Ni el Gobierno cumple su palabra empeñada, ni la Iglesia garante exige – hasta aquí- que ésta se haga efectiva. Todo bajo la complicidad, por cierto, de los grandes medios de prensa y canales de televisión. Sin embargo, los que llegan al desparpajo son los partidos políticos, parlamentarios y otros. E l país tiene memoria […]
Ni el Gobierno cumple su palabra empeñada, ni la Iglesia garante exige – hasta aquí- que ésta se haga efectiva. Todo bajo la complicidad, por cierto, de los grandes medios de prensa y canales de televisión. Sin embargo, los que llegan al desparpajo son los partidos políticos, parlamentarios y otros.
E l país tiene memoria de lo que demoraron meses atrás las autoridades y los medios de comunicación en reaccionar frente a una prolongada huelga de hambre de los presos políticos mapuche en las cárceles del sur. Cuando la protesta llegó a amenazar severamente la vida de los comuneros, es cuando el Gobierno y los grandes medios de prensa se ocuparon del tema y se propusieron evitar un desenlace fatal, bajo la promesa de renunciar a la aplicación de la Ley Antiterrorista invocada por el gobierno de Michelle Bachelet para encauzar a Héctor Llaitul y otros dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Uno de los principales referentes de nuestra etnia principal que por 200 años ha sufrido la discriminación del estado chileno y todos los regímenes republicanos.
Acudiendo a la Iglesia Católica como «garante», el gobierno de Sebastián Piñera logró que los rebeldes depusieran su huelga de hambre a cambio de conseguir una formalización procesal más benigna para los imputados, valiéndose de la disposición de los huelguistas a enfrentar un juicio que les permitiera demostrar su inocencia frente a los inconsistentes y severos cargos del Ministerio público. Pero lo que apreciamos hasta hoy es que los procesados son víctima de acusaciones infundadas y testigos anónimos que, incluso, han llegado a prestar declaraciones judiciales bajo el apremio de la tortura y el soborno. Es escandaloso que una vez depuesta la Huelga de Hambre, los fiscales se reiteren en los mismos vicios procesales a fin de propinarles a estos dirigentes una condena que , a no dudarlo, tiene objetivos políticos más que penales.
En estos días se llevan a cabo en Cañete las audiencias finales de un proceso espurio que podría traerle a Chile drásticas sanciones internacionales por la forma en que se aplica una legalidad represiva heredada de la Dictadura y que, por lo mismo, viola flagrantemente los fundamentos de un justo proceso. Ante los excesos procesales reconocidos por las propias autoridades políticas, éstas se excusan en la imposibilidad de intervenir frente a la «autonomía» de otro poder del Estado. Con lo que arriesgan que Llaitul y otros líderes mapuche resulten condenados y se reactive un conflicto que puede tener serias consecuencias en la paz de la Araucanía y del país entero. Cuando se sabe que la causa de esta etnia compromete la adhesión de la gran mayoría de los chilenos, además de la solidaridad mundial a favor de que se les restituyan a los indígenas sus tierras arrebatadas, se les reconozca su identidad de minoría étnica y derecho a ciertas formas de autonomía.
Por cierto que los voceros oficiales eluden el tema y los medios adictos hacen caso omiso de lo que acontece en este juicio seguido por un buen número de observadores internacionales y apenas dos o tres medios informativos, como nuestra Radio Universidad de Chile. Tampoco se observa de la entidad «garante» alguna acción para que se cumplan las promesas verbales de La Moneda, las que no quedaron por escrito por un acto de confianza ingenuo de los líderes de la CAM y que hoy puede costarles caro si es que el Tribunal de la causa cede a las presiones de los empresarios de la Araucanía. Verdaderos forajidos empeñados en que el Estado chileno continúe en la senda de defender sus privilegios y despojos, como consolidar un clima de terror en las comunidades donde viven «los más pobres entre los pobres», según el decir de los obispos católicos. La gran prensa sólo reacciona ante los conatos de violencia que surgen en la Araucanía para estigmatizar, siempre, la lucha de los mapuches por sus derechos humanos conculcados de forma sistemática. Se los acusa de violentistas y criminales a pesar de la imposibilidad de los tribunales de la zona de probar las imputaciones, lo que explica que recurran a falsos testimonios para evitar que los juicios se desbaraten totalmente y caigan en el completo ridículo. Cuando ya la evidencias señalan que las únicas víctimas de estos episodios son los propios comuneros, agredidos criminalmente por la policía como ha quedado de manifiesto en el caso de los mapuches ultimados por la espalda.
Ni el Gobierno cumple su palabra empeñada, ni la Iglesia garante exige – hasta aquí- que ésta se haga efectiva. Todo bajo la complicidad, por cierto, de los grandes medios de prensa y canales de televisión. Sin embargo, los que llegan al desparpajo son los partidos políticos, parlamentarios y otros que, sumidos en sus querellas internas, no tienen tiempo de sensibilizarse frente a la pavorosa injusticia que se urde para silenciar la lucha de los mapuche y condenar a la prisión a quienes no tienen responsabilidad alguna en los delitos que se les imputan. Si es que siquiera constituyen delito aquellas acciones de justa autodefensa contra el acoso policial y la prepotencia de las empresas que se enseñorean en la zona. En otra manifestación evidente de que en más de dos décadas de post dictadura, lo que hemos tenido es un grosero co gobierno de la Concertación y la Alianza por Chile, cebados todos por el régimen institucional y el sistema económico que les legara Pinochet. El autor, precisamente, de la Ley Antiterrorista que a este gobierno y a sus antecesores les sirvió para poner en práctica una nueva «pacificación de la Araucanía».