Podemos afirmar inequívocamente con la certeza que dan los hechos, que Colombia está viviendo, en los actuales momentos en los que conmemora 200 años de las batallas por su liberación e Independencia, un despertar de las luchas de los sectores populares y de la acción conjunta de las masas a nivel nacional, que sin duda, […]
Podemos afirmar inequívocamente con la certeza que dan los hechos, que Colombia está viviendo, en los actuales momentos en los que conmemora 200 años de las batallas por su liberación e Independencia, un despertar de las luchas de los sectores populares y de la acción conjunta de las masas a nivel nacional, que sin duda, augura el comienzo de una nueva etapa en la lucha conjunta por la construcción de una Nueva Colombia que abone el camino de una Definitiva y Plena Independencia.
La población carcelaria y las situaciones padecidas por la misma, no son de ninguna manera ajenas al devenir social y político en Colombia, sino por el contrario se constituyen en representación y muestra palpable de la morfología de un sistema estructuralmente excluyente y asesino, en el que impera el afán de lucro y por lo tanto la desigualdad.
Es por esta razón que igual a otros sectores y actores sociales, se ha visto un despertar y flujo importante en las luchas carcelarias que habían sido sofocadas hace años a sangre y fuego, además de una política nacional de traslados selectivos para golpear los procesos organizativos que generaban los reclusos al interior de las prisiones, así como el intento de articulación entre las diferentes cárceles.
Se han presentado movilizaciones, huelgas, protestas, denuncias y otras expresiones de descontento al interior de las prisiones. Los familiares de los detenidos empiezan también a tomar conciencia de la importancia de ejercer presión y lograr difundir la problemática a grandes voces. Como ejemplos recientes se encuentra la huelga de hambre realizada por internos de la cárcel de La Tramacúa en Valledupar y las más de 5 huelgas y protestas que se han presentado en la cárcel de Pedregal en Medellín desde que fue inaugurada en Junio de 2010, por mencionar algunos.
La población carcelaria ha ganado en capacidad de acción política y en unificación de criterios para la necesaria organización. Esto, en gran medida debido a que viene rompiéndose poco a poco el cerco aislador tendido por el Estado sobre las Cárceles, gracias a la acción persistente de sectores democráticos y defensores de DD.HH.
El cerco hay que derrotarlo completamente y avanzar haciendo uso de las capacidades adquiridas, capitalizar organizativamente y dar un paso necesario: la creación de un Movimiento a nivel nacional, constituido por la población carcelaria y con un programa claro de lucha. Esto permitirá que la población carcelaria pueda llegar a ser un actor político fundamental en la definición de estrategias y propuestas en las políticas criminales y penitenciarias, y pueda aportar así, a solucionar los graves problemas estructurales que aquejan al sistema carcelario colombiano; y por otro lado, ejercer un control y veeduría permanente, defender los intereses de los internos, reivindicar los derechos de la población carcelaria y exigir el respeto de los Derechos Humanos por parte del Estado.
Esto amerita hacer un estudio juicioso, un diagnóstico profundo de la dramática y verdadera situación que se vive en las cárceles colombianas, agravada al máximo como consecuencia del desarrollo y agudización del conflicto social armado, pero sobre todo, por la utilización sistemática por parte del Estado del aparato judicial y el sistema penitenciario como arma de guerra contra amplios sectores de la sociedad.
Nos encontramos en este campo con serias limitaciones tales como la poca existencia de datos oficiales, consecuencia de la estrategia de invisibilización de la situación carcelaria; por otro lado, cuando se encuentran, la mayoría de las veces son manipulados y maquillados por el Estado, para dar la impresión de Democrático y respetuoso de los Derechos Humanos.
El presente documento es un intento de generar un acercamiento a la situación carcelaria, necesario para desentrañar la realidad actual de las prisiones con el objetivo de ir cualificando poco a poco conocimientos y discursos, que coadyuven al desarrollo del movimiento carcelario.
POBLACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO
Para comenzar hay que decir que en Colombia existe un total de 144 centros penitenciarios de diversa índole; esto, para tener un panorama general en términos de la división administrativa e institucional con la que funciona el sistema penitenciario en Colombia. La totalidad de los centros carcelarios se encuentran divididos en seis Regionales a nivel Nacional adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, encargado de brindar custodia y administrar las cárceles en Colombia.
Los 144 centros penitenciarios se encuentran divididos en los Regionales de la siguiente manera:
• Regional Central: 42
• Occidente: 25
• Regional Noroeste: 22
• Regional Norte: 16
• Regional Oriente:16
• Viejo Caldas: 23
Ahora, con respecto al número de internos tenemos que según presentación del Viceministro del Interior y de Justicia, del día 12 de Marzo de 2010, en Colombia existían un total de 78.030 internos a esa fecha.
En fecha más reciente el general Gustavo Adolfo Ricaurte, Director General del INPEC en diálogo con Caracol Radio, aseguró el día 23 de Junio de 2011, en medio de los argumentos típicos de la oligarquía que no entienden ni ellos mismos, que aunque «hay algunas cárceles hacinadas, en Colombia aún no hay hacinamiento», al explicar que el número de presos en todas las cárceles del país no sobrepasa el doble de la capacidad y aseguró que no hay suficiente dinero para construir más cárceles.
El oficial informó que hay un total de 116.224 internos, de los cuales 21 mil son domiciliarios. «Colombia tiene una capacidad instalada de 78 mil cupos, es decir que Colombia aún no tiene hacinamiento. Algunas cárceles si están hacinadas como la de Ipiales o como la de Bellavista, que duplican su población, pero las otras cárceles tienen una superpoblación», aseguró.
Yo no sé si el general se ralló en matemáticas, pero lo cierto es que si a esos 116.221internos les restamos los 21.000 que son domiciliarios, y que por lo tanto no ocupan un cupo en los centros penitenciarios, tenemos la cantidad de 95000 internos pagando condena Intra Muros. Esa cantidad frente a la capacidad instalada de 78.000 cupos, nos arroja por lo tanto un déficit de 17000 cupos, cantidad nada despreciable para pasarla por alto hablando de hacinamiento en Colombia, como lo hace el actual director del INPEC, Gustavo Adolfo Ricaurte.
El mismo general dijo, según lo reseña el periódico El Colombiano del 2 de Agosto de 2011, que las cifras de internos en las cárceles colombianas era de 95.184 al finalizar el mes de Julio de 2011.
Por eso, así el general gaste muchas babas y tiempo, y haga cuentas esforzadas para tratar de demostrar que en las cárceles de Colombia no hay hacinamiento, la realidad está muy lejos de lo que plantea, y no entendemos entonces en qué país ejerce su función pública.
La cifra que manejan las organizaciones de Derechos Humanos con respecto a personas detenidas por motivos políticos en Colombia es de 7.500. Sin embargo, consideramos que es una cifra bastante conservadora en 2011 teniendo en cuenta el aumento desmedido en el número de personas que se encuentran sufriendo la privación de la libertad. Aunque el número de internos en las cárceles aumenta y evoluciona constantemente, la cifra de 7500 se ha mantenido en la inercia desde hace años. A lo sumo se ha dicho 7.500 + 1, por causa de la captura del periodista Sueco Joaquín Pérez Becerra. Valdría la pena reconsiderar la cifra, teniendo también en cuenta la agudización del conflicto social y armado que se ha presentado en los últimos años y la utilización permanente del aparato judicial como instrumento de la guerra.
Por otra parte, en Colombia la cifra de personas detenidas por motivos políticos ha sido calculada históricamente con base en una aproximación, teniendo como base el número total de internos a nivel nacional, pues en términos reales es imposible tener un cálculo exacto por las condiciones de aislamiento, la invisibilización y la tortura a la que son sometidos los Presos Políticos y Prisioneros de Guerra. Su condición política es desdibujada y en muchas ocasiones son mezclados con presos comunes y paramilitares como forma adicional de castigo, lo cual dificulta aún más tener una cifra real. Datos oficiales no existen, pues según el gobierno en Colombia no existen Prisioneros políticos y mucho menos Prisioneros de Guerra.
