andalucía a manifestarse “en defensa de los servicios públicos” ante la “privatización sistemática” que lleva emprendiendo años la Junta de Andalucía en “sectores clave para la ciudadanía”. Una manifestación que se une a las decenas de convocatorias de huelgas y manifestaciones por el deterioro en la sanidad pública y en la educación.
Según el informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el territorio está a la cola del gasto sanitario por habitante. La comunidad invierte 231,5 euros menos por paciente que la media nacional. La situación de las listas de espera es una constante alarma desde hace varios años, actualmente más de un millón de andaluzas esperan ser atendidas en la salud pública, 848.747 personas esperan la atención de una especialista, 215.275 personas una intervención quirúrgica según los datos de la propia Consejería.
A esta lista se le une otra, la de las más de 22.500 personas que están esperando su ayuda en torno a la Ley de Dependencia, una espera que se alarga actualmente a más de 585 días según los datos de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). En cuanto a educación desde 2019, según los datos del sindicato USTEA, la Junta de Andalucía ha eliminado 1.943 clases del sistema de educación pública, además desde los sindicatos denuncian la falta de profesorado, plazas fijas y profesionales especializadas en educación especial por la falta de inversión del Gobierno andaluz.
Este desinterés por los servicios públicos viene acompañado además por una inversión histórica en empresas privadas, a través de conciertos y subvenciones a compañías. Este Gobierno está siendo el que más ha invertido en la educación concertada en el territorio, 1.050 millones de euros en 2023, según el Ministerio de Educación, un 24,5% más de inversión que antes de que el PP llegara al parlamento. A nivel sanitario Andalucía es la segunda comunidad autónoma, tras Madrid, en cuanto a conciertos a empresas privadas. Unos conciertos que en 2024 suponen una inversión de 579 millones de dinero público en externalizar a empresas privadas servicios sanitarios.
A pesar de lo que pueda parecer, tras el anuncio del concierto económico catalán, al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla no le importa demasiado la pérdida de fondos públicos o así lo demostró el pasado abril cuando devolvió 119 millones de euros de fondos europeos destinados a la creación de guarderías públicas al chocar con sus estrategias de conciertos educativos.
Un año, dos subidas de sueldo
El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla sí está aprovechando el dinero de todas las andaluzas para mejorar sus condiciones salariales. El pasado diciembre de 2023 el presidente andaluz se subía su sueldo un 21,8% para equipararse “al resto de comunidades”. Actualmente, cuenta con un sueldo de 87.333 sueldos anuales. Aprovechó la subida para aumentar el salario de otros 219 altos cargos de la Junta.
Con este mismo pretexto —la equiparación—, la Junta de Andalucía ha subido el pasado lunes un 2,5% el salario del resto de diputados del parlamento territorial y de funcionarios. La medida tendrá carácter retroactivo, y se añadirá al sueldo con el que ya cuentan 3.343,07 euros al mes. Según el presidente del parlamento andaluz, Jesús Aguirre, una nómina con la que “no llegan a fin de mes”.
Esta equiparación no llega a los salarios de las andaluzas en Andalucía actualmente la media salarial se encuentra en 1.625 euros —unas cifras a la que gran parte de la población , ni siquiera llega—, un 11% menos al de la media nacional.