Se requiere ser muy mentiroso y sinvergüenza para afirmar, como lo ha hecho Juan Manuel Santos, que la guerrilla y otros factores armados a los que revuelve con esta para engatusar incautos, son quienes han arrebatado más de 700 mil hectáreas de tierra a los campesinos. No es por tonto que el personaje de marras expresa […]
Se requiere ser muy mentiroso y sinvergüenza para afirmar, como lo ha hecho Juan Manuel Santos, que la guerrilla y otros factores armados a los que revuelve con esta para engatusar incautos, son quienes han arrebatado más de 700 mil hectáreas de tierra a los campesinos.
No es por tonto que el personaje de marras expresa semejante absurdo, pues él bien sabe cómo está configurado el asunto de la distribución, propiedad y uso de la tierra en Colombia, y sabe cómo está definido el asunto de la territorialidad.
La existencia de latifundios en poquísimas manos de oligarcas que han arrebatado la tierra a los más pobres es un antiquísimo problema estructural que subyace como una de las principales causas del conflicto político-social y armado que padece Colombia. A finales del año antepasado el camarada Alfonso Cano se refirió a la cuestión trayendo a memoria que según estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y CORPOICA del año 2001, las fincas de más de 500 hectáreas correspondían al 0.4 % de los propietarios que controlan el 61.2 % de la superficie agrícola. Esa concentración desbocada e infame de la tierra viene desde años atrás y no ha cesado ni cesará por cuenta de una perorata embustera como la del Presidente. ¿Acaso Juan Manuel tiene la noticia de que entre ese 0.4 % de propietarios están las FARC?
A principios de enero, El Espectador citó palabras de JM Santos en las que expresaba, como ya había ocurrido en otras ocasiones, que las FARC se oponen a la Ley de Restitución de Tierras porque, gracias a ella, «les quitamos el discurso», según el cual la tierra es para los campesinos.
Con vehemencia de culebrero presto a pescar incautos, Juan Manuel ha dicho que «de manera exitosa ejecutará la Ley» aunque tenga «enemigos de lado y lado». Y explica que en «La izquierda radical, las Farc», está un enemigo de la Ley, «porque les quitamos el discurso. El discurso de las Farc es ese: que la tierra es para los campesinos». A continuación el Presidente se despacha con su carga de cinismo: «Pues sí: la tierra se la estamos entregando a los campesinos, y sobre todo a los campesinos que fueron desplazados».
En conclusión, para un sujeto experto en crear «falsos positivos», como Juan Manuel, resulta que son las FARC las que arrebataron la tierra y las que no quieren que se le restituya este preciado bien a los campesinos, mientras él está haciendo su «revolución agraria». Y mucho ojo, «no una revolución a punta de fusil sino con la Constitución y las leyes. Y no es una revolución de lucha de clases. No son los ricos contra los pobres, son los legales contra los ilegales. Y es una revolución que va a respetar a todo aquel que tenga su propiedad legalmente», Como si ya el territorio no lo hubiesen preparado a sangre y fuego, con la violencia paramilitar, antes de hacer lo que ahora se configura como un procedimiento cínico de «saneamiento», que con leyes proyecta terminar de arrebatar a los pobres la tierra para entregarla a las trasnacionales.
En el colmo del descaro JM Santos dice haber encontrado que «otro enemigo del proceso de Restitución de Tierras es la extrema derecha, es decir los paramilitares, quienes se hicieron a muchísima tierra a punta de violencia y a punta de desplazamiento». Semejante «inocencia» causa angustia. El jefe de los «falsos positivos», el ministro de defensa del mandatario paramilitar Álvaro Uribe Vélez, diciéndonos esto de que hay «dos extremos (las Farc y los paramilitares), paradójicamente unidos en contra de la Ley».
Las marchas que Juan Manuel paga para aparentar que respalda a los líderes agrarios con la propagandizada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, no son siquiera expresión de populismo, como algunos piensan, sino de insolencia si miramos en que los factores de poder que él representa son los que han practicado el despojo que caracteriza la acumulación capitalista neoliberal que han impuesto en subordinación absoluta respecto al centro hegemónico yanqui.
Yendo al grano, en vez de lanzar sofismas de distracción, el Presidente debería develar los nombres de los verdaderos latifundistas y la forma criminal como muchos de ellos se han apoderado de predios de comunidades enteras, sólo para beneficiar la voracidad de las trasnacionales. ¿Acaso no sabe él que entre los llamados «nuevos llaneros», gente que se ha hecho a inmensas cantidades de tierra en los Llanos Orientales aparecen al lado de los holdings brasileños y argentinos, capitalistas como Luis Carlos Sarmiento o su primo «Pachito» Santos, el mismo que quería dirigir el paramilitar Bloque Capital y quería electrocutar a los estudiantes que protestaban contra la reforma neoliberal a la educación? Ahí están esos elementos apátridas lanzados a la conquista de los llanos y a la depredación de la Amazonía y la Orinoquía, sin que personajes tan dolidos por la patria como Erwin Hoyos, Darío Arizmendi, Salud Hernández, el «eximio» Néstor Morales o Doña María Jimena Duzán, entre otros, se den por enterados, Y que no crean que con este humilde comentario se les está siquiera increpando, porque ahora parece ser moda en el círculo de notables de la desinformación, auto-victimizarse endilgándole a las FARC no se qué cantidad de amenazas infundadas.
