A pesar de las auspiciosas expectativas que se generaron al inicio de la transición, en los últimos años, la relación entre los pueblos originarios y los gobiernos de turno ha sido, según las voces críticas de las políticas oficiales, una crónica de desencuentros. Los blancos de los cuestionamientos son la política indígena y la acción […]
A pesar de las auspiciosas expectativas que se generaron al inicio de la transición, en los últimos años, la relación entre los pueblos originarios y los gobiernos de turno ha sido, según las voces críticas de las políticas oficiales, una crónica de desencuentros. Los blancos de los cuestionamientos son la política indígena y la acción de la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (Conadi), entidad centrada en las carencias básicas de las comunidades, señalan sus críticos, sin asumir temas sensibles como derechos políticos, la autonomía o el autogobierno.
Mientras directivos de la Conadi resaltan los avances que han significado las políticas de los gobiernos de la Concertación y cifran esperanzas en la pronta ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre derechos de los pueblos tribales y en el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, y el subdirector del periódico Azkintuwe, Wladimir Painemal, creen que los últimos gobiernos han errado la forma en que han enfrentado la temática indígena.
Ambos son críticos de la acción del Estado, más allá de la Concertación, pero especialmente duros con los ex presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Para José Aylwin el rezago en esta materia se explica porque una de las grandes contradicciones del Chile actual «es que se precia de ser un Estado altamente globalizado, pero la globalización tiene distintas dimensiones y la economía es sólo una de ellas. Otra de sus dimensiones tiene que ver con los derechos humanos. Hoy día, producto de la globalización, emerge una especie de derecho supraestatal que los Estados modernos y democráticos aceptan. Y Chile, en materia de derechos indígenas, lamentablemente, está a la retaguardia en América Latina, al no suscribir tratados internacionales, y no reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y sus derechos».
Paradigma del vencedor
Según el abogado, ello genera, en nuestro país, la ausencia de mecanismos institucionales para resolver conflictos «que no son propios de Chile sino de toda América Latina». Y en la medida en que no existan cauces institucionales para este tema -agrega- «a pesar de la disposición al diálogo que han mostrado los pueblos indígenas -que incluso han participado en los diálogos convocados por la presidenta Michelle Bachelet- los conflictos van a persistir, porque son los Estados los que tienen que dar cauce institucional a los conflictos de intereses entre pueblos distintos que existan en un mismo territorio. Por tanto, uno de los grandes desafíos del Estado chileno es entender la globalización, pues todo parece entender que la ha entendido exclusivamente como una globalización económica».
Una mirada menos dura, pero también crítica tiene el historiador Víctor García, quien reconoce una preocupación de los gobiernos concertacionistas por el tema indígena y por avanzar en la dirección correcta, esfuerzos que han tenido resultados muy disímiles. No obstante, agrega que uno de los errores que se ha dado es la falta de una mirada más integral a este tema, pues no ha existido un trabajo multidisciplinario. «Se han diseñado políticas muy de escritorio, desde la distancia y la lógica del «winca», políticas que se hacen para los pueblos originarios, pero sin los pueblos originarios», lamenta García.
Según el docente no ha existido una política del Estado chileno efectiva y real, en relación a los derechos indígenas. «Y ello no es responsabilidad sólo de los últimos gobiernos, sino que es una deuda del Estado, a través de la historia», acota. Esta deuda se explica por la herencia histórica, precisa, «donde pesa mucho el paradigma del vencedor-vencido, aunque suene brutal decirlo». En Chile, recuerda, se ocuparon las tierras de los pueblos originarios y se buscó unificar geográfica y políticamente el territorio y por ello no se asumieron las diferencias, sino lo contrario.
«Esa visión tuvo un peso enorme en la formación de nuestros líderes políticos y en la conciencia nacional de las elites y explica por qué el Estado chileno se ha dejado estar en este tema», subraya el académico. No obstante, no es responsabilidad exclusiva de la elite, admite, pues asumir en plenitud los derechos de los pueblos indígenas requiere también que este tema esté asumido en el país, lo que no ocurre en Chile. Concuerda con José Aylwin en que esta deuda se da porque «una parte de nuestra elite política no está plenamente convencida de lo que significa esta inserción global y por ello ha quedado rezagada en temas como la ratificación del Convenio 169 o la Corte Penal Internacional».
Acción articuladora
En la Conadi, la mirada es diferente. Tanto el director nacional, Wilson Reyes, en su reciente visita a la Región del Biobío, como la autoridad regional, Jaime Painemal, están convencidos de la pronta ratificación del Convenio 169 de la OIT y del avance en las demandas de los pueblos originarios. El estancamiento de algunos temas en el Parlamento, según Jaime Painemal, se explica porque «los pueblos indígenas en Chile somos minoría y estamos concentrados en algunas regiones del país. Y, lamentablemente, independiente de la voluntad de los gobiernos de la Concertación, nos hemos encontrado con la falta de voluntad de los parlamentarios, fundamentalmente de la oposición».