Siempre, las organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y de Presos Políticos han calculado en Colombia el número de detenidos políticos aproximadamente en el 10% de la totalidad de la población carcelaria. Aquí nos encontraríamos también, con que 7.500 sigue siendo una cifra demasiado conservadora y que no responde a la realidad actual; respondía a lo sumo hasta el año 2010, cuando la cantidad de internos llegó a los 78.000. Pero tomando como base la cifra más reciente, de finales de Julio de 2011, de cantidad de internos en las cárceles de 95.184; podríamos decir que el número de Prisioneros Políticos y de Guerra puede ser en 2011, aproximadamente de 9.500 Presos Políticos y Prisioneros de Guerra en las mazmorras colombianas.
Volviendo al tema del hacinamiento, hay que recalcar que el mismo Ministerio del Interior y de Justicia daba, en un foro realizado en la Universidad de los Andes el 12 de Marzo de 2010 la cifra de hacinamiento de un 41.7%, con un déficit de 22.000 cupos.
En ese mismo evento, se afirmaba que la evolución del hacinamiento fue 17,2% en 2007, a 25,5% en 2008, a 35,8% en julio de 2009, hasta llegar al 41,7% en marzo de 2010, que ha sido hasta ahora la cifra record alcanzada en la historia de nuestro país.
Ahora, mirando el problema desde otro lado, es una verdad a grandes voces que el problema del hacinamiento en Colombia es alarmante, no tanto por los internos que hay actualmente, como por el aumento vertiginoso y exagerado en las cifras de nuevos internos, y en la evolución que han presentado las mismas en los últimos años. Por ejemplo, si comparamos las cifras de internos dadas por el viceministro en 2010 y por el general en junio de 2011, encontramos un aumento de 38195 nuevos internos en sólo un año. Eso, por encimita y la cifra no debe asustarnos ya que el aumento de la población carcelaria ha sido, como ya se dijo exagerada y alarmante.
Entre 1998 y 2009 la población carcelaria tuvo un incremento del 70,4%, según informe del mismo INPEC. En apenas unos meses, entre octubre de 2008 y julio de 2009, ésta pasó de 67.338 a 74.718. Según reseña el ya mencionado periódico El periódico El Colombiano del 2 de Agosto de 2011, reseña en sus páginas que el Inpec señaló, además de otros datos oficiales, que solamente durante el mes de julio de 2011 ingresaron 4.674 personas a los centros de reclusión.
Por esa razón, no se trata de buscar la fiebre en las sabanas, ni mucho menos de ocultar lo inocultable, señor general, sino de dar respuestas acorde a los problemas estructurales que aquejan al sistema penitenciario y carcelario en Colombia.
Con el aumento vertiginoso del hacinamiento algunas instituciones, entonces desesperadas y desconcertadas, anuncian la ampliación de nuevos cupos para el sistema penitenciario, pero la macabra realidad es que los nuevos cupos no son pensados para la organización de los internos que ya existen, sino para que sean cubiertos por nuevos internos, por lo cual el problema se mantiene y amplía con el tiempo.
El último anuncio en este sentido se hizo a mediados de 2010 por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, donde se anunció la ampliación a 24887 nuevos cupos con la construcción de 11 nuevos centros carcelarios.
Sin embargo, el problema de hacinamiento en las cárceles de Colombia, continúa siendo hasta ahora, uno de los principales problemas del sistema carcelario, y lo seguirá siendo por una razón muy sencilla: el aumento de cupos no soluciona para nada, el problema del hacinamiento.
Por un lado, la creación de nuevos cupos es apenas ínfima e irrisoria frente al desproporcional aumento de nuevas personas judicializadas. Y Por otra parte, teniendo en cuenta que la sobrepoblación penitenciaria ha crecido de forma vertiginosa, la generación de nuevos cupos no resolverá el problema de hacinamiento carcelario si se mantiene la política criminal actual, pues privilegia la detención preventiva como principal medida de aseguramiento, el aumento de penas y la prisión como forma casi exclusiva de castigo.