Esta conquista de los territorios es lo que estimula el gobierno como reforma o como «revolución agraria», con estímulos económicos gubernamentales y el respaldo militar que está puesto en marcha con los famosos planes de «consolidación», porque es que hay que cuidarle las inversiones a las trasnacionales poniendo de guachimanes a los soldados colombianos, para que las trasnacionales puedan expandir sus agro-negocios, la extracción de agro-combustibles sembrando palma, maíz, soya, remolacha y caña azucarera, etc.
En fin…; la «revolución agraria» de los cínicos como Santos, significa la entrega sumisa a las multinacionales y conglomerados financieros, ofreciendo negocios híper-rentables, favorables a la especulación en el mercado mundial de commodities.
Hablemos claro, como son enormes las dificultades que generan a las inversiones capitalistas en el campo si no existe legalidad, titulaciones que laven la cara del despojo sangriento que han hecho hasta el momento, entonces hay que titular los predios arrebatados a los campesinos y gentes humildes desplazadas y asesinadas. Para eso es que está destinada la Ley de Restitución de Tierras. El propósito de fondo no es resarcir a los campesinos. El fin es otorgar seguridad jurídica a los inversionistas, sobre todo si se toma en cuenta la enorme magnitud que ha logrado el mercado de tierras en el campo de la especulación financiera.
¿Por qué los «camaradas» chinos no compraron tierras en el Vichada? Aunque ellos en Colombia estén proyectando grandes inversiones en infraestructura de transporte y en proyectos de agro-negocios como la producción de soya y leguminosas, su negativa o abstención temporal se debió a la inexistencia de títulos de propiedad. Este es un ejemplo para decir que pasa a ser de gran trascendencia, no inmediatista sino estratégica para los capitalistas, la llamada restitución de tierras que permita más adelante, luego de legalizar los títulos, negociar la propiedad para quedarse con todo o lo que interese en un proceso de sobre explotación del territorio. La «restitución», entonces, no es un acto humanitario y de reconciliación social de Juan Manuel Santos sino el procedimiento engañoso para darle marco jurídico a la desposesión violenta que se ha venido haciendo a lo largo de décadas y que se acentuó especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del que el actual Presidente fue su Ministro de Defensa y jefe de los llamados «falsos positivos».
Para el caso colombiano, los mismos agentes activos del despojo ahora «hacen el favor» de amortizar a las víctimas, legalizándoles la posesión para luego «colaborar» con la compra o toma en arrendamiento del terruño, por el que sin duda el pobre campesino, quiéralo o no, recibirá una miseria. Entonces, legalizar títulos, entregar tierra de manera engañosa, para de inmediato volver al ciclo del despojo envuelto en la farsa de la compra-venta, o la trampa del arrendamiento, sin que ello implique, desafortunadamente, que la presión y efectiva acción coercitiva de los perdonavidas de las trasnacionales y del régimen cese, es lo que caracteriza la «revolución agraria» de Juan Manuel.
Todo es un ardid ya conocido en otras latitudes del mundo, para acondicionar el mercado de títulos y abonar la espacialidad para que proceda la inversión transnacional sin apremios: promesas de un mejor medio de vida, garantías de rentas permanentes…; coacción contra las comunidades o personas que no consientan la depredación; tal como ahora ocurre en los municipios que se quieren inundar con la represa El Quimbo.
En Colombia ya se ha sufrido bastante la desposesión y muy próximo está el ejemplo de Brasil donde las promesas de mejores medios de vida y de posibilidad de empleos que vendrían gracias a los contratos de arrendamiento, han conllevado al abandono de los asentamientos que han sido arrendados a empresas de caña de azúcar en el llamado cinturón de la caña de azúcar en el Estado de São Paulo; entre muchos otros, también tenemos el ejemplo del establecimiento de una plantación de caña en Kampot Speu, Camboya, donde los empresarios forzaron la expulsión de los agricultores y las comunidades que tradicionalmente habitaban esas tierras.
Ahora bien, el gobierno conoce perfectamente que al menos 2.428 familias de oligarcas controlan aproximadamente el 53.5 % de la tierra apta para cultivar; esto en contraste con 2.2 millones de familias campesinas que sobreviven de cualquier manera en el área restante. Y no es este grueso problema el que pretende resolver el Presidente con su ridículo plan de «restitución» de tierras. Menos cuando está claro que en dos décadas las pobrerías agrarias han sido despojadas de alrededor de 7 millones de hectáreas por los agentes del Terrorismo de Estado. ¿Para qué, entonces, el gobierno se rasga las vestiduras, cuando sus manos están sucias de sangre y del fimo del cinismo está embadurnada su conciencia?