Por ello, la Conadi ahora ejerce un rol mucho más activo y está desarrollando un fuerte lobby entre los legisladores para obtener su respaldo. «Así como el tema de las tierras, que es muy importantes para las comunidades, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la ratificación del Convenio 169, la conservación de la lengua nativa, la disminución de las desigualdades son también prioridad nuestra», precisó Painemal.
Frente a las críticas que apuntan a que la Conadi se centra en temas más bien domésticos y no tiene legitimidad entre las comunidades, Jaime Painemal sostiene: «como toda institución pública tiene múltiples desafíos, pero el primordial es coordinar las iniciativas destinadas a los pueblos originarios, para que los proyectos que se impulsen vayan en beneficio directo de las familias y el apoyo sectorial signifique un desarrollo más integral de las comunidades».
Una institución con una misión tan amplia, admite, obviamente es perfectible. De hecho, señala orgulloso, después de haber sido muy vapuleada en sus orígenes, la Conadi ha evolucionado y ahora ejerce una acción coordinada con el resto del aparato estatal. «Porque el tema indígena no lo puede resolver sólo Conadi, es necesario el concurso del resto de las entidades públicas», puntualiza. Hoy, recalca, nadie podría negar su acción articuladora. Un ejemplo, acota, es la unión sinérgica entre la Conadi y el Programa Orígenes, «donde se están focalizando los esfuerzos a favor de las familias de la región con mayor vulnerabilidad, que son las comunidades mapuches».
Para él, un indicador de la acción de Conadi, en la Octava Región, se refleja en el mayor diálogo con los dirigentes de las comunidades y en la incorporación y flexibilización de los programas de Corfo e Indap, para que puedan acceder a ellos las familias mapuches. Todo ello, dice, sin negar que falta mejorar algunos procedimientos y aumentar el presupuesto.
Criminalización y judicialización
Uno de los aspectos más sensibles en la temática indígena es la llamada «judicialización» del tema indígena, hecho que para sus dirigentes es, derechamente, una «criminalización» de sus demandas, especialmente en el caso de las luchas reivindicativas territoriales del Pueblo Mapuche. Para el antropólogo y subdirector de Azkintuwe, Wladimir Painemal, se ha «criminalizado» al movimiento mapuche en Chile, adjudicándole una imagen de intransigencia que, dijo, no es tal.
«El movimiento mapuche ha tenido un nivel de soporte y aguante que ha sobrepasado las expectativas que, incluso, la misma gente mapuche tenía, pues los niveles de pobreza se han mantenido con los años, las grandes multinacionales han podido ingresar a los territorios, se ha criminalizado la demanda social y se han dado señales erradas desde el Estado y sus instituciones», subraya.
Painemal reclama que los gobiernos concertacionistas no han cumplido los acuerdos que inicialmente se habían planteado en el Acuerdo de Nueva Imperial en 1989 y que la Nueva Ley Indígena de 1993 fue una apuesta fallida. «Es simbólico las veces que el gobierno ha llamado a los parlamentarios a ratificar el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la OIT, tema ya trillado cuando se escucha en boca de las autoridades o desde La Moneda», expresó.
«A mí, admite Painemal, se me habría acabado la paciencia hace mucho rato, pero el movimiento y las organizaciones siguen manteniendo un nivel de apertura que es destacable. Es un movimiento social, heterogéneo, que tiene como norte llegar a un nivel de negociación y acuerdo político con el gobierno en estas materias, comportamiento que se inscribe por lo demás en una larga tradición de diálogo político que nuestros abuelos buscaron desarrollar también con el estado, la mayoría de las veces sin resultado alguno».
Esa disposición al diálogo, acotó, «se da a pesar de que Ralko se construyó, a pesar de que las carreteras se hicieron y las empresas forestales siguen avanzando. No obstante la muerte de un peñi, el movimiento mapuche sigue demostrando disposición al diálogo y capacidad de negociación. Quien ha demostrado en todo este tiempo que no tiene una real disposición a conversar respecto de los derechos de los pueblos indígenas es el Estado de Chile y sus autoridades. Los mapuches han demostrado exactamente todo lo contrario, participando de instancias y elaborando propuestas», precisó.
Para él, la no respuesta del Estado demuestra que «no se entendieron los mensajes que se dieron por parte de las organizaciones mapuches en el último tiempo, no se leyeron bien los documentos o, en definitiva, hay una disposición a negar los derechos políticos, sociales y culturales de los pueblos indígenas al interior del país». Si el Estado chileno y sus gobiernos se quedan al margen del avance de la legislación internacional, que reconoce estos derechos, «me parece que se convierte en un estado paria dentro de Latinoamérica», concluyó.