La Solución Política al conflicto colombiano, planteada por sus organizadores desde el surgimiento mismo de las Farc («el destino de Colombia no puede ser la guerra») se enraíza en la concepción de los clásicos del marxismo sobre el carácter contradictorio y eminentemente político de la guerra, según la formalización de la antigua idea que se […]
La Solución Política al conflicto colombiano, planteada por sus organizadores desde el surgimiento mismo de las Farc («el destino de Colombia no puede ser la guerra») se enraíza en la concepción de los clásicos del marxismo sobre el carácter contradictorio y eminentemente político de la guerra, según la formalización de la antigua idea que se remonta hasta Maquiavelo y los inicios de la modernidad, y que fuera normatizada a mediados del siglo XIX por el mariscal prusiano von Clausewitz.
No es una idea que haya caído desde el cielo sobre la tierra de Colombia, ensangrentada durante cerca de dos siglos por «guerras civiles bipartidistas» o salvajes matazones cíclicas a machete entre campesinos pobres y peones sectarizados, sino su coagulación y aplicación particular en Colombia de unos principios éticos y políticos de unos campesinos pobres agredidos, pero ya politizados con ideas comunistas, para superar el desastre producido por una de las formas más brutales y crueles de la lucha de clases sociales aplicada por parte del Bloque de Poder dominante, conformado para tal fin en Colombia a mediados del siglo XX, y que por su característica anticomunista enraizada con el anticomunismo religioso tradicional de la iglesia católica colombiana, implementado por los EEUU como parte fundamental de la guerra fría global entre superpotencias, y que en Colombia devino en contrainsurgente.
Idea que en nuestra sociedad, dada la larga duración, prolongación y el encharcamiento y degradación del conflicto armado por ambas partes Estado-Guerrillas y sin perspectivas de una solución armada en el corto plazo. Por ejemplo: narco paramilitarismo, genocidios masivos (como el de la Unión Patriótica y los Falsos Positivos) además de innumerables violaciones masivas al DIH por parte del Estado que se tornó fallido. Y por parte de la Guerrilla: secuestros de civiles y extorciones, bombardeos a poblados, violaciones flagrantes al DIH y, cobro del gramaje a narcotraficantes. Hicieron que esta se convirtiera en una tesis imprescindible y con características francamente trasformadoras.
La idea sostenida por Alfonso Cano en Caracas-Tlaxcala y especialmente en el Caguán, consistía simplemente en estimular mediante un frente de masas un proceso constituyente que paralelo a unos diálogos de paz bilateral, concluyeran en un acuerdo entre las dos partes enfrentadas sobre las indispensables y necesarias trasformaciones estructurales a realizar en la sociedad que yacían en el subsuelo del conflicto, y luego, este acuerdo fuera refrendado mediante una Asamblea Constituyente democrática, popular y local, que permitiera a las fuerzas congregadas en la lucha armada y guerrillera tener un acceso y una voz en la nueva Constitución y el nuevo equilibrio de fuerzas en lucha plasmado en su redacción, con el fin de avanzar hacia la superación del conflicto, profundizar en la democracia moderna y avanzar hacia un Estado viable y sustentable.
Todo marchó bien en la Habana, hasta que prácticamente al final de las conversaciones, un grupo de la delegación insurgente, usando los métodos autoritarios de mando y ordeno, impuso la idea promovida por los «negociadores del Estado» sobre la imposibilidad (línea roja) de realizar una Asamblea Constituyente (de cualquier característica) que tocara así fuera tangencialmente la «Ley de Leyes vigente» y en cambio, la refrendación del acuerdo logrado se realizara vía Plebiscito. Este error estratégico junto con la perdida electoral del tal Plebiscito conllevó a una cadena de errores sucesivos y concesiones insurgentes al Estado, como por ejemplo el desarme prematuro y acelerado que bajo la justificación de defender el Acuerdo logrado en la Habana, lo condujeron a una situación prácticamente insostenible.
El grupo del mando y ordeno, con el viejo método de la guerra de «quien no está con migo está contra mí» no supo distinguir, entre quienes desde el lado popular hacían observaciones a este tipo de dirección impracticable en las nuevas circunstancias surgidas con los efectos desastrosos en las bases populares y de apoyo; de quienes realmente y desde el bloque contrainsurgente dominante (cuyo núcleo de acero lo constituyen la llamada Fuerza Pública) dirigido por el presidente Santos y la embajada de EEUU, propugnaban por mantener intocada o inmaculada la constitución y unida las fuerzas alrededor de esta posición, a la vez que buscaban por todos los medios la dispersión, desorganización y des-estructuración del campo popular.
La PERFIDIA no es solo una palabra del Latin que ha pasado intacta a varios idiomas, uno de ellos el castellano donde significa «deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe debida»; sino que es un delito a las leyes de la guerra de antiguo conocimiento, también tipificado en el Derecho Internacional Humanitario en el artículo 37 de protocolo adicional a los convenios de Ginebra 12.08.1949, en donde además de su prohibición básicamente aclara que:
«Constituirán perfidia los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados«…..
Esto exactamente fue lo que se hizo y se ha venido haciendo por parte del Estado colombiano con la insurgencia de las Farc y con el Acuerdo de la Habana alcanzado y que el habla popular colombiana denominó el «conejo Santista«: Apelar a la buena fé de los insurgentes para engañarlos con promesas del cumplimiento de lo pactado, sabiendo que: Primero, el Estado tenía o tiene una profunda crisis fiscal que le imposibilita cumplir los millonarios compromisos adquiridos, los cuales dependen de la financiación internacional. Y segundo, que una vez derrotado el Plebiscito, no habría respaldo constitucional serio de lo acordado, sino leyes transitoria y simples fallos de cortes jurídicas que por su carácter temporal y secundario pueden ser impugnados o modificados por otros fallos o leyes, según la famosa consigna santanderista de que «las cosas se deshacen como se hacen». Nada en firme y de largo plazo como lo demanda un verdadero proceso de implementación trasformadora de acuerdos de paz como el alcanzado en la Habana.
Así, quienes trataron por todos los medios hacer llegar estas y otras opiniones críticas a la dirección del partido de la rosa surgido de los acuerdos, fueron calificados por ella de extremo izquierdistas, enemigos de la paz, del acuerdo de la Habana y estigmatizados: generándose una seria crisis de liderazgo y conducción política que condujo a lo que estamos viendo, y a lo que ha sido constatado sociológicamente (no políticamente) por el sociólogo Ariel Ávila en su estudio publicado el 18.08.2018 en https://www.elespectador.com/
A lo cual se suma la desbandada y fraccionamiento de las bases populares de apoyo con su consecuente reagrupamiento alrededor de cada uno de estos grupos. La desaparición de un notable e interesante proceso de organización popular unitario que se venía desarrollando bajo el nombre de «constituyentes patrióticas y populares», con el alejamiento de sus más destacados dirigentes de ese proceso constituyente unitario y popular como Piedad Córdoba, por ejemplo. La desaparición de un frente de masas como el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia y su absorción por el partido de la rosa con sus coaliciones y convergencias, etc.
Mirando las cosas en perspectiva, cualquiera diría que no fue el Acuerdo de Paz el que quedó hecho trizas como lo promulgó el Uribismo; sino que el resultado «pacifico» del gobierno Santos complementario a la pretensión Uribista y de lo cual debe estar muy orgulloso; es haber mantenida intacta e intocada la Constitución neoliberal y depredadora de Colombia. Haber desarmado la guerrilla comunista más añeja del continente americano y entregarla al Estado colombiano y a Duque, hechas trizas y caotizada, lo que ha hecho posible el genocidio social en marcha contra líderes sociales y ex guerrilleros de las zonas de donde se retiraron. Junto a una izquierda institucional que no sabe si apoyar a Petro o a Robledo, a López o a Navarro, a Mockus o a Caicedo, a Timoleón o a sus discrepantes.
¿Qué otro requisito se necesita para obtener el premio nobel de paz?
Por si fuera poco, este 02 de septiembre concluyó un conclave político del Consejo Nacional de los Comunes, https://www.farc-ep.co/
Indudablemente, «grandes retos nos esperan» ……
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