A nadie puede Juan Manuel Santos ocultar que en Colombia hoy se asiste a una redefinición de las políticas territoriales, todo para seguir robando y entregando a las trasnacionales nuestros recursos y nuestra soberanía. Dentro de ese esquema el plan de «restitución» hace parte del desenvolvimiento de la reprimarización de la economía ya bastante desnacionalizada, y subordinada a los intereses imperiales. Santos lo que está haciendo es darle legalidad a lo que hasta ahora sólo fue un despojo violento y criminal, definiendo derechos de propiedad y ordenando la geografía de la misma, delimitando las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas, los espacios de las comunidades afro-descendientes, formalizando el dominio estatal de los baldíos, para desenvolver con más rigor y eficacia la acumulación capitalista:
-Organiza el mercado de tierras.
-Favorece la incursión y consolidación de las trasnacionales en lo que respecta al acaparamiento del espacio para su depredación.
-Facilita la explotación a fondo, «dando garantías» al capital, a los inversionistas, para que accedan a las concesiones sobre los territorios, y a lo que llaman derechos de superficie.
-Proyecta con la legalización, un despojo en términos legales porque responderá a un ordenamiento que se presentará como necesidad o prioridad nacional sobre la que no se permitirá obstáculo alguno. Cuando se requiera que alguien transmita su derecho de propiedad esto tendrá que hacerse porque así lo define la ley y punto o simplemente, a las buenas o a las malas, se debe ceder la tierra en renta; algo muy «democrático» seguramente; la democratización del rentismo, que es una forma más cínica del despojo.
-Así, reiteremos, se le «restituye» la propiedad a los despojados para luego obligarles al arrendamiento. Se trata de lo que los especialistas llaman «solución financiarizada de la cuestión agraria». Pero como si fuera poco esta reprimarización y desnacionalización de la economía, cuya base es el despojo de la tierra, se reforzará el procedimiento con las pretensiones del «Proyecto de Ley General Agraria y de Desarrollo Rural», que reordenará el territorio en función de la depredación; en fin, la dictadura de la entrega del país a las trasnacionales: por ahora, 38 millones de hectáreas para la exploración petrolera; 11 millones de hectáreas para la exploración y explotación mineras; 12 millones de hectáreas para la explotación forestal también extractiva; 39.2 millones de hectáreas para la ganadería extensiva; 3.6 millones de hectáreas de producción agrícola, cuando se tiene un área cultivable de 21.5 millones de hectáreas, de un total de 114 millones de hectáreas que tiene nuestro país.
Dibujado este panorama, la insurgencia, aparece como un factor incómodo para que las transnacionales y sus lacayos oligarcas criollos continúen el saqueo de la riqueza de los colombianos. De ahí deriva el sufrimiento de Juan Manuel por la existencia de la insurgencia, más cuando se había convencido de su propia invención que hablaba del fin del fin de la guerrilla.
La rendición de nuestras banderas no pasa de ser el delirio de un servil monigote vende-patria al que nada importa la destrucción del páramo de Santurbán ni de la gente de la que depende su riqueza hídrica; nada le importan los destrozos ambientales y sociales que produzca en el Huila la hidroeléctrica El Quimbo, nada le importa la suerte de las 500 familias que serán desplazadas de manera obligada sino el lucro que obtendrá la transnacional EMGESA; nada le importa la suerte de los cuatro millones de colombianos cuyo abastecimiento de agua depende de las fuentes de La Colosa en Cajamarca; su interés se centra en las ganancias que puedan generarle a los capitalistas los 9.000 títulos de explotación y los 20.000 que están en trámite (4 % y 20 % del territorio nacional respectivamente), dispuestos para alimentar el hambre de oro de las trasnacionales.
Negocios son negocios, así que para qué preocuparse por la pauperización creciente de los 12 mil trabajadores tercerizados en el enclave petrolero de Campo Rubiales. Lo importante es que en el balance del año 2011 la empresita duplicó sus ganancias netas.
Así las cosas, que no nos vengan con el cuentecito de tontos del desarrollo de la economía nacional, pues aquí en nuestro país ya no hay economía nacional sino el interés de las trasnacionales; en esta historia lo que impera es la diseminación de los enclaves extranjeros que nos succionan la sangre, la precarización laboral para nuestros hermanos trabajadores, la destrucción de nuestros bosques, la degradación de la tierra con los proyectos que aspiran a la generación de los agro-combustibles, la entrega desvergonzada de la Orinoquia y de la Amazonia, del Pacífico, del país entero…, la reprimarización, la desnacionalización, el favorecimiento al capital financiero, la mentalidad apátrida contra el bienestar popular.
¿Esta cruda realidad expresa voluntad de paz de parte del régimen?
(*) Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP
Fuente: http://www.resistencia-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1248:por-jesus-santrich-integrante-del-emc-de-las-farc-ep&catid=21&Itemid=36