La Secretaria General del Partido Popular, el partido gobernante en España, la Sra. María Dolores de Cospedal, ha acusado nada menos que de ser nazis a las personas que protestan por los desahucios manifestándose frente a los domicilios de las autoridades del partido político responsable del veto de las Cortes Españolas a las medidas propuestas […]
La Secretaria General del Partido Popular, el partido gobernante en España, la Sra. María Dolores de Cospedal, ha acusado nada menos que de ser nazis a las personas que protestan por los desahucios manifestándose frente a los domicilios de las autoridades del partido político responsable del veto de las Cortes Españolas a las medidas propuestas por el movimiento social más popular hoy existente en España, la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Lo que es preocupante y alarmante es que tal autoridad haya basado dicha grave acusación (en realidad, insulto) en que -según ella- estos manifestantes «no aceptan el voto», es decir, que no respetan la mayoría parlamentaria, mayoría que -según ella- es resultado del mandato popular expresado por las urnas. Éstas, es decir, los votos, asignan al gobierno las responsabilidades de tomar decisiones, sean éstas las que sean, que deben acatarse por parte de la población, independientemente de que se esté en desacuerdo con ellas.
Tal interpretación de lo que es democracia, por una personalidad del nivel de la Sra. Cospedal, es alarmante. Y puesto que esta interpretación está ampliamente extendida en España, merece una respuesta. Esta percepción tan generalizada de lo que es democracia suele presentarse en un argumentario más elaborado, indicando que la democracia es un sistema de leyes que deben obedecerse, y por lo tanto, todo comportamiento que no siga tales leyes es considerado antidemocrático. Esto es lo que en realidad está diciendo la Sra. Cospedal, en un estilo y narrativa mucho más vulgar y directo, llamando nada menos que nazis a aquellos que protestan por la aplicación de las leyes, a pesar de que son manifestaciones no violentas que denuncian a los gobernantes que aplican tales leyes, estén éstos donde estén.
Lo que tal argumento deliberadamente olvida es que la soberanía popular procede de la ciudadanía, y que la expresión de tal soberanía ocurre a través de las instituciones llamadas representativas que en España están extremadamente limitadas debido al enorme dominio que las fuerzas ultraconservadoras, herederas de la dictadura, tuvieron sobre el proceso de Transición, al cual se le define erróneamente como modélico. El enorme desequilibrio de fuerzas entre los herederos de los vencedores y los herederos de los vencidos de la Guerra Civil en el proceso de Transición dio lugar a un proceso muy sesgado, con unas instituciones representativas muy poco democráticas. Y lo que está ocurriendo, reflejado en las declaraciones de la Sra. Cospedal, es un claro ejemplo de ello. Veamos los datos.
Dentro de esta democracia sumamente limitada, sólo el 28% de la población adulta que podía votar, votó al Partido Popular, lo cual no fue obstáculo para que tal minoría alcanzara una enorme mayoría parlamentaria, mayoría totalmente desproporcionada en su tamaño y que no se correspondía con el voto real. En realidad, la gran mayoría (72%) de la población que podía votar, no votó al PP. La mayoría en las Cortes no representa, pues, a la mayoría de la población. Si el sistema hubiera sido proporcional, tal partido no hubiera estado en mayoría. Está claro, pues, que el PP se benefició de unas leyes electorales que le favorecían, pero que no respondían numéricamente a un mandato mayoritario.
Pero la cosa es incluso peor, pues la elección de la minoría que votó al PP (28%) se basó en un programa electoral que el PP se comprometía a realizar, en caso de ser elegido, cosa que no ha hecho. Promesa electoral tras promesa electoral ha sido desatendida. La evidencia de ello es abrumadora. Como también es abrumadora que la élite dirigente del PP sabía que no la cumpliría, mintiendo a la ciudadanía. La rapidez con la que actuó, ignorando sus promesas, era el mejor indicador que sus acciones reales (muchas de ellas opuestas a su programa electoral) estaban ya programadas en la época pre-electoral.
Es obvio, pues, que gran número de políticas que el gobierno PP está realizando (desde las políticas de recortes de gasto público social, que contrastan con el gran apoyo a la banca, hasta el veto a la propuesta altamente popular de la PAH) carecen de mandato popular, entendiendo como tal el deseo por parte de la mayoría de la población de que las políticas que el gobierno aplique son las deseadas por tal población. Incluso entre sus votantes, la mayoría no eligió al PP para que llevara a cabo políticas opuestas a las que prometió durante el periodo electoral. Y la impopularidad de tales políticas, incluso entre sus votantes, es la mejor prueba de ello.
Pero lo que la Sra. Cospedal ignora es que tales políticas que el gobierno PP está implementando, contrarias al deseo de la mayoría, no sólo son altamente impopulares, sino que deslegitiman al gobierno y a la democracia, pues lo que el gobierno está haciendo no es llevar a cabo las políticas expresadas por la mayoría de la población, sino que las está imponiendo en ausencia de un mandato popular. La respuesta de la ciudadanía ante esta situación es la protesta pública en defensa de la democracia mediante cualquier medio (utilizando medios no violentos) pues está intentando salvar la democracia en España frente a una violencia legal que es inasumible. El echar a una familia a la calle, sin techo, es enormemente violento y toca las dimensiones más íntimas de la persona. Cuando, además, estas políticas, aún siendo legales, no son legítimas -al carecer de mandato popular- es injusto y traduce una prepotencia y arrogancia exigir que los responsables de tal situación tengan un trato distinto, que definen como civilizado, opuesto al incivilizado que están imponiendo.
La respuesta de las fuerzas conservadoras (incluidas las de algunas voces de las izquierdas ex gobernantes) es que la manera de responder democráticamente es esperar al voto hasta dentro de cuatro años, en un sistema que tampoco refleja el deseo popular. Ahí está el triunfo de las fuerzas conservadoras, escrito en piedra en sus leyes y en la Carta Magna, la Constitución. La continua defensa de la Constitución como intento de legitimar toda una serie de políticas sin mandato popular es parte de la defensa de los intereses de aquellos que dominaron el proceso de Transición, que eran, a su vez, los herederos de los que ganaron la Guerra Civil. A la Sra. Cospedal parece escapársele la incoherencia de acusar a sus adversarios de nazismo, cuando ella está donde está, repito, como consecuencia de la historia de este país en los últimos setenta y cinco años, donde el enorme poder de las fuerzas ultraconservadoras, incluyendo su partido político, sobre los aparatos del Estado ha determinado la configuración de las instituciones políticas, siendo el punto de origen de su poder el golpe militar del General Franco apoyado precisamente por el nazismo alemán y el fascismo italiano, apoyo sin el cual la democracia no hubiera sido derrotada en España.
Si España tuviera un Estado auténticamente democrático, además de tener leyes electorales más representativas, habría referéndums decisorios, que podrían debatirse (en unos medios más plurales que los que hoy existen en España), siendo tal debate las bases para la decisión popular. Y no hay duda, según los resultados de las encuestas, de que las políticas decididas por referéndums (incluidas las propuestas del PAH) serían mucho más mayoritarias que las decididas por las Cortes, mostrando que las Cortes Españolas hoy, en su mayoría, no representan a la mayoría de la población española, incluido, por cierto, el votante y ex votante del PP.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.