En la columna pasada logramos exponer ciertos elementos de tipo histórico que muestran el por qué los indígenas y campesinos viven en medio de un conflicto – estructurante por la tierra, y la concepción sobre el territorio. Ahora intentaremos avizorar otros aspectos fundamentales para conocer una esfera de esta misma problemática: Los intentos fallidos por […]
En la columna pasada logramos exponer ciertos elementos de tipo histórico que muestran el por qué los indígenas y campesinos viven en medio de un conflicto – estructurante por la tierra, y la concepción sobre el territorio. Ahora intentaremos avizorar otros aspectos fundamentales para conocer una esfera de esta misma problemática:
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Los intentos fallidos por construir una reforma – agraria incluyente, colectiva y profunda que logre poner en discusión puntos como: la productividad de la tierra, la distribución equitativa, el uso de los territorios entre otros. Bien lo podemos recordar en el gobierno de López Pumarejo (1934 – 1938,) con su programa de la Revolución en Marcha, que buscaba modernizar el campo y las instituciones dedicas a los asuntos agrarios, paradójicamente generaría mayor división entre los liberales y conservadores en particular las clases sociales más oprimidos de la nación, esas que en medio de este proyecto político no tenían un espacio de participación – establecido.
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La tardía gestión de los gobiernos frente a la complejidad de la tierra, al no tener un proyecto político orientado a subsanar los déficits que ha dejado esta parte de la historia del país, se puede apreciar que la visión de un acuerdo agrario que logre transitar hacia la desconcentración de los baldíos, campos y parcelas es cada vez una utopía posible de realizar pero llena carece de voluntad política por materializarse.
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La incapacidad política de observar este fenómeno de forma compleja, bien podemos detallarlo en el actual proyecto de «acuerdo agrario y transición hacia la paz en el mundo rural» que muestra en su ejecución paulatina intereses políticos frente a dos temáticas: la primera, el ordenamiento social de la propiedad, es decir como a través de los planes de desarrollo territorial se podrá construir consensos – locales que permitiría resolver el limbo jurídico en los territorios., y el segundo, que ha sido descrito por el profesor Alejandro Reyes Posada «la solución de los distintos casos jurídicos frente a la propiedad de la tierra, que conocerán los jueces agrarios», lo simboliza la coherencia conceptual del proyecto de ley » bien estructurado» ahora esperemos su marco de aplicabilidad en las distintas regiones. Véase: http://www.elespectador.com/opinion/la-reforma-al-regimen-de-tierras-columna-690422
Es necesario mencionar, que los puntos centrales que se lograron acordar en la reformulación del acuerdo de paz, muestra claramente que en materia de la tierra los cambios no son de naturaleza- estructural, sino de carácter progresivo. Es decir, la clásica disputa sobre la propiedad de la tierra, que fue el pilar de lucha política por parte de los dirigentes de la guerrilla de la Farc- ep en sus orígenes, asumió una perspectiva de índole reformista expresado los intereses de este sector político. Todavía existen aspectos fundamentales (las tierras situadas en las poblaciones étnicas y la reparación simbólica de los territorios que fueron víctimas del conflicto armado) un segmento combinado con la cultura, lo que muestra cómo están dejando a un lado a los indígenas, afrodescendiente y en una esquina más estrecha a pequeños campesinos.
En efecto, los intereses políticos de partidos hegemónicos como: el conservador y el liberal, sumándole a esto las facciones de tipo centro – derecha como lo representa el Centro Democrático, Cambio Radical entre otros. Están mostrando su diferencia y puja por lograr una controversia política que establezca impedimentos de tipo (jurídico, sociales e internacionales) sobre la aplicabilidad de este punto firmado en el acuerdo, sin dejar a un lado sus intereses políticos en el campo presidencial para el año 2018.
En últimas, lo problemático del asunto, es que en regiones como el Tolima y el Cauca, persiste una lucha entre campesino e indígenas por generar mecanismos legales, figuras procedimentales y espacios constituidos todo en función de establecer la propiedad sobre la tierra, y la apropiación del territorio. Mientras que por otra parte, fuerte sectores conservan los grandes latifundios que se han expandido de forma progresiva según el Ministerio de Agricultura, lo que todavía sigue siendo un elemento causante de conflictos – profundos entre estos grupos sociales que en medio del proceso de paz.
Post-scriptum: 1) Mi mayor sentido pésame frente a la muerte de Sarita la niña de 3 años en Armero Guayabal – Tolima, es una lástima que sigamos viviendo los feminicidios contra la mujeres en todas su edades, un golpe a una mujer se traduce en un vacío para la democracia de un país; 2) una valerosa y razonable decisión tomó el Gobierno Venezolano frente a su iniciativa de retirase de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cada vez se demuestra quien pone la batuta en este organismo colonial, sin dejar a un lado la posición de la cancillería colombiana más arrodillada para donde más; y 3) a la memoria de un gran MAESTRO con mayúscula en materia de periodismo «Miguel Ángel Bastenier» en Colombia, que elocuentemente señalaba » la mejor manera de hacerse periodista era pasar por la redacción de un diario» paz en su tumba.
José Javier Capera Figueroa es Politólogo de la Universidad del Tolima (Colombia), Analista político y columnista del Periódico el Nuevo Día (Colombia) y del portal de ciencias sociales rebelión.org (España).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.