En Colombia se viene produciendo un choque entre la acción administrativa y judicial, que busca en algunos casos, mejorar la situación carcelaria, y una política criminal, impulsada por el Gobierno, que ha optado por elevar las penas y usar de manera excesiva la detención preventiva, lo que ha generado incremento de la población carcelaria y del hacinamiento.
Pero hay que ir mucho más allá si se quieren desentrañar las causas reales que producen el hacinamiento, pues sería demasiado fácil decir entonces que el problema concreto es el «aumento de criminales.»
Es necesario profundizar en el origen del problema y desentrañar los factores que lo generan. Hay que aceptar de una vez por todas que el problema es el modelo; un sistema que ejecuta la política criminal y penal con la visión del enemigo interno y regula el escenario político a través de la aplicación de la pena de prisión como sanción penal exclusiva; un modelo que privilegia la perdida de la libertad como castigo al opositor y como arma de guerra contra la sociedad misma. El problema no es entonces el aumento de criminales, sino el aumento de sectores que son criminalizados y convertidos en criminales, por las políticas represivas y de estigmatización aplicadas por el Estado en contra de diversos sectores sociales.
Aquí se nos presentan entonces la diversidad de tácticas, las variadas formas de aplicación de esta premisa, para lograr el objetivo de utilizar la cárcel como castigo inclemente a los sectores populares y al opositor, sin importar si es político o armado. Estas son, las capturas masivas, los falsos positivos judiciales, los montajes judiciales, el pago de sapos e informantes, la criminalización de la protesta social, entre otras.
La oligarquía sabe cuál es el problema pero trata de desviar la atención de lo sustancial, para engañar con cuestiones técnicas y formales. Por eso habla de la ampliación de cupos y la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Es por otra parte descarado, que la solución que planteen las instituciones estatales al problema del hacinamiento sea el igualar las cifras de internos con los cupos existentes en los penales; nada se dice de la calidad de los espacios, del mejoramiento de las condiciones de vida, de la adecuación del espacio a condiciones dignas para el cumplimiento de la pena.
Esto no se les pasa por la mente. Para ellos es un problema de cifras, no de personas. Tanto es así que de acuerdo con la Contraloría General de la República las celdas de los diez nuevos centros carcelarios que hacen parte del plan de construcción y dotación del gobierno, miden 3,2 m x 3 m, y pretenden albergar cuatro internos; es decir, que cada recluso tendrá un espacio habitable de 2,4 m2.
El problema del hacinamiento en las cárceles se ha convertido en el principal del sistema penitenciario pues se encuentra amalgamado al funcionamiento mismo del estado y a la aplicación de su política criminal. Además porque conlleva a otros problemas graves como la insalubridad y el aumento de enfermedades.
Cabe resaltar que en términos humanos el hacinamiento causa una situación permanente de indignidad y en muchas providencias judiciales y administrativas se viene aceptando el hacinamiento como un estado permanente de tortura, dadas las condiciones inhumanas en las que tienen que convivir los reclusos, y la violación a los derechos fundamentales que conlleva el vivir en hacinamiento.
En 1998 varias personas recluidas en las prisiones de Bellavista, en Medellín, y La Modelo, en Bogotá, interpusieron acciones de tutela para «evitar el per¬juicio irremediable de tener que seguir soportando esta tortura» (Corte Constitucional). T-153/98). La tortura a la que se refieren los demandantes no era otra que las condiciones de vida de los penales colombianos. En el momento de plantear el caso, el sistema había alcanzado el clímax de su crisis. Los grupos internos de poder gobernaban las prisiones, el hacinamiento había llegado al 40%, el 44% del presupuesto de las prisiones se destinaba a gastos de funcionamiento dedicando US $5 al día para cada prisionero, sólo el 34% de los prisioneros estaban inscritos en programas de estudio o trabajo, por cada 14 personas presas existía un guardián, una persona moría cada cuatro días y al año 364 resultaban heridas (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario [Inpec], 1